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    martes 04 de junio de 2024

    Comisión del Senado aprueba por unanimidad un delito ambiental, lo que establece “un antes y un después” en defensa de ecosistemas

    Según experta en el tema, es necesario “restringir y hacer más dura” la normativa, ya que la contaminación y los ataques contra los recursos naturales “son cada vez mayores”

    Desde la tala de monte nativo o la afectación de las dunas costeras hasta la fumigación de centros poblados o la contaminación de cursos de agua, son muchas las acciones que impactan en la protección del ambiente y han motivado a los gobiernos a elaborar leyes que contengan sanciones más duras e incluso establezcan una responsabilidad penal para los infractores.

    Es así que, tras años de discusión, el pasado martes 30 de mayo la Comisión de Ambiente del Senado votó por unanimidad un proyecto de ley que incorpora los delitos contra el ambiente en el Código Penal uruguayo. Esto fue celebrado por el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, quien en diálogo con Búsqueda dijo que la aprobación de la iniciativa constituye “un antes y un después en la defensa del ambiente”.

    Es que, según explicó el jerarca, las autoridades esperan “hace años una norma ambiental”, al entender que Uruguay estaba rezagado en la materia respecto a la situación de la región. Incluso, el exministro de Ambiente Adrián Peña indicó en 2022 que el país debía avanzar en la implementación de sanciones “más allá de la pecuniaria”, como sucede por ejemplo en Colombia o Ecuador.

    En el ámbito administrativo “ya tenemos multas y podemos tener sanciones que impliquen el cierre de emprendimientos; pero claramente en los últimos tiempos la gente nos reclama la figura del delito ambiental, porque tiene que ser una medida disuasoria o incluso punitiva en el caso de que las cuestiones sean muy graves”, afirmó el subsecretario.

    El texto tuvo varias idas y vueltas. A principios de 2015, Amarilla junto con otros representantes de la coalición de gobierno presentaron un proyecto de ley sobre delitos ambientales ante la Cámara de Diputados. Y en 2017, la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación promovieron otra propuesta, que, si bien no logró ser aprobada, fue presentada de nuevo con la firma de legisladores del Frente Amplio en 2020. Finalmente, ambos proyectos fueron unificados en una sola iniciativa sugerida por el Ministerio de Ambiente en noviembre pasado.

    “El tema del delito ambiental ya no puede esperar más. Espero que la semana que viene, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, se termine votando este proyecto”, sostuvo Amarilla en referencia a la puesta en consideración del Plenario. Para el jerarca, la creación de la figura del delito ambiental representa “una fuerte señal” de todo el Estado uruguayo respecto a que se busca “proteger el ambiente en serio, poniendo normas que sean efectivas” para ello. Además, dijo que, así como la creación de la cartera de Ambiente sirvió para jerarquizar la temática dentro de la agenda de gobierno, la aprobación de los delitos ambientales es un hecho histórico para el país en la defensa de los ecosistemas.

    “Sobre todo porque no involucra solamente la gestión del Ministerio de Ambiente y las intendencias departamentales en el cuidado del ambiente, sino que ahora incorpora también a la Policía Nacional, a la Fiscalía y al propio Poder Judicial”, destacó.

    Tratamiento parlamentario

    La delegación del ministerio que compareció el martes 30, liderada por su titular, Robert Bouvier, estuvo compuesta además por Amarilla, por el director nacional de Calidad y Evolución Ambiental, Eduardo Andrés, la gerenta del Área de Evaluación de Impacto Ambiental, Rosario Lucas, y el director de Asesoría Jurídica, Santiago Inchausti.

    Las autoridades se hicieron presentes para responder a las preguntas de los senadores frenteamplistas, quienes entre otras cosas solicitaban incluir la figura del delito contra el patrimonio histórico y cultural en el mismo proyecto. Esto, sin embargo, fue rechazado por el Ministerio de Ambiente al entender que incorporar ese punto al texto en esta etapa de avance dentro del Senado podría demorar la aprobación de la iniciativa.

    Según consta en la versión taquigráfica de la comisión, a la que accedió Búsqueda, durante su exposición el subsecretario criticó algunos puntos de la iniciativa legal vinculados a los delitos contra la biodiversidad. En esa línea, solicitó eliminar el término legales de dos artículos referidos a las medidas de protección, al entender que esto haría “básicamente inviable la aplicación del delito” porque las medidas que se disponen son administrativas y se hacen por decreto. “Es una cuestión técnica”, aclaró.

    Por otro lado, el subsecretario cuestionó que el texto eliminara las figuras culposas “que no fueran con dolo”, como sí se establecía en los proyectos originales. Según expuso Amarilla, “puede haber delitos contra el ambiente con dolo, pero la mayoría seguramente van a ser culposos”; por lo tanto, si esas acciones no están previstas en el articulado, no tendrían consecuencias. “Sería importante volver a la redacción original, donde se establecía la modalidad culposa”, afirmó en ese sentido.

    Por último, el subsecretario reafirmó que la creación de los delitos ambientales “seguramente constituya una medida disuasoria” para quienes piensen cometer ese tipo de actos, algo que a entender de Carolina Neme, abogada especialista en derechos ambientales, no se logró mediante las multas administrativas.

    Para la experta, las sanciones económicas que se aplican en la actualidad “no son disuasorias”, ya que los montos no les cambian la ecuación a las empresas, las cuales en ocasiones prefieren infringir y abonar las multas a esperar las autorizaciones correspondientes.

    “La mayoría de los países aplican multas y otras medidas como la suspensión de actividades y clausuras. Pero acá eso prácticamente no lo he visto”, dijo Neme a Búsqueda. Por eso, opinó que es necesario “restringir más la normativa y hacerla más dura”, ya que la contaminación y los ataques contra los recursos naturales “son cada vez mayores”, mientras que los recursos naturales “son cada vez más escasos”.

    Respecto al proyecto de ley aprobado, destacó la incorporación de más poderes en el control de este tipo de delitos, lo que ofrece mayores garantías. “Es destacable que responsabiliza a todos, tanto a las grandes empresas como al Estado, que también comete delitos penales, para ver quién es el penalmente responsable: el funcionario, el ministro o el presidente”, agregó.

    De todas maneras, la especialista comparó la normativa uruguaya con la de otros países, como la argentina, y criticó que el proyecto aprobado no incluya delitos como pesca ilegal, incendios intencionales o relleno de humedales, puntos que a su entender también deberían entrar dentro de una figura penal.

    Por otro lado, opinó que a partir de ahora los fiscales deberían formarse en el tema; esto fue mencionado también por Amarilla durante la comparecencia parlamentaria. Aseguró que las autoridades ya iniciaron conversaciones con el fiscal de Corte para generar talleres y cursos a partir de los avances del proyecto con el fin de que fiscales y jueces se especialicen en la materia. “Todo el sistema punitivo y de fiscalización del Estado uruguayo se va a comprometer con los temas ambientales a partir de que exista una ley”, celebró.

    Proyecto final

    El proyecto de ley votado en la Comisión de Ambiente el martes, al que accedió Búsqueda, se distribuye en cuatro capítulos. El primero refiere a los “delitos de contaminación” del aire, las aguas y el suelo y establece penas de entre seis meses y ocho años de prisión. También contempla la contaminación por residuos o sustancias tóxicas para el ambiente, la introducción de desechos peligrosos y las circunstancias agravantes, como la muerte de una persona, la afectación a áreas protegidas o que el daño sea producido por una obra sin autorización.

    Un segundo capítulo refiere a los delitos contra la biodiversidad, como la caza de especies en zonas protegidas o la destrucción de flora nativa preservada, así como el tráfico ilegal de flora y fauna protegida. Y el tercer capítulo, en tanto, habla sobre los delitos contra la gestión ambiental, como obstaculizar la fiscalización ambiental o proporcionar información falsa sobre daños al ambiente. Esto podría ser castigado con seis a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años.

    Por último, el texto incorporó el pedido de las autoridades, al establecer que las penas pasarán de un tercio a la mitad, cuando los delitos previstos fueran cometidos con culpa.

    Información Nacional
    2023-05-31T23:15:00