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Los representantes del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente estaban enfrascados en una discusión con legisladores oficialistas sobre la conveniencia de aumentar las penas a los menores infractores. La presidenta del organismo, Rosanna de Olivera, era muy crítica con la idea incluida en la ley de urgente consideración.
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“No nos metamos, que se peleen entre ellos”, le susurró el senador frenteamplista Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) a su compañero Óscar Andrade (Partido Comunista).
Más allá de esas discrepancias, y con algunas diferencias en cuanto al número exacto, los integrantes de la coalición de gobierno celebran que alcanzaron un acuerdo en la gran mayoría de los temas incluidos en el proyecto de urgente consideración. Para algunos, el acuerdo es del 90%, para otros un poco menos, y hay quienes dicen que se acercan al 95%.
Alcanzar este nivel de acuerdo implicó que varios artículos del proyecto original no sean aprobados la semana próxima cuando comience la votación en la comisión especial del Senado. Son, al menos, un par de decenas los artículos sobre educación, salud, vivienda, ganadería, desarrollo social, que serán retirados a pedidos de los ministros. En la mayoría de los casos, los temas serán discutidos en proyectos específicos.
Anoche, los partidos de la coalición de gobierno lograron avanzar en la negociación para destrabar el problema causado con un artículo del proyecto que promovía la desmonopolización de la importación de petróleo por parte de Ancap.
El Partido Colorado y Cabildo Abierto no están dispuestos a votar ese artículo y buscan alternativas con el Partido Nacional. Entienden que es un tema complejo, que necesita un análisis profundo y no formó parte del acuerdo programático firmado en noviembre. A su vez, los blancos no están dispuestos a dejar por el camino un tema que plantean hace tiempo.
El sector colorado Ciudadanos, a través del senador Adrián Peña, presentó a los blancos y al ministro de Industria, Omar Paganini, una propuesta para regular el tema. El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, está al tanto del planteo, ya que ocupa el cargo por decisión de Ciudadanos. El sector colorado busca reducir los costos sin llegar a la desmonopolización.
La propuesta, que en principio tiene el respaldo de los blancos y fue bien recibida por Cabildo Abierto, plantea tres artículos. En el primero se indica que el Poder Ejecutivo fijará el precio de venta de los combustibles producido por Ancap previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). En ese informe se deberá explicitar “el precio de paridad resultante de importar el producto terminado y hacerlo disponible en las plantas de distribución de Ancap, incluyendo las tasas e impuestos que correspondan a este tramo de la cadena”. El Poder Ejecutivo actualizará mensualmente esos precios. Además, se establece que el gobierno deberá reglamentar esta medida en un plazo máximo de 180 días una vez aprobado el proyecto.
En un segundo artículo se indica que la Ursea deberá, en 90 días contados a partir de la vigencia de la ley, hacer una “revisión integral de su metodología de precios de paridad de importación” para cumplir con el artículo anterior.
Por último, propone un artículo sobre la reforma del mercado de petróleo crudo y derivados que toma como base lo redactado por los diputados Conrado Rodríguez (Batllistas) e Iván Posada (Partido Independiente). Se encomienda al Ejecutivo a que en un plazo de 180 días presente a la Asamblea General una propuesta integral de revisión del tema. Esa propuesta deberá incluir un estudio sobre la exportación, importación y refinado de petróleo y sus derivados; otro sobre la cadena de comercialización interna de combustibles; un análisis respecto a la regulación del mercado; un trabajo sobre los impuestos y subsidios incluidos en los precios de venta al público; y un informe sobre el esquema de subsidios, directos o indirectos, entre las distintas actividades de Ancap.
En lo que por ahora no hay acuerdo es en la idea impulsada por el gobierno de aumentar penas y tener un sistema más severo con los adolescentes que cometen delitos. La propuesta del gobierno, respaldada por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, no tiene el respaldo en Cabildo Abierto, el Partido Colorado y dirigentes blancos como el senador Jorge Gandini y el diputado Álvaro Viviano. La vicepresidenta Beatriz Argimón también planteó sus diferencias con el texto original.
Hasta el miércoles 20 los legisladores seguían trabajando en una redacción alternativa que fuera apoyada por todos, pero no hay acuerdo aún.
El jueves 21 los legisladores de la coalición analizaron en comisión el capítulo referido a la reforma del Código Civil, impulsada desde la Asociación de Escribanos. En este punto el Partido Colorado tiene una posición contraria a votar como urgente este tema, y reclama más tiempo para el análisis.
En el resto del articulado, los legisladores de la coalición avanzan en cambios de redacción ya acordados y están presentando nuevos artículos que pondrán a consulta del ministro del área correspondiente. Este sábado esperan terminar este trabajo y enviar los cambios al Frente Amplio para que analicen el texto y vean si apoyan esos artículos.
