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El Salario Mínimo Nacional (SMN) fue creado por un decreto de 1969. Como “piso por debajo del cual no puede estar ninguna remuneración” fijado por el Poder Ejecutivo, los gobiernos del Frente Amplio lo fueron elevando para propiciar un aumento de los sueldos en general y así favorecer a la clase trabajadora. Si bien dicha política permitió una mejora en la equidad entre los asalariados formales —aunque no en los que están “en negro”—, derivó en una reducción en las horas de trabajo y en una pérdida de empleos en el interior.
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Eso constató la Evaluación de los efectos distributivos del salario mínimo elaborada como un documento de trabajo del Banco Central (BCU) por un economista de esa institución y otro de la Universitat de Barcelona. Está fechado en 2017, pero el BCU lo acaba de publicar.
Los economistas estudiaron si la variación en el SMN (o el salario mínimo efectivo) permite explicar los patrones observados en materia de desigualdad salarial en el mercado laboral uruguayo, un análisis que consideran relevante debido a la escasa literatura al respecto en los países en desarrollo. Además, señalan, Uruguay es un caso interesante porque el poder adquisitivo del SMN tuvo un fuerte incremento, lo que hace más probable visualizar efectos redistributivos. También estimaron los impactos de dicha suba en el empleo, las horas de trabajo y la informalidad laboral.
Analizaron de 1996 a 2011, un período particularmente interesante según los autores porque durante la década de los noventa la política respecto al salario mínimo no tuvo como objetivo reducir la dispersión salarial y su monto permaneció casi constante, mientras que después de 2004 creció a un ritmo de 26% anual (casi 200% hasta 2011). En ese lapso la desigualdad de ingresos disminuyó en alrededor de cinco puntos del índice de Gini.
Aclaran que como en el período también fueron aplicadas otras políticas —programas de transferencias monetarias a ciertos sectores, o las reformas tributaria y de la salud—, su investigación podría considerarse una evaluación de la contribución aislada del nuevo salario mínimo a la desigualdad junto con otros resultados del mercado.
Efectos.
En la actualidad, el SMN abarca a todos los asalariados mayores de 18 años del área privada, excepto a los trabajadores rurales y del servicio doméstico. Convive, como referencia, con los mínimos establecidos para cada categoría laboral y sector de actividad establecido en el marco de los Convenios de Salarios.
Por decreto, el Poder Ejecutivo fija el SMN en forma discrecional; desde enero pasado está en $ 13.340. En marzo, en el marco de una cadena nacional, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, adelantó que será aumentado a $ 15.000 el 1º de enero de 2019. El PIT-CNT ha reclamado elevar ya desde 2018 ese piso salarial legal a $ 16.500, un monto que calculó tomando como referencia para un hogar el ingreso necesario para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios (la “línea de pobreza”).
El viernes 13, durante un rato, la principal noticia en el sitio web de la Presidencia de la República fue que el SMN alcanzó su nivel más alto desde el retorno de la democracia. Agregó, basándose en la información contenida en el proyecto de Rendición de Cuentas recientemente enviado al Parlamento, que el Poder Ejecutivo se propone elevarlo a $ 16.300 en 2020.
El documento de trabajo publicado por el BCU halló que el aumento del SMN tuvo un impacto “significativo” sobre los niveles de desigualdad salarial, pero principalmente para los trabajadores formales de bajos ingresos. Sin embargo, no mejoró la situación para los asalariados informales.
También constató una reducción en las horas de trabajo en todo el país, lo que confirmó la hipótesis de que los efectos del SMN operan por diversas vías.
Además, los economistas encontraron un impacto negativo en la cantidad de puestos disponibles fuera de Montevideo. “Es decir, observamos alguna leve evidencia de los efectos del empleo que tradicionalmente se relaciona con el modelo competitivo de oferta y demanda”, señalan. Explican que, desde una perspectiva teórica, con dicho modelo un salario mínimo establecido por encima del precio de compensación del mercadolleva a una reducción de los niveles de empleo.
