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Buscar trabajo, vivienda, leer información sobre problemas de la salud, sobre la paternidad o sobre la prevención del suicidio, son algunas de las actividades que colaborarían con la readaptación de los presos en la sociedad, en particular cuando están cerca de abandonar la prisión. Por eso, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, planteó al Ministerio del Interior y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) crear un programa de entrega de tablets que abarque a la mayoría de la población carcelaria, con el objetivo de “avanzar en la alfabetización digital” de los internos para aumentar la probabilidad de una reinserción social exitosa.
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El comisionado parlamentario realizó los primeros sondeos con las autoridades para explorar la posibilidad de establecer un programa de esas características, similar a otros ya existentes como el plan Ceibal y el plan Ibirapitá, que están enfocados en estudiantes y jubilados. “El sistema penitenciario de Uruguay en los últimos años ha mejorado, pero necesita seguir avanzando y eso supone dar un salto cualitativo a nivel de educación que, junto a la seguridad, es el tema elemental en toda prisión”, dijo Petit a Búsqueda.
“Tenemos en todo el país tecnologías del siglo XXI que pueden usarse también para las cárceles. Es un nuevo desafío a encarar, una revolución tecnológica y penitenciaria”, agregó.
El uso de tablets y computadoras dentro de las prisiones ya existe, pero está destinado a poblaciones específicas. Desde el Ministerio del Interior informaron a Búsqueda que desde 2012 trabajan en la inclusión digital de los prisioneros junto a Antel y a partir de 2014 con equipos del plan Ceibal como las ceibalitas, las computadoras Magallanes y las tablets Ibirapitá, que se entregan directamente a los prisioneros o son utilizados por docentes y técnicos para trabajar con ellos en horas dedicadas a la educación.
“El sistema penitenciario de Uruguay en los últimos años ha mejorado, pero necesita seguir avanzando y eso supone dar un salto cualitativo a nivel de educación que, junto a la seguridad, es el tema elemental en toda prisión”, dijo Petit.
En 2012 el INR suscribió un acuerdo con Antel para instalar los llamados “espacios de inclusión digital” en centros de reclusión. Se trata de habitaciones donde se permite el uso libre de equipos informáticos y de acceso a Internet y se brindan cursos de alfabetización digital, informática básica, educación a distancia, teletrabajo y gobierno electrónico. Actualmente, existen 22 en todo el país. “En estos espacios las personas privadas de libertad desarrollan habilidades digitales gracias a la apropiación y el uso adecuado de una variedad de tecnologías de la información y la comunicación”, valoró el INR en un comunicado publicado el 25 de julio.
A esa iniciativa se anexó en 2014 el plan Ceibal, que donó 95 ceibalitas para las prisiones en el marco de las intervenciones educativas que llevan adelante el Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública; luego, esa donación se amplió a las computadoras Magallanes, que se entregan desde 2011 a profesores y estudiantes de liceo.
El último convenio se alcanzó con el plan Ibirapitá, también dependiente del Ceibal y creado en 2015 para otorgar tablets especialmente fabricadas para jubilados: el año pasado el INR firmó un convenio para que se entreguen 80 tablets a prisioneros mayores de 65 años, que se calculan en aproximadamente 300 en todo el sistema. “Esto es un compromiso del Estado, la educación permanente es un derecho humano independiente de la edad”, indicó en ese momento Ana Juanche, subdirectora técnica del INR. Esos equipos son gestionados por los encargados del área educativa de cada prisión y los internos no pueden llevarlos a sus celdas.
Hilar fino.
Petit considera que son “excelentes” las plataformas digitales que ya ofrece el INR, pero cree que es necesario ampliarlas más allá de la continuidad educativa a distancia y expandirlas a casi todo el sistema. “Hay que pensarlo bien y hacerlo de forma progresiva, hilando fino. Obviamente no podemos abarcar a todos porque a ciertos internos violentos, que probablemente forman parte del crimen organizado, puede ser contraproducente otorgarle este tipo de prestaciones”.
El año pasado el INR firmó un convenio para que se entreguen 80 tablets a prisioneros mayores de 65 años, que se calculan en aproximadamente 300 en todo el sistema.
Para el jerarca “un primer paso” en la iniciativa es que los prisioneros próximos a ser liberados reciban una tablet especialmente diseñada con contenidos que “los asistan” en su readaptación. Por ejemplo, para la búsqueda de empleo y vivienda, información sobre control de adicciones, prevención de suicidio, patologías de salud o consejos para la maternidad y la paternidad. Brindando este tipo de información a los prisioneros el “gobierno y la sociedad podrían resolver muchos problemas”, aseguró Petit.
Para aquellos reclusos que no sepan manejar este tipo de dispositivos, Petit propone que el INR recurra a otros prisioneros que ofician de referentes y reciben la capacitación necesaria, como ya lo hace en los espacios de inclusión digital y con los equipos Ibirapitá.
