En el escritorio de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, hay un montón de papeles. Entre ellos resaltan dos láminas —de unos 60 por 40 centímetros— que tienen la transcripción del artículo 26 de la Constitución: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”.
Las dos láminas fueron impresas a modo de prueba y Petit aún no definió cuál será la que distribuirá en las cárceles. Que los presos conozcan este precepto constitucional así como la Declaración Universal de Derechos Humanos es una de las ideas que maneja Petit para trabajar en la mejora de las condiciones en que viven hoy los cerca de 10.000 presos que hay en el país.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario tiene tres grandes funciones: atender casos o denuncias de los presos, promover los derechos humanos y realizar investigaciones sobre el tema.
Para Petit es necesario que en función de esas tres funciones se trabaje en un modelo de políticas públicas. “Malas cárceles generan violencia”, evaluó el jerarca a poco más de seis meses de asumir el cargo.
Con ese objetivo, una de las líneas de trabajo que impulsa es transmitir a los presos los “valores de derechos humanos”. Para ello, comenzaron a realizar talleres que se denominan “Cuidemos todos de los derechos de todos”.
“Esto tiene que ver con la idea de transmitir derechos y obligaciones”, explicó Petit a Búsqueda. Las primeras charlas se realizaron en el Comcar, el penal de Libertad, y las cárceles de Maldonado y Rivera. “Vimos que prendía y seguimos adelante”, dijo.
En las reuniones se tratan temas vinculados a los derechos humanos. Luego, surgen los “problemas de todos los días”. “Se empezaron a identificar temas: los problemas que se dan en las visitas, las condiciones de salud, la necesidad de deporte, cultura. Alguno plantea hacer murales; otro, enviar cartas a las autoridades para informar sobre su situación”, explicó Petit.
Un segundo objetivo, agregó, es encontrar presos que terminen siendo “promotores” de esos derechos dentro de las cárceles.
Petit informó que comenzarán a distribuir pequeños carteles informativos sobre los derechos de los prisioneros, como el que establece el artículo 26 de la Constitución. “Se puede decir que un cartel no cambia nada, pero son vasos comunicantes. Hay que atacar una cantidad de cosas para que cambie el conjunto para tener una política pública”.
El comisionado aseguró que en los últimos seis años se “avanzó mucho” —por ejemplo, con la incorporación de personal civil en las cárceles y la presencia de Salud Pública— pero opinó que todavía “falta mucho”. “Aún hay muchos sectores que están muy mal”, afirmó. “Tenemos más de 300 presos cada cien mil habitantes, una de las cifras más altas de América Latina. Algo nos está pasando. Notoriamente, no somos el país más inseguro de América Latina y sin embargo tenemos uno de los índices de presos más altos”.
En el siglo XVIII, recordó, cuando se comenzó a hablar de la “reforma penitenciaria”, ya había autores que planteaban que la “cárcel no tiene por objetivo hacer sufrir, sino que el objetivo es que la persona se integre y no vuelva a dañar”.
Realidad que desborda.
El comisionado parlamentario considera que en la atención de los presos debe estar involucrada la sociedad civil y sostuvo que el Estado les “debería abrir las puertas” a esas organizaciones. “Podrían hacer como sucede en el caso de la infancia. El Estado le concede a una ONG una actividad con determinada orientación. ¿Por qué en el sistema penitenciario no se puede instalar alguna organización vinculada a lo educativo, lo social, o lo religioso? La idea es que se puedan instalar y recibir un pago por cada interno que atienden. ¿Por qué no hacer eso? Hay que pensar en un sentido amplio y ver lo que hacen en otros países que logran abatir la reincidencia”, planteó.
El objetivo es mejorar la situación en las cárceles. “Una mala cárcel es sinónimo de violencia, adentro y afuera. Esto implica decenas de miles de delitos menos. Hay que trabajar con la familia, la comunidad y romper con el circuito del delito”, afirmó.
Petit presentó su primer informe el 13 de abril a la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Allí informó que su equipo de trabajo realizó 189 visitas a las cárceles en todo el país. El Comcar, ubicado cerca de la ciudad de Santiago Vázquez, es donde hay “un núcleo muy duro de problemas”, afirmó.
“La realidad que encontramos nos desborda y, a veces, es un poco desesperante porque la cantidad de casos que se nos presentan desbordan nuestra capacidad de respuesta”, dijo. Explicó que las visitas que realiza tienen “un objetivo preventivo, porque el hecho de visitar genera prevención, alivia tensiones”.
Petit planteó a los legisladores su preocupación por situaciones de aislamiento que viven algunos presos. Puso como ejemplo un caso que conoció en el piso 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde un grupo de internos tenían como única actividad “salir al baño una vez por día”. El comisionado envió una nota al Ministerio del Interior en la que planteó que la situación es “totalmente inconveniente”.
“Estamos haciendo un seguimiento de esta situación porque el aislamiento prolongado está totalmente reñido con las normas. ¿Qué se entiende por aislamiento prolongado? Es no tener al menos dos horas de contacto humano relevante. En el caso del piso 5 había solamente contacto con un médico, en el mejor de los casos una vez por día, que, obviamente, no llegaba a las dos horas y una salida al baño, con lo cual no había contacto humano”, informó.
El comisionado aseguró que la situación es “extremadamente grave y explosiva” en centros como Libertad, Comcar, el Centro Femenino, y la cárcel de Tacuarembó. “Si realmente no hay plan de shock, de intervención, si los organismos que están gestionando, Ministerio del Interior, INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), no tienen una dotación de recursos importante para dar vuelta la situación, la perspectiva es muy oscura”, advirtió.
Además de los recursos materiales, Petit planteó la necesidad de otras mejoras, como brindar más horas para la educación. Si bien destacó que hubo cambios en el área de la salud, señaló que la Administración de Servicios de Salud del Estado “no ha terminado la cobertura de todos los centros y el ritmo de trabajo ha disminuido. Se nota un cierto cansancio, una falta de vigor en la intervención”.
Petit señaló que en la medida en que las condiciones de reclusión son “muy malas y violentas”, el preso se vuelve una “especie de víctima, icono o héroe” cuando su familia conoce esas condiciones en las que vive. “Entonces, a nivel de sus hijos, del barrio y del entorno, se va creando una suerte de mitología de la persona privada de libertad”, advirtió. “Entonces, el propio Estado está creando esa mitología a partir de esa inacción o falta de actividad”.
