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Luego de la impronta liberal que el futuro gobierno plasmó en el proyecto de ley de urgencia, esta semana la aseguradora Sura transmitió a jerarcas de la administración entrante la “pertinencia” y las ventajas que conllevaría “para las personas y para el país” abrir a la competencia el mercado de pólizas de accidentes laborales, monopolio legal del Banco de Seguros del Estado (BSE).
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“Es un tema para poner en la mesa e ir avanzando”, dijo a Búsqueda el director general de Seguros Sura, Esteban Pignanelli. Y agregó: “El mercado asegurador está maduro y consolidado, somos todos competidores de cierto porte. La historia de Uruguay muestra que cuando se abrió el mercado de seguros generales —en 1995— lo primero que hubo fueron beneficios para el consumidor, que tuvo la opción de elegir, aparecieron nuevos servicios y bajaron los precios (de las pólizas). Nada indica que no vaya a suceder lo mismo con los riesgos laborales”.
Con ese convencimiento, Seguros Sura trasladó la propuesta al futuro gobierno en el documento Alternativas de aseguramiento de riesgos laborales para Uruguay. Entre sus conclusiones, señala que, si bien el Estado es “el principal garante” de los derechos y el bienestar de los trabajadores, “tal cometido puede ser cumplido en forma más profunda” cuando (el Estado) “se aleja de las responsabilidades de aseguramiento o prestación y asume un rol de supervisión y control”.
Añade que la apertura a diversos actores privados representaría una “oportunidad” de desarrollo de nuevas actividades y por tanto un “incremento” de la recaudación impositiva, ya que significaría una ampliación del mercado para las compañías. En los últimos dos años, el BSE facturó algo menos de US$ 300 millones en la rama de accidentes de trabajo.
A su vez, afirma, permitiría la “especialización” en materia de gestión de riesgos laborales, y proyecta un “impacto positivo” en cuanto a “productividad y competitividad”. Eso último, vinculado a los menores tiempos de recuperación de los accidentados por los “mejores recursos para su atención” y el desarrollo de una cultura de prevención y seguridad “más completa”.
“Las aseguradoras tendrán que competir a partir de su capacidad de contar con redes asistenciales óptimas y de calidad para la atención”, alega.
El año pasado, el BSE inauguró su nuevo sanatorio, en el que invirtió unos US$ 40 millones. “No sería una inversión perdida, o que se vaya a desaprovechar. Puede ser el prestador de salud y rehabilitación para las distintas compañías que puedan llegar a ofrecer la póliza”, dijo Pignanelli.
Fue en 1993, mediante la Ley Nº 16.426, que se abrió la operativa y comercialización de los seguros generales a la competencia, que hasta el momento solo explotaba el BSE. Pero se mantuvo bajo la órbita de la aseguradora estatal el monopolio legal de las pólizas de accidentes de trabajo. Según el marco actual, esa es una cobertura obligatoria para toda persona física o jurídica con personal dependiente a su cargo, estén efectivos o a prueba, con o sin remuneración.
Que esta rama sea “competida” forma parte del plan estratégico y de desarrollo del mercado que impulsa la gremial de aseguradoras privadas (Audea). “Nos interesa que se avance” en ese sentido “para tener igualdad de condiciones. (…) El BSE tiene una herramienta que es un seguro monopólico y obligatorio con el que gana plata y subsidia la forma en que compite en las otras ramas”, afirmó el director ejecutivo de esa asociación, Alejandro Veiroj (Búsqueda Nº 2.040)
Algunos de los efectos “positivos” que traería la desmonopolización mencionados en el informe son: la ampliación de la cobertura (tanto en empleados como en independientes), eficiencias en el sistema, menores tiempos de recuperación, disminución de eventos, de invalidez, de fatalidades, entre otros. Todo ello redundaría en “mayores eficiencias en el sistema productivo” del país, afirma Seguros Sura en la propuesta elevada a las futuras autoridades.
Y plantea en concreto que “en el caso uruguayo es pertinente permitirse realizar un examen de las ventajas y beneficios que la apertura podría conllevar, tanto para los trabajadores como para los empleadores, los prestadores y el propio Estado”.
Indica que la prestación de servicios complejos, como se consideran los riesgos laborales, acarrea “ineficiencias” que perjudican a la población que a priori se pretende beneficiar, y afirma que es “innecesaria” la participación estatal.
“Si el Estado es el prestador de un servicio, es más difícil garantizar un control oportuno (…) ya que juega un doble rol”: como agente económico y como hacedor de política y regulador.
Y apunta: “Se deben sumar las ineficiencias que se pueden presentar, (…) resultado de falencias en capacidades físicas, técnicas, económicas u organizaciones, inflexibilidades propias del sector público, entre otras”.
Señala que gran cantidad de países han permitido la participación de privados en los sistemas de seguros de salud ocupacional. Entre ellos, menciona a Noruega, Dinamarca, Finlandia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, entre otros. Y en la región, enumera a Argentina, Colombia, Chile y Perú. “Uruguay es el único con monopolio estatal sobre este tipo de aseguramiento”, destaca.
Los casos de Chile y Colombia, en particular, son “dos ejemplos” de cómo el sistema de riesgos laborales “migra” de un monopolio estatal a la competencia, tanto para el servicio asegurador como para las actividades de prevención. “Los resultados evidencian cómo estos modelos propenden a ser más equitativos y eficientes” .
Por ello, propone tomar esas dos experiencias como referencia para “revisar y reformular” el actual sistema, afín de establecer uno “más eficiente, con más recursos y con una mayor y mejor cobertura, donde la participación de los privados permita liberar recursos valiosos de la administración pública para financiar acciones que tengan un mayor impacto en el bienestar social”.
Seguros Sura, del grupo Sura, se especializa en aseguramiento y gestión de riesgos y es líder en Colombia y Centro América y opera además en México, Chile, Argentina y Brasil. En Uruguay, el grupo también tiene inversiones en los sectores de banca, pensiones y ahorro e inversión.
