Sin caer en una actitud “paternalista”, de “darles todo” a los colonos, ya sean productores o asalariados rurales, el Instituto Nacional de Colonización (INC) definió un “plan piloto de colonias prioritarias” en las que pretende mejorar los índices de productividad, la infraestructura, el acceso al agua y la electrificación rural, mediante inversiones, dijo a Campo el director de ese ente estatal, Miguel Vassallo.
Las cinco colonias que fueron seleccionadas de acuerdo con su distribución en el territorio y la variedad de sus actividades productivas, son la Fernández Crespo, dedicada a la lechería, en San José, la Blanca Berreta, que tiene producción hortícola y ganadera, en Canelones, y la Juan José Morosoli, de perfil ganadero-ovejero, en Lavalleja. Además de las colonias Julio Castro, que es ganadera y está ubicada en Cerro Largo, cerca de la frontera con Brasil, y la Juan Pablo Terra, en Artigas, que también es ganadera, indicó.
El INC “está apostando a una colonización de más calidad, que implica “no solo comprar tierra y repartirla, porque eso es importante pero insuficiente”, reconoció.
Señaló que “hay que hacer inversiones, construir casas, tambos, salas de ordeñe, pozos de agua”, entre otras cosas.
Reequilibrar sesgos
En los últimos años, Colonización “cumplió un papel interesante”, y la idea es “continuarlo”, dijo Vassallo, respecto a la adquisición de algo más de 100.000 hectáreas entre 2005 y 2015. Uno de los principales mecanismos que utiliza ese ente para ampliar su cartera de tierras es la preferencia que le otorga en el mercado de campos la ley 11.029, que creó el INC, y otras normas legales.
Ese marco legal establece que “antes de vender un campo con una extensión igual o superior a 500 hectáreas con un índice Coneat 100, todo propietario está obligado a ofrecerlo en primer término al INC, que tendrá la preferencia en la compra por igual valor y plazo de pago”.
Al medir el impacto de esas adquisiciones de campos, ese director consideró: “No digo que ha nacionalizado las tierras, ni va a cambiar sustantivamente la situación, pero reequilibra socialmente algunos sesgos negativos que tiene el mercado puro y duro”.
Eso mencionó en alusión al proceso de concentración y extranjerización de la tierra, que ha sido un tema recurrente durante los gobiernos del Frente Amplio, que defendieron el rol del Estado en el mercado de tierras.
Habló del “sesgo excluyente de pequeños productores o de asalariados rurales” en un mercado que tuvo un “fuerte incremento” en las transacciones de tierras y en el precio promedio de la hectárea, especialmente entre 2004 y 2014. Y “el INC en la medida en que compra tierras puede reasignarlas y ese es el sentido social que tiene”, comentó.
Argumentó que “el valor de la tierra hoy se ha hecho muy alto y en algunas zonas rurales, como puede ser en Canelones o San José, justamente se encuentran los precios más altos” del territorio.
Entre 2011 y 2015 el precio promedio de las compraventas de campos de más de 500 hectáreas se movió en una franja de entre U$S 4.000 y U$S 5.000 por hectárea, según registros de Colonización.
Para cierto nivel de producción “se requiere de escalas de superficie y de inversión que los grupos empresariales pueden hacer, (pero) seguimos pensando que la producción familiar tiene un papel relevante y es importante que la gente pueda seguir trabajando en el campo si es su opción”, añadió.
Enfatizó que el objetivo es que el productor “no se quede en el campo porque no tiene otra alternativa, sino porque sea una opción de vida y de trabajo”.
Respecto a los cuestionamientos de algunas organizaciones aspirantes a fracciones del Estado en cuanto a la demora en la entrega de tierras, Vassalló admitió que el proceso de adjudicación de tierras “lleva su tiempo” porque Colonizacion antes de comprar un campo “debe estudiar la oferta”, que sea un “precio razonable”, que tenga un “interés colonizador”. Además de asegurarse que los potenciales adjudicatarios tengan acceso a vivienda, capacidad productiva, “y si no las tienen hay que hacer una estimación y ver qué es más conveniente”, indicó.
Luego es necesario elaborar un proyecto colonizador que requiere estudios técnicos, el acceso a agua potable, electrificación rural, caminería, entre otros servicios.
Dinámica “distinta”
Al analizar la evolución del mercado de tierras en Uruguay, el director del INC advirtió que “tiene una dinámica distinta a la que tuvo en la década pasada, de 2004 a 2014”.
Es que “en la medida en que cambian las relaciones de precios de algunos commodities como la soja, los lácteos y los cereales, el mercado de tierras empieza a reflejar esas condiciones del mercado mundial”, planteó.
Dijo que los valores de los campos “siguieron subiendo hasta 2014 y el primer semestre de 2015”, pero que en el segundo semestre muestran que “por lo menos ya no están aumentando”.
A diferencia de lo que advierten operadores privados del mercado de inmuebles rurales respecto al inicio de una fase de caída de los precios, Vassallo opinó: “No diría que hay un cambio de la tendencia”.
“Hay que esperar un poco para afirmar que eso está sucediendo?, consideró.
Sin embargo, los datos procesados por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que abarcan las transacciones de campos de 10 o más hectáreas, muestran una baja de 9% en el precio promedio de la hectárea en 2015 (U$S 3.584), en comparación con el registrado en el año anterior (U$S 3.934).
Basándose en la información de las operaciones de más de 500 hectáreas, el director de Colonización señaló que los precios “no suben con el mismo ritmo que en años anteriores” y que eso “también se ve en el dinamismo del mercado, ya que hay menos ofertas y menos compraventas de campos”.
Considerando que de 2011 a 2015, entre semestres, ya hubo bajas en los valores promedio, ese jerarca planteó que “no se puede hablar de reversión” en la tendencia.
En cuanto a lo que sucedió en los primeros meses de este año “tengo la impresión de que seguimos en este contexto”, comentó.
Destacó que “hay algunos movimientos importantes” de algunas grandes empresas que vendieron y compraron tierras.
Uno de los negocios de mayor monto y extensión comprende a firmas forestales en la transacción de varios padrones rurales, que suman 8.313 hectáreas ubicadas en Paysandú, por un valor total de U$S 35 millones, según registros del INC correspondientes a abril.
En mayo el Directorio de ese ente dispuso el pago de U$S 2,8 millones a la empresa Union Agriculture Group (UAG) por la compra de un campo de 918 hectáreas en Treinta y Tres.
En 2015 ese grupo empresarial compró unas 2.600 hectáreas y vendió casi 10.000; también otras compañías agropecuarias decidieron vender algunos predios en un contexto de baja de precios de los granos y la leche.
En 2015 la extensión de tierras transadas fue de 43.000 hectáreas en el primer semestre, y de 49.000 hectáreas en el segundo semestre, de acuerdo con los datos de Colonización.
