Ciudadanos manifestó su desacuerdo respecto a la “extranjerización” de las señales de TV prevista en el nuevo proyecto de ley de medios

Uno de ellos es el artículo 14, que habilita la transferencia de licencias de televisión para abonados a empresas de capitales extranjeros. Al respecto, Melazzi explicó que ven una “incongruencia” en la normativa, ya que la misma ley establece que para tener una licencia de TV por cable las personas jurídicas deben estar legalmente constituidas en el país y las personas físicas ser ciudadanas legales o naturales y residentes en Uruguay.

Otro de los puntos que el Partido Colorado no acompañará es el artículo 16, que establece que “una persona física o jurídica privada no puede ser titular total o parcial de más de cuatro licencias para prestar servicios en cada una de las bandas de radiodifusión de AM y FM y de cuatro licencias en televisión abierta”.

“Nos preocupa la cantidad de licencias a la cual quiere pasar este proyecto de ley (la ley actual permite un límite máximo de tres). Debemos encontrar un número de licencias apropiado, ocho nos parece claramente excesivo”, dijo Melazzi.

También el sindicato de Antel tiene reparos con el proyecto que busca sustituir la “ley de medios”. El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) de la estatal, Gabriel Molina, dijo a Búsqueda que el artículo 16 del proyecto “permite una acumulación de medios de información en personas físicas muy peligrosa”.

“No solamente limita el derecho de información, sino que les da mucho poder a las personas de alto poder económico. Un artículo impide darle licencias a empresas extranjeras, pero por otro lado habilita a que un empresario internacional compre todos los servicios que existen en el país. Es bastante ambiguo”, indicó.

Melazzi, en tanto, aseguró que “no se quiere hipotecar la soberanía de las comunicaciones a unas pocas empresas”, por lo que al aplicar límites a las licencias se podría evitar que unas pocas compañías vayan a por todos los abonados del interior.

El artículo 40 —que dispone que los canales de televisión abierta no podrán negarse a estar incluidos en la grilla de las empresas de TV por cable— es otro sobre el cual aún no hay consenso. Al entender del diputado, es necesario que exista la “garantía” de que los contenidos de la televisión abierta serán difundidos por los cableoperadores de todo el país.

Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Privatización.

El artículo 48, que establece que los titulares de licencias de servicios de TV para abonados podrán brindar simultáneamente servicios de banda ancha e Internet, continúa siendo un punto complejo. Pese a afirmar que el Partido Colorado lo apoya en líneas generales, Melazzi sostuvo que su intención es que se incluya en la ley que los cableoperadores se hagan cargo de la última milla (el tramo final de una línea de comunicación, que llega al usuario final), o que Antel tenga, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer más contenidos en su plataforma Vera+.

En la redacción actual, el artículo 48 determina que la estatal deberá prestar “servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión para abonados que operan mediante cable en el acceso o uso para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes”.

Al respecto, Molina opinó que así “se obliga a Antel a alquilar su fibra óptica a los privados y termina compitiendo con quienes no han tenido que invertir nada en el país”. La competencia, afirmó, debería darse en un marco más leal, por lo que aseguró que este artículo “no es un buen negocio para el país ni para los uruguayos”. Además, sostuvo que el arrendamiento de sus redes no es un “negocio nuevo” para la estatal, ya que “sobre la fibra de Antel se van a colgar los cableoperadores y las telefónicas” que compiten con ella por su propia infraestructura.

“Cuando dicen que la fibra está ociosa, está ociosa porque no dejan que Antel se siga desarrollando. Falta una decisión política para que la empresa se siga expandiendo”, cuestionó. Y agregó: “Antel está en peligro. Estos artículos no solo limitan el desarrollo de la empresa, sino que la ponen en riesgo porque es una manera muy solapada de privatizar”.

El directorio de Antel asistió ayer miércoles 18 a la Comisión de Industria de Diputados para manifestar su opinión sobre el proyecto de ley. Las autoridades presentaron una redacción alternativa al artículo 48 y propusieron que los operadores, no solamente Antel, puedan prestar servicios mayoristas a aquellos servicios de TV para abonados. De esta forma, se elimina del artículo que en caso de que no exista un acuerdo entre los agentes del mercado, la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones deberá resolver los conflictos que se produzcan.

Para el diputado del Frente Amplio, Daniel Caggiani, se está “privatizando” el servicio de datos que brinda Antel, un negocio de US$ 400 millones por año. Por eso, planteó que este artículo sea desglosado para su estudio aparte y advirtió además que el proyecto de ley permitirá la “extranjerización” y “concentración” de medios en pocas manos.

La coalición sí llegó a un consenso total respecto a reincorporar el artículo 36 de la actual “ley de medios”, referido a la presencia de intérpretes de lenguaje de señas y subtitulado. “El nuevo proyecto de ley propone un retroceso, ya que dice que solamente los informativos deben contar con intérpretes, cuando la actual ley lo establece para todos los programas de interés general”, afirmó. “Entendemos que, si bien es un costo para los canales y los cableoperadores, debemos trabajar en una sociedad más inclusiva”, agregó.