Con cinco décadas de distancia, los partidos muestran su mejor perfil opositor al golpe de Estado y eluden la autocrítica

Su frase sintetiza el espíritu de las posturas que los líderes los partidos dieron al ser consultados por Búsqueda.

El entonces gobernante Partido Colorado, al cual pertenecía Juan María Bordaberry, quien hace medio siglo pasó de ser un presidente constitucionalmente elegido a ser cabeza de la dictadura, “está muy atado” a exhibir su rol en la recuperación democrática, “lo necesario de la ‘ley de caducidad’ y de la postura de Sanguinetti de la teoría de los dos demonios”, señala Cardarello, doctor en Ciencia Política.

La postura colorada se resume a grandes trazos así: la represión militar surgió para combatir la guerrilla tupamara, nacida en la década de 1960, y luego perdió la brújula. No se percibe, agrega Cardarello, un mea culpa por el descreimiento que hubo en todo el sistema político, siendo el partido hegemónico en todo el siglo XX, que envalentonó a los militares a tomar el poder cuando el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) ya había sido arrasado.

Muy pocos colorados, añade, han aludido a culpas propias. Hace una década, cuando se cumplieron los 40 años del golpe de Estado, el entonces senador Ope Pasquet dijo ante la Asamblea General: “El decreto de disolución de las cámaras está firmado por el presidente Juan María Bordaberry. El presidente Bordaberry fue elegido por el lema Partido Colorado, esa es nuestra gran responsabilidad”.

Otro expresidente colorado, Jorge Batlle, lo criticó con dureza: “Nunca he visto un imbécil más grande”, dijo a El Observador, en referencia a Pasquet, el 28 de junio de 2013. “En lo personal, me parece que no puede haber nunca más un presidente electo por el Partido Colorado dando un golpe de Estado o disolviendo las cámaras”, dijo dos semanas atrás a Búsqueda el director nacional de Telecomunicaciones y precandidato Guzmán Acosta y Lara, cuyo sector Vientos de Cambio —incipiente y minoritario— promueve una declaración de repudio al episodio.

“Más allá de cualquier autocrítica, lo que más importa es poner en contexto los hechos”, sentencia al respecto Sanguinetti. Hoy el Partido Colorado, socio principal del Partido Nacional en la coalición gobernante, está a la espera de si se postula o no Pedro Bordaberry.

Recuperar terreno

A través de spots audiovisuales, recuerdos de discursos de Wilson Ferreira y divulgación de publicaciones varias, el Partido Nacional pone énfasis en el papel que tuvo como opositor a la dictadura, afirma el presidente del directorio partidario, Pablo Iturralde. Eso también busca algo así como recuperar terreno.

“La izquierda se empezó a apoderar de un discurso de lucha contra la dictadura que no es cierto. ¡Hoy hablás con los gurises y capaz que alguno te dice que los tupamaros lucharon contra la dictadura! En eso, nosotros nos fuimos quedando, cuando incluso tenemos más autoridad moral: nosotros no apoyamos los comunicados 4 y 7, no solamente alertamos de lo peligroso de una dictadura ‘de derecha’. Estamos de acuerdo con que ‘terrorismo de Estado nunca más’; pero preferiríamos nunca más un terrorismo a secas, más allá de que el de Estado sea peor”.

Los comunicados 4 y 7, difundidos por el Ejército y la Fuerza Aérea durante el “febrero amargo”, fueron saludados por buena parte de la izquierda, con el Partido Comunista a la cabeza, ya que notaban coincidencias en sus postulados. “El dilema del país es entre oligarquía o pueblo” y no poder civil o militar, escribió El Popular el 11 de febrero de 1973.

Muy pronto se darían cuenta, incluso con sangre, de lo equivocado de este análisis. Al igual que los colorados, el otro partido fundacional también apunta a la responsabilidad de la guerrilla, subrayando que el asalto al Tiro Suizo de Nueva Helvecia, de 1963, durante el último gobierno colegiado blanco, fue la presentación en sociedad del MLN cinco años antes de que el colorado Jorge Pacheco Areco aplicara las medidas prontas de seguridad.

“Yo acepto que había un plan regional”, dice Iturralde, en referencia a la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados Unidos en los 60 y 70, “pero acá hubo un demonio que asustó al monstruo”.

Cardarello señaló que en el Partido Nacional se condena al golpe y a la dictadura, se resalta su ausencia del Pacto del Club Naval, al que sí asistieron los colorados y el Frente Amplio, y se reivindica el accionar de Wilson Ferreira desde el exilio. “Pero también omiten el papel que tuvieron en ese momento, llevando a Mario Aguerrondo, fundador de la Logia Tenientes de Artigas, dentro de la cual había muchos golpistas, como el otro candidato a la presidencia en 1971”. También destacó que Martín Echegoyen, histórico dirigente herrerista, terminó su vida política siendo el primer presidente del Consejo de Estado, remedo legislativo de la dictadura; que Aparicio Méndez, también militante blanco, presidió este período entre 1976 y 1981; y que Alberto Gallinal Heber, otro actor que supo tener su peso, apoyó el Sí que legitimaba al proceso en el plebiscito de 1980.

“Quizá la mayor autocrítica la hizo el propio Wilson cuando reconoció que fue ‘un error’ apoyar el estado de guerra interno en el Parlamento”, un día después del sangriento 14 de abril de 1972, donde entre atentados tupamaros y reacción de las Fuerzas Conjuntas murieron 12 personas, opina el politólogo.

Al respecto, Iturralde señaló que el Partido Nacional “se posiciona duramente contra el golpe desde febrero de 1973” y que los apoyos al régimen fueron “a título personal y con el rechazo del partido”.

Responsables y errores.

El Frente Amplio, nacido en 1971, realizó este mes el seminario Pasado, presente y futuro a 50 años del golpe de Estado. “Esto fue una tragedia para Uruguay, el terrorismo de Estado fue devastador: 129 asesinatos, 197 desapariciones forzadas, más de 9.000 presos, miles de exiliados y una población que vivió el hostigamiento de no tener libertad”, enumera su presidente, Fernando Pereira. “Eso construye hacia adelante circunstancias muy dolorosas y no hay país que construya felicidad sin justicia ni memoria”, agrega.

A la hora de señalar responsabilidades, para el Frente Amplio el golpe de Estado no fue una decisión solo centrada en Uruguay. “Fue parte de una política internacional llevada adelante por Estados Unidos, que tenía que ver con la Guerra Fría y con ajustar cuentas con el mundo del trabajo”, afirmó el dirigente. La baja salarial en ese período fue del 37%, recuerda. “Y luego de eso, también está la acción de un grupo de bandoleros, civiles y militares. No solo eran dictadores, eran ladrones; no solo eran desapariciones, eran robos: el terrorismo de Estado se quedó con cosas de nuestros compañeros, muebles, joyas, memorias e incluso fotos”, agrega Pereira.

Cardarello indica que “son pocos” los frenteamplistas que “se animan a reconocer los errores cometidos”. Liber Seregni, histórico primer líder, “admitió que debió ser más duro con el accionar de la guerrilla y con los comunicados 4 y 7”, señaló. Según este analista, los tupamaros atribuyeron su surgimiento —desalentado en el país por el propio Ernesto Che Guevara en su visita de 1961— al clima de la época y al autoritarismo reinante, y los comunistas nunca reconocieron lo equivocado de su análisis: “Cuando (al PCU) le tocan ese punto, responden que son quienes más sufrieron la represión y quienes tuvieron más desaparecidos”.

Sobre un eventual reconocimiento, Pereira es tajante: “Yo no sé si hubo alguna vez una autocrítica institucional. Sí hubo una lucha de los frenteamplistas contra la dictadura. El Frente entregó todo lo que tenía. Si uno piensa en los presos, la mayoría fueron militantes gremiales, sindicales y frenteamplistas. Los responsables fueron los que cometieron el golpe de Estado”.

Dirigentes sin altura

En este aniversario redondo debuta un nuevo actor en el sistema político: Cabildo Abierto. Uno de sus diputados, el coronel retirado Carlos Herrera, dijo en el Parlamento el 18 de abril que los uniformados que participaron en el episodio conocido como las Muchachas de Abril, en el que tres militantes periféricas del MLN de entre 19 y 21 años fueron ejecutadas, actuaron “en defensa del Estado de derecho”. Pereira señala que esa intervención “no toma nota de que las jóvenes fueron acribilladas y que el episodio pasó en 1974”, un año después del golpe. “Es un retroceso que Cabildo Abierto hable de ‘relato’, eso es un negacionismo y no puede mirarse con indiferencia”, agrega el presidente del Frente Amplio.

De acuerdo con Cardarello, si bien Cabildo Abierto —un partido de mucho predicamento en la llamada “familia militar”— no reivindica la dictadura, sí tiene “un punto de vista más complaciente”. Desde el oficialismo, Sanguinetti e Iturralde coinciden en que no hay miradas regresivas en el sistema democrático uruguayo de hoy, más allá de la existencia de “nostálgicos” puntuales.

“Nosotros no reivindicamos ninguna dictadura, pero la historia no se puede segmentar, lo que pasó no pasó por generación espontánea”, dice el senador Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto. Según su análisis, Uruguay fue “una pieza del ajedrez” que se disputaban Estados Unidos y la Unión Soviética, alentando el surgimiento de grupos que consideraron la vía armada para llegar al poder.

Luego coloca el mayor peso de la responsabilidad en el sistema político: “Con toda franqueza, la dirigencia política de la época no estuvo a la altura de las circunstancias. Y pese a sus esfuerzos, al extremo de declarar el estado de guerra interno, no tuvieron la fuerza suficiente como para generar respeto en las Fuerzas Armadas, que se encontraron un pretexto objetivo para desplazar a los sectores políticos del poder”, concluye.

Su partido rechazó el homenaje a las Muchachas de Abril ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al tiempo que impulsó un proyecto de prisión domiciliaria a mayores de 65 años, que beneficiaría a los detenidos en la cárcel de Domingo Arena por crímenes cometidos durante la dictadura.

“En todos los partidos hubo defecciones respecto a las convicciones democráticas”, afirma a su vez el ministro de Trabajo Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, integrante del gobierno.

“Nosotros tenemos nuestras propias convicciones. El tema de la búsqueda de los desaparecidos está en el compromiso nacional y el gobierno ha actuado de forma irreprochable. No vamos a acompañar el tema de la prisión domiciliaria porque claramente esto tiene nombres y apellidos. Y no voy a decir más que eso”, agregó, evitando otro enfrentamiento con quien es uno de sus socios de la coalición.