En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La financiación de un sistema moderno para el control en los puertos de Montevideo y Colonia generó una polémica entre el gobierno y las dos empresas que viajan desde esas dos ciudades a Buenos Aires, Buquebus y Colonia Express. A fines de enero, el Poder Ejecutivo fijó por decreto un “precio por servicio de seguridad” en US$ 2,10 más IVA y estableció que esas navieras deben ser los agentes de retención de ese monto, que pagarán los pasajeros.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La decisión del Poder Ejecutivo derivó en una demanda de las dos empresas por entender que se trata de un impuesto ilegítimo, según informó Subrayado el 20 de febrero. El abogado de Buquebus, Daniel Ochs, explicó entonces que la demanda se basa en tres fundamentos. Hay una “violación del principio de legalidad” y de “igualdad”, ya que solo pagan el servicio de seguridad fronteriza quienes viajan en barco. Además, el defensor sostuvo que hay un “problema de razonabilidad gigantesco” porque el Ministerio del Interior —de quien depende la Dirección de Migración— “nunca calculó cuánto cuesta” el sistema.
Ochs dijo a Búsqueda que las demandas fueron presentadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y buscan la nulidad de dos resoluciones del Poder Ejecutivo: el llamado a licitación y la adjudicación de la oferta a la empresa que proveerá el servicio de control migratorio.
Pero, más allá de estos recursos interpuestos por las empresas, el cobro de esta tasa —o “precio”, según el decreto— se comienza a aplicar a partir de este mes, informó a Búsqueda una fuente oficial.
Ochs explicó que los recursos ante el TCA carecen de “efecto suspensivo” pero tendrían “efecto retroactivo” —en caso de que ese órgano les dé la razón a las navieras— y, por esto, en la segunda demanda también se incluyó a la empresa adjudicataria, la mexicana Veridos.
Una tasa anterior
El transporte marítimo y fluvial entre Uruguay y Argentina ya está gravado por una tasa creada por ley en 2006, que se comenzó a cobrar en 2008. Es un valor que se agrega al costo de los pasajes y que tiene, como en la tasa o precio que se está creando, a las empresas como agentes de retención. A diferencia de la nueva —que tiene un monto fijado en el decreto—, aquella ley estableció que el valor era de 2% del precio del pasaje y su recaudación tiene un destino específico: financia la contratación de los “mozos de cordel”, personas que están disponibles para cargar bultos y otros servicios (una ley de 1965 ya había creado un fondo de retribución para ellos).
En 2023, la tasa creada por la ley de 2006 recaudó $ 62,9 millones, según los datos de la Administración Nacional de Puertos entregados en una respuesta a un pedido de informes del diputado Nicolás Viera. Eso equivale a alrededor de US$ 1,6 millones.
En el Puerto de Colonia ($ 40,6 millones) se cobró casi el doble que en el de Montevideo ($ 22,3 millones). La cifra global es muy superior a la de los años anteriores; en 2022 había recaudado $ 38,6 millones.
La mayor parte del dinero se destinó al pago de los mozos de cordel ($ 36,5 millones) y el resto fue para seguridad y vigilancia ($ 31,8 millones).