Pasó casi un cuarto de siglo, pero Andrea no olvida cómo cambió el rostro de su padre. Del ceño fruncido, los ojos apretados y los labios crispados, señales de un dolor inaguantable y desesperante, pasó a una expresión mucho más aliviada y serena. “No quiero sufrir más”, le había dicho tres días antes a su única hija. Ella, médica de profesión, entendió el mensaje de este hombre, siempre tan vital, enérgico y destacado, completamente alejado de fatalismos, pero que en cuatro meses se había visto consumido por un cáncer de pulmón que ya había hecho metástasis en los huesos.
“Fue como un acuerdo tácito”, cuenta hoy Andrea, de 65 años, a Búsqueda. “Nunca habíamos hablado de eso antes, aun sabiendo que estaba muy grave y no había nada para hacer. Con esa frase lo dijo todo. Sabía que yo, que soy médica, iba a tomar alguna medida. No lo consulté con nadie, yo tomé la decisión. Hasta ese día él había tolerado el dolor, pero después...”. “Después” fue que la mujer y los colegas que atendían a su padre apelaron a la analgesia mayor, el suministro de dosis más grandes de analgésicos depresores del sistema nervioso central. Su sufrimiento y su vida llegaron al final.
La palabra eutanasia deriva del latín y del griego antiguo y significa “muerte digna”. El martes 9 ingresó formalmente a la Comisión de Salud de Diputados un proyecto de ley que la legaliza, impulsado por las bancadas colorada y frenteamplista, con el apoyo del Partido Independiente. Este procedimiento habilita a una persona “mayor de edad, psíquicamente apta”, que padezca enfermedades “crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”, a solicitarla a su médico tratante. Es el tercer proyecto con este objetivo que se presenta en lo que va de esta administración: el primero fue en marzo de 2020, a poco de iniciada esta legislatura, redactado por el colorado Ope Pasquet —actual presidente de la Cámara Baja—, junto con otros pares de su bancada; en 2021 el Frente Amplio entregó uno propio.
No más delegaciones
“Yo no voy a aceptar que una legisladora del Partido Colorado le diga al Partido Nacional lo que deba hacer”, enfatizó, notoriamente molesto, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi el martes 9 en la Comisión de Salud. Minutos antes, su par colorada Nibia Reisch había expresado su postura negativa a la petición del blanco Alfredo de Mattos, vicepresidente de la comisión, que pedía un plazo de “treinta días luego de la Rendición de Cuentas” para que el Partido Nacional —que no tiene una postura única y definida respecto al proyecto— realizara una convención delegada que analizara “a fondo” el tema. Esto generó malestar en los representantes de ese lema.
También se decidió, por tres votos a dos, no recibir nuevas delegaciones para tratar el tema, como pretendían el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Entre ellas estaban el Colegio Médico de Uruguay, la Academia Nacional de Medicina y la Federación Médica del Interior, que ya habían comparecido, como el Ministerio de Salud Pública (MSP), que no participó en los análisis de los textos anteriores. Este lunes, la cartera había solicitado audiencia a través de su directora del Programa de Cuidados Paliativos, Adriana Della Valle.
El martes, para justificar su negativa, votada junto con Reisch y la frenteamplista Cristina Lustemberg, la presidenta de la comisión, Lucía Etcheverry, también del FA, recordó que en los dos últimos años escucharon a 92 personas de 23 delegaciones con diferentes posturas.
Los votos afirmativos para recibir nuevas delegaciones fueron de De Mattos y de Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto. Este partido —al cual pertenece el ministro de Salud, Daniel Salinas— ratificó recientemente su posición “unánime y contraria” a esta iniciativa, expresó a Búsqueda.
“No es un sí o un no a un proyecto, es una negativa a los procedimientos. Nunca vi que se le negara la presencia al MSP. Yo siento que se le faltó el respeto al Partido Nacional”, dijo por su lado Goñi, una de las voces más duras contra el proyecto.
En la comisión, Etcheverry indicó que el 22 de abril se le había cursado una invitación al ministro Salinas para que concurriera al Parlamento a hablar del tema, pero que el jerarca no pudo asistir, no delegó en nadie ni sugirió una nueva fecha. El diputado Gallo apeló a una frase del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, para relativizar el aporte que puedan hacer estas autoridades: “Ustedes legislan y lo que ustedes decidan en el Parlamento nacional es lo que yo tengo que llevar a cabo”.
Los impulsores de la eutanasia ponen énfasis en “el derecho de los individuos a decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal”, de acuerdo con la exposición de motivos. El texto establece que el paciente debe pedirla por escrito y personalmente ante un médico. Este deberá verificar que las condiciones se cumplan, informarle sobre la existencia de tratamientos alternativos, como los cuidados paliativos, y proceder a consultar la opinión de un segundo médico (o hasta de un tercero, si el segundo se manifiesta en contra), que no deberá estar subordinado al primero ni ser pariente cercano suyo ni del paciente. Según la ley, el paciente deberá expresar su voluntad de morir tres veces. La última de ellas se “hará constar por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante”.
Sus detractores cuestionan la amplitud de los pacientes pasibles de ser comprendidos, que no exista un comité médico que evalúe la situación, que no se especifique la actuación de un psiquiatra, que no se le da participación a la familia y que el artículo 11 señale que la muerte por eutanasia legal sea considerada “muerte natural”. Para Goñi, esto es “legitimar una mentira”; Pérez Bonavita señala incluso elementos administrativos: “Las compañías aseguradoras no están recibiendo información correcta, en lo referente a los seguros de vida”.
De acuerdo con una encuesta de Cifra de junio, la eutanasia legal tiene más apoyos que rechazos en el país: el 55% está a favor de legalizarla, el 25% está en contra y el 20% no tiene una opinión tomada. El apoyo es mayor en Montevideo que en el interior (64% y 50%, respectivamente), en votantes del FA que de la coalición gobernante (63% y 55%) y en no creyentes que en creyentes (65% y 44%). La aprobación decrece a medida que se tiene más edad (63% en menores de 30 años, 54% entre 30 y 59, y 50% de 60 en adelante) y menos nivel educativo cursado (69% terciario, 58% secundario y 38% primario).
Paliativos congelados
Aunque no tiene una postura definida, más allá de su intención de participar en el debate, el MSP no ve con buenos ojos que se ponga proa a una ley de eutanasia en detrimento de otra de cuidados paliativos, que declara como “derecho universal” el recibir este tipo de atención médica a pacientes que padezcan enfermedades graves en situación muy avanzada. Esta ley recibió la media sanción de Diputados en diciembre, pero desde entonces no ha avanzado en la Comisión de Salud del Senado, pospuesta por otras situaciones más coyunturales, como el cierre de Casa de Galicia.
Si bien dista mucho de ser universal, Uruguay es el país con mayor alcance de medicina paliativa de la región: el 65% de los pacientes que tienen necesidad de estos cuidados acceden a ellos, según datos oficiales. En la cartera se considera que “está lento” el tratamiento de este tema, sobre todo comparado con la eutanasia. “Si no hay acceso universal a los cuidados paliativos, legalizar la eutanasia es como poner la carreta delante de los bueyes”, ironizó una fuente del MSP en diálogo con Búsqueda.
Los legisladores que se oponen a legalizar la eutanasia sostienen que si no se universaliza la medicina paliativa, prácticamente “se empuja a los enfermos terminales” a pedir el final de sus vidas. “Si se prioriza la eutanasia, queda claro que los motivos para ella no son aliviar el sufrimiento, sino permitirle a alguien que se quite la vida cuando quiera”, expresó Goñi.
En junio, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió una declaración en la que expresó que consideraba “apropiado” el “marco ético” en el que se basaban los proyectos sobre “muerte digna”, incluyendo que aprobaba la objeción de conciencia y la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica.
Otra cosa son los enfermeros, que pueden ser los brazos ejecutores de esta decisión. Fuentes del MSP señalaron que llama la atención que, según el artículo 3 del proyecto, el procedimiento se debe realizar “por un médico o a su orden”: “¿Cómo es el tema para los enfermeros? ¿Es un ‘ordene patrón’?”.
Blanca Fernández, presidenta de la Asociación de Nurses del Uruguay, y Fernando Bertolotto, decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, dijeron a Búsqueda que sus organizaciones no fueron convocadas al Parlamento en los dos años de discusión del tema. El consejo de la facultad declaró ayer que esta norma “debe garantizar los cuidados paliativos” como un derecho del usuario para poder decidir “sobre su vida y su muerte”; y pidió ser recibida por la comisión.
En la Comisión de Salud de Diputados comenzaron ayer miércoles 10 a estudiar el proyecto. Gallo y Pasquet, que esperan un trámite ágil, habían afirmado que “a diario” reciben mensajes de pacientes en etapas muy avanzadas de enfermedades que les piden “por favor” que se apruebe rápido. Desde la postura opuesta, se promete dar dura lucha a cada párrafo del articulado, que finalmente se votará el 6 de setiembre para luego pasar a la Cámara. “Van a ser días en los que ningún proyecto va a ser más importante que este. Se va a definir qué valor se le da a la vida”, dijo Goñi a Búsqueda. En el Senado, paso siguiente a la votación en Diputados, la historia será otra, al punto que nadie se anima a vaticinar hacia dónde se inclinará la mayoría.
Veintitrés años después de ayudar a su padre a irse, Andrea vivió lo mismo con su madre. A diferencia de esa vez, no hubo ahora una enfermedad aguda, sino el deterioro crónico de la vejez, esperada en quien pasaba largos los 90. Meses antes había empezado la letanía: “M’hija, no sé para qué sigo viva, si me duele todo”. Cuando el final era inminente, aun en la inconsciencia, la agonía era visiblemente insoportable. Nuevamente, apeló a ese acuerdo tácito que creía tener con sus padres, no lo consultó con nadie, coordinó con sus colegas y notó el cambio enseguida: “Es la expresión en la cara... vos te das cuenta cuándo pasan de la crispación a la paz”.
