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Cuando Eugenio Xavier de Mello asumió como presidente del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU), el jueves 16, el salón de actos de la sede de esa gremial estaba lleno de colegas suyos con perfiles muy diversos. Eso no es casualidad, porque Eugenio Xavier de Mello tiene varias facetas: es socio del prestigioso estudio jurídico Hebert, Ramírez, Xavier de Mello & Abal y es a la vez un destacado profesor de Derecho Comercial en la Universidad de la República y en la Universidad Católica. Su discurso fue seguido atentamente por el auditorio, al punto que despertó aplausos y también risas, sobre todo cuando comentó que compró en Estados Unidos un libro cuya portada era un cocodrilo vestido de traje simbolizando a un abogado. No desconoce que esa es la imagen que tiene parte de la población sobre los letrados y por eso enfatizó que debe trabajarse por el prestigio de la profesión porque, dijo, sin una abogacía sólida no existe la Justicia y sin ella tampoco hay una democracia plena.
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Le preocupa aggiornar a la gremial a los tiempos que corren, en los que el trabajo del abogado ya no es solitario y se ha vuelto una tarea de equipos. Como docente, lo obsesiona la educación, se apasiona hablando del tema y muestra su preocupación por corregir la formación de los futuros profesionales, en la que encuentra severas carencias. También está preocupado por el nivel técnico de las leyes y por establecer un sistema de premios y castigos más efectivo en el Poder Judicial.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Búsqueda realizó al nuevo presidente del Colegio de Abogados.
—¿Cuáles son las principales ideas que pretende impulsar como presidente del Colegio de Abogados?
—No se trata de imprimirle al Colegio cambios dramáticos sino de mantenerlo en el camino ascendente que ha transitado en los últimos años, pero introduciendo las modificaciones necesarias, tanto en su organización como en los servicios que presta a sus afiliados, para adaptar la institución a los nuevos tiempos. Todos los días irrumpen nuevas realidades sociales, tecnológicas y normativas que inciden en las formas de ejercicio de la profesión y, por tanto, interesan al Colegio.
—¿A qué se refiere, por ejemplo?
—La práctica profesional ha venido registrando diversos cambios. Por ejemplo, si bien muchos abogados continúan trabajando con éxito de manera solitaria, frecuentemente como generalistas, ha venido aumentando el número de profesionales que se especializan y los que eligen trabajar en equipo. Al lado de la clientela tradicional aparecen algunos clientes que buscan estudios jurídicos que les puedan prestar servicios en varias o en todas las áreas de la abogacía. En ese marco, el apoyo del Colegio a los abogados jóvenes para que efectúen su mejor opción se torna más importante que nunca. Respecto de las futuras actividades del Colegio, tenemos varias ideas que junto a las de los demás colegas serán discutidas en la reunión nacional de abogados que realizaremos en Colonia el 6 de diciembre.
—Se habla de un notorio decaimiento de la formación en Derecho. Como docente, ¿qué puede decir al respecto?
—Sí, se constata un deterioro en los niveles de aprendizaje y también una menor predisposición a estudiar en profundidad los temas. Seguramente han influido internet y el acceso rápido por su intermedio a información superficial y simplificada, lo que hace que a veces los estudiantes tomen el camino más corto. Todo eso sumado a los estímulos que permanentemente reciben para distraerse hace que se haya ido difundiendo la cultura del atajo, de salvar los exámenes como meta principal o casi única de algunos estudiantes. La actitud de los alumnos durante las clases sigue siendo muy positiva pero, al estudiar menos, su formación básica resulta más endeble. Si bien no se pretende que recuerden todo, sigue siendo necesario que aprendan lo suficiente para que, producida la natural decantación, los conceptos centrales permanezcan sólidos. Afortunadamente, una vez recibidos, los abogados recurren como mecanismo compensatorio a una mayor participación en cursos de posgrado y maestrías. El Colegio cuenta entre sus directivos y socios con muchos abogados jóvenes que nos ayudarán a interpretar mejor las nuevas realidades para poder actuar con mayor conocimiento sobre ellas.
—¿Qué puede hacer el Colegio de Abogados como gremio para corregir esa situación?
—Precisamente ese punto fue abordado en la primera reunión de Directorio que tuve el honor de presidir, resolviéndose pedir entrevistas con los decanos de todas las facultades de Derecho para tratar el tema. En ese sentido, estamos dispuestos a colaborar, no solo en la elaboración de diagnósticos más precisos sino también en el aporte de soluciones, proponiendo los cambios necesarios en la currícula y ofreciendo a los abogados los servicios del Colegio para complementar la formación que brindan las universidades. De hecho, el Colegio a través de sus cursos de formación inicial y de sus cursos de perfeccionamiento lo que busca es ir descubriendo y llenando los huecos que pueden haber quedado en la formación del abogado, tratando además de dotarla de un fuerte contenido práctico.
—El Colegio también ha hecho oír su voz con relación al deterioro de la técnica legislativa, lo que termina complicando la labor de los abogados. ¿Qué opina sobre eso?
—Esa es una realidad inocultable. Algunas leyes salen con graves defectos de formulación, con errores técnicos. En ciertos casos esos errores son tan serios que conspiran contra los fines que los propios legisladores se propusieron alcanzar. El Colegio tiene convenios con la Cámara de Diputados y con la de Senadores y periódicamente es llamado a opinar sobre los proyectos de ley, pero si bien en muchas ocasiones sus informes son tenidos en cuenta, otras veces, probablemente por las urgencias políticas, no son debidamente atendidos.
—Se habla también de un decaimiento en el nivel de la magistratura. ¿Qué dice sobre este asunto?
—El Colegio, como expresión de la abogacía organizada, es la institución que está en mejores condiciones para advertir los problemas que se generan en el funcionamiento del Poder Judicial y para promover una mejor calidad de la magistratura. Si bien la mayoría de los jueces son capaces y serios, como en toda actividad hay también quienes no cumplen adecuadamente con su trabajo, todo lo que, si bien es conocido, se suele aceptar con una mezcla de tolerancia y resignación. Salvo casos especialmente graves, cuando se actúa la sanción consiste en trasladar a esos jueces, con lo que el problema no se resuelve sino que se lo descarga sobre ciudadanos de otras localidades o que intervienen en litigios de otras materias. Por eso, lo que está faltando, más que un sistema participativo de promoción de los jueces, que es perfectible pero que existe, es detectar y actuar, con la transparencia y con las garantías pertinentes, en el caso de los magistrados, felizmente escasos, que no están en condiciones de ejercer correctamente su función. Entiendo que es un tema delicado porque implica afectar el derecho al trabajo de los jueces, que por supuesto respetamos, pero debe predominar siempre el interés de los administrados. Los abogados estamos calificados para hablar de esta manera porque somos quienes más directamente —junto a nuestros clientes— sufrimos esas circunstancias. El Colegio siempre se ha ocupado de contribuir a la mejor capacitación de los abogados. Sin embargo, los jueces deben ser sometidos a mayores exigencias con respecto a su formación y a sus características personales que los abogados, porque no se debe olvidar que los jueces son quienes tienen la última palabra. Además, si una persona elige mal a su abogado tiene una cuota parte de responsabilidad; en cambio, el juez es impuesto a las partes. Corresponde entonces al Estado proporcionar una Justicia no solo rápida sino también de nivel adecuado, porque ello es fundamental para asegurar el amparo de los derechos individuales y sociales así como la calidad de nuestras instituciones y de nuestro Estado de derecho.