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Con la construcción del Antel Arena el gobierno se manejó con “impunidad” y se llevó “por delante todas las reglas de juego”
La ministra “Cosse muestra un estilo de gobierno: todo es reservado, arbitrario”, dice Mieres, y cuestiona que todas las resoluciones vinculadas con el estadio fueran declaradas reservadas por 10 años
imagen de Con la construcción del Antel Arena el gobierno se manejó con “impunidad” y se llevó “por delante todas las reglas de juego”
El Poder Ejecutivo muestra la inauguración del Antel Arena como uno de los grandes logros de los últimos tiempos. Para el senador Pablo Mieres, ese centro de espectáculos cerrado es también un caso paradigmático, pero por los motivos contrarios a los que refiere el oficialismo. La construcción del Antel Arena debería ser tomada como ejemplo para terminar con la posibilidad de que los jerarcas usen a las empresas públicas como “plataforma de lanzamiento de candidaturas” y para que el Tribunal de Cuentas tenga más potestades en el control del gasto, opina el líder del Partido Independiente.
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El legislador interpeló el jueves 22 a la ministra de Industria, Carolina Cosse, debido a que Antel y el ministerio no contestaron sus pedidos de informes y de acceso a la información sobre la obra y sus costos. “El Antel Arena ya existe, ya está, es un paso sin retorno y ojalá funcione bien. Desde el punto de vista de la cultura, ojalá sea un gran aporte al desarrollo del país”, dijo Mieres a Búsqueda. Pero añadió en seguida que todo el proceso fue “muy desprolijo”, las autoridades se manejaron con “impunidad” y se “llevaron por delante todas las reglas de juego”.
Aseguró que lo primero que se violó con esta construcción es la Constitución, ya que “viola el principio de especialidad” porque “Antel no es una empresa que puede dedicarse a construir centros de espectáculos”. Y añadió: “eso rompe los ojos”.
El legislador sostuvo que el proceso de construcción está dominado por la “oscuridad, la opacidad”.
Además, dijo Mieres, se “violó el Tocaf” (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), de manera “reiterada y permanente”. “Se saltearon los procedimientos de licitación. Todos los contratos de Antel para la construcción se hicieron sin licitación. En algunos casos hubo procedimientos competitivos, pero no licitación. Por ejemplo, se utilizó la subasta a la baja que no da las garantías que otorga la licitación pública”, afirmó.
Mieres sostuvo que el argumento que utilizó Antel para “saltearse este procedimiento” es “rechazable”. “Dicen que Antel está en competencia. Pero están en competencia en telefonía celular, y esto no fue una construcción vinculada con la telefonía celular. Es mentira que fue una inversión orientada a mejorar las condiciones de desarrollo de venta de los servicios de Antel”, sostuvo.
La obra también fue observada por el Tribunal de Cuentas, relató Mieres, debido a que cuando se contrató a la empresa AEG para el gerenciamiento del edificio, no figuraba en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), clave para poder contratar con el Estado.
El legislador sostuvo que el proceso de construcción está dominado por la “oscuridad, la opacidad”. “No solo violaron todas las normas, sino que pretendieron mantenerlas reservadas. Todas las resoluciones de Antel tienen una cláusula final que dice que ‘la presente resolución tendrá un carácter reservado durante 10 años’”. Esto es algo “inadmisible”, acotó.
“Es muy desprolijo todo, hay una sensación de impunidad, de que acá se hizo una obra contra todo, en el secreto y la oscuridad total. Usaron plata de todos los uruguayos de la que hay que dar cuenta. Eso me preocupa, porque es un estilo de gobierno. De alguna manera la ingeniera Cosse muestra un estilo de gobierno: todo es reservado, arbitrario, pasándoles por arriba a las reglas”, afirmó.
Mieres consultó a la ministra sobre los contratos firmados por Antel para realizar la obra. Tiene información de que no hay contratos sobre acondicionamiento e instalación eléctrica, lo que es “algo rarísimo”. “Sobre la obra civil mandaron tres hojas por una obra de US$ 50 millones. La primera hoja que me mandaron está foliada en la hoja 45; ¿y las otras 44 dónde están?”.
“Es muy desprolijo todo, hay una sensación de impunidad, de que acá se hizo una obra contra todo, en el secreto y la oscuridad total. Usaron plata de todos los uruguayos de la que hay que dar cuenta. Eso me preocupa, porque es un estilo de gobierno”.
Recordó que Cosse dijo de manera “categórica” que iba a salir US$ 40 millones. Por eso se preguntó cuál es el costo final de la obra, ya que las estimaciones son que salió el doble de lo previsto.
Un punto clave para Mieres es cómo logrará Antel tener un retorno de lo que gastó en esta construcción. Antel paga a AEG US$ 35.000 mensuales y se hace cargo de todos los gastos y costos de funcionamiento. “AEG contrata los shows y Antel cobra una parte de la ganancia. ¿Cuándo estima Antel que va a generar beneficio para contrastar la inversión?”.
La contratación de AEG también le genera dudas. Mieres dijo que Antel realizó una preselección de tres empresas: una norteamericana (AEG) y dos francesas. Afirmó que no queda claro cómo fue seleccionada la empresa norteamericana.
Otro punto sobre el que insistió es que la empresa Price tuvo a su cargo el monitoreo del proceso de adjudicación de la obra y el contrato de gerenciamiento. Pero a la vez, Price audita a Antel. “¿Se puede estar en esos dos roles? ¿Cuánto le pagaron a Price?”.
Mieres dijo que también es “grave” que la contratación de técnicos y profesionales se haga a través de la empresa ITC, que es 100% propiedad de Antel, pero funciona en el derecho privado, por lo que el Tribunal de Cuentas no puede analizar el procedimiento.
Todo esto, dijo Mieres, sirve para mirar hacia “adelante” y generar cambios de “fondo”. Por un lado, afirmó, se debe terminar con la lógica de utilizar las empresas públicas “como plataforma de lanzamiento de candidaturas”. “Esto ocurrió en los 90 con Antel, pasó con Ancap y con Sendic y terminamos muy mal, y ahora lo hacen con Cosse”, insistió.
Por eso, el senador planteó que se discuta un proyecto de ley de su autoría que inhabilita por cinco años para presentarse a cargos electivos a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados.
Además, dijo que es momento de aprobar una norma para mejorar el trabajo del Tribunal de Cuentas. En este caso, propuso que ante “actos administrativos por un valor patrimonial por encima de cierto monto, como por ejemplo, US$ 800.000, que sean observados, se deberán suspender las acciones y se deberá resolver la situación”.
