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Dos emergencias que estaban vinculadas a la producción del agro tuvo que salir a enfrentar el gobierno en estos días. Por un lado, la climática por el impacto negativo del déficit hídrico en algunas zonas del campo local y, por otro, la causada por un supuesto caso de carne vacuna uruguaya contaminada con Covid-19, detectado por los controles sanitarios de China, que es el principal mercado para las exportaciones de ese producto.
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Tras una primavera con registros inferiores a los normales en cuanto a lluvias en varios departamentos y ante el advenimiento de un verano con previsión de sequía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió el martes 8 declarar la emergencia agropecuaria por un plazo de 60 días en varios departamentos, en algunos casos en la totalidad del suelo agropecuario y en otros en parte del área explotada.
La superficie comprendida por la medida, que habilita a esa secretaría de Estado a hacer uso de los recursos del Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) para dar apoyo a los productores, es de unos 5,5 millones de hectáreas distribuidas en Maldonado, el suroeste de Rocha, la frontera entre Lavalleja y Maldonado, el este de Canelones, gran parte de Salto, Río Negro, Paysandú y el sur de Artigas, sumado a una cierta zona del suroeste de Tacuarembó y al noroeste de Durazno.
La superficie considerada en emergencia abarca unas 79 seccionales policiales en total en las cuales hay una amplia variedad de situaciones respecto al estado de las pasturas y la disponibilidad de agua en los suelos, por lo que la asistencia oficial tendrá que llegar de manera tan selectiva como cada movimiento en un tablero de ajedrez.
El FAE dispone de unos US$ 5,5 millones en la actualidad y la administración del gobierno definió cambiar el criterio en la implementación del apoyo al productor, en cuanto a que en períodos anteriores el MGAP distribuyó raciones para alimentar al ganado y concedió créditos reembolsables y otros no reembolsables, mientras que ahora la decisión pasa por dar el crédito al productor y no raciones.
Eso determinó el Ministerio de Ganadería con el argumento de que es el productor rural el que mejor sabe qué hacer en su establecimiento para enfrentar el problema.
Otro cambio en el criterio de asistencia pasa por no limitar las medidas a los productores calificados como familiares, de acuerdo a una definición legal establecida a partir de 2009 y actualizada en 2016.
La normativa vigente considera productor familiar al que cumple con una serie de requisitos, específicamente contar con una mano de obra de hasta dos trabajadores zafrales no familiares permanentes, realizar la explotación en un predio de hasta 500 hectáreas índice Coneat 100, residir en el establecimiento o a una distancia no mayor a 50 kilómetros y que los ingresos nominales familiares no generados por la explotación agropecuaria sean inferiores o iguales a 14 BPC ($ 63.266) en promedio mensual.
Deudores
El FAE fue creado en 2008 en la Ley 18.362 y reglamentado por el decreto 829; se financia, entre otras fuentes, con saldos de la recaudación del impuesto específico interno al azúcar refinado, del Fondo de Compensación para la Industria Láctea y del Programa Manejo de los Recursos Naturales, además de partidas asignadas por Rentas Generales. Se entiende, en esa norma, como emergencia agropecuaria a la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que originen pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agrícola y que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro.
Ese fondo tiene 9.500 deudores hasta el momento, de los cuales 1.005 están bajo la modalidad operativa de República Microfinanzas y no con la cuenta del MGAP. Además, en el FAE hay 7.400 productores que tomaron créditos que “nunca pagaron o que el pago no fue constatado”, lo que equivale a $ 121 millones (US$ 2,7 millones), según publicó Búsqueda en noviembre.
En la emergencia agropecuaria declarada a partir de marzo de este año para acceder al apoyo financiero se postularon 2.700 productores: 700 granjeros y 2.000 ganaderos y tamberos, según datos del MGAP.
Unos 1.660 cumplieron los requisitos generales, mientras que 407 eran deudores del FAE y quedaron por fuera de la convocatoria al no ponerse al día; hubo 696 productores que recibieron el beneficio del crédito, lo que requirió el desembolso de unos $ 63 millones (US$ 1,4 millones).
Alerta china
El domingo 6 de diciembre el Centro de Control Epidemiológico de Wuhan publicó una nota sobre la presunta detección de un caso de Covid-19 en el envase de un lote de carne bovina congelada procedente de una planta (de faena) uruguaya, según un comunicado del MGAP y el Instituto Nacional de Carnes (Inac) divulgado el lunes 7.
El gobierno uruguayo salió al cruce de una noticia publicada por la agencia EFE que fue reproducida por varios medios de prensa locales y extranjeros, respecto a la detección de residuos de coronavirus en embalajes de carne de ternera de Uruguay.
La empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin, según el reporte de EFE.
El gobierno uruguayo, en el comunicado del MGAP, explicó que “el supuesto lote afectado correspondería a una partida producida en Uruguay en el mes de diciembre de 2019 que se encuentra desde marzo de este año en un depósito de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, y que habría llegado primero a Sudáfrica, luego a Malasia y a continuación a la ciudad de Tianjin, en donde habría estado también almacenado”.
“Los primeros casos de Covid-19 fueron oficialmente detectados en el Uruguay el 13 de marzo de este año y a la fecha no existen casos confirmados de coronavirus en ningún establecimiento de la industria cárnica del país”, planteó.
Considerando el repaso de las fechas comentadas sobre el proceso de traslado del producto, Ganadería consideró que “resulta imposible que el producto en cuestión haya sido contaminado en origen”.
De enero a noviembre de este año China acaparó el 54% del volumen y el 45% del monto (US$ 621 millones) correspondiente a las exportaciones de carne vacuna uruguaya, según datos del Inac.
