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“Es un dato irrefutable que en los últimos 10 años la economía uruguaya ha tenido los mejores resultados de su historia contemporánea” y que ello generó “fortalezas”, pero ahora atraviesa por una fase de desaceleración significativa en el ritmo de crecimiento. En este contexto, condicionado además por un panorama mundial más complejo, el Poder Ejecutivo entiende necesario adoptar una “estrategia gradual de consolidación fiscal” que permita, sin urgencias, garantizar la sostenibilidad de la deuda pública.
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Así lo señala en el mensaje y exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal presentado al Parlamento el lunes 31 de agosto.
“El escenario macroeconómico considerado para este quinquenio se caracteriza por la continuidad del crecimiento económico, aunque con una importante desaceleración respecto al ritmo observado en la pasada década”, remarca. Incluso, prevé que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería por debajo de su potencial en los próximos años.
Ello se daría mientras la economía mundial se recupera a un ritmo “moderado”, se verifica una “ralentización” de la actividad en China, Argentina está en las puertas de una “corrección gradual de los desequilibrios macroeconómicos”, y Brasil enfrenta un “deterioro en los fundamentos” y “elementos de conflictividad en el plano político”, según el mapa de riesgos que tomó en cuenta el Poder Ejecutivo para diseñar su plan presupuestal.
Pero entiende que los “fundamentos sólidos de la economía uruguaya constituyen fortalezas para enfrentar” esa coyuntura. Y como parte de las mejoras logradas en los años recientes que sustentan esa posición más firme destaca, entre otras cosas, el incremento de la tasa de inversión, la reducción de los niveles de pobreza (9,8% en todo el país) y de la desigualdad de ingresos, la ampliación de la clase media (a 72% de la población en 2014), así como una disminución de la cantidad de asalariados que cobran al menos $ 15.000 (aproximadamente 445.000 trabajadores).
La macro.
El proyecto se elaboró sobre la base de que el PBI del país crecerá en promedio 2,7% entre 2015 y 2019, con una ligera aceleración del ritmo de expansión al final del quinquenio. En ese último año rondará los U$S 61.500 millones.
Según las proyecciones realizadas por los economistas del Ejecutivo, 2015 será el año con peor desempeño del período: bajarán las exportaciones, las importaciones y también la inversión; el déficit fiscal global anual representará 3,3% del Producto (actualmente ronda el 3,5%); la inflación se ubicará en 8,4% (hoy en 9%); y la cantidad de personas ocupadas se reducirá. Luego habrá una mejora en estos y otros indicadores macroeconómicos (ver cuadro con las proyecciones para el período).
“Si bien el desequilibrio actual de las finanzas públicas resulta totalmente manejable en el corto plazo, el déficit fiscal es elevado”, admite el Ejecutivo en el mensaje. “El bajo nivel de deuda neta y la adecuada estructura por plazos, monedas y tasas permiten adoptar una estrategia gradual de consolidación fiscal, no pautada por urgencias financieras”, agrega.
La recomposición del resultado de las empresas públicas será un “factor clave en el proceso de consolidación fiscal y, por tanto, en el logro de las metas” previstas, sostiene. Estima que la contribución de los entes pasará a representar 3,3% del PBI en 2019 (fue 2,3% en 2014).
El concepto de “responsabilidad fiscal” como “sustento” del plan presupuestal aparece mencionado varias veces en la exposición de motivos remitida al Parlamento.
El gasto.
A los efectos de viabilizar la asignación de recursos a las políticas definidas como prioritarias, se deberán “generar ahorros en todos los organismos”. Como ahorro concreto, el proyecto incluye una reducción del gasto en retribuciones personales en el Estado por $ 761 millones, unos U$S 27 millones. Eso surgirá de la supresión de cargos vacantes, que deberá ser propuesto por cada unidad ejecutora dentro de los 150 días de entrado en vigor el nuevo Presupuesto.
El proyecto también plantea el “abandono de la lógica incremental en la formulación presupuestal”. Con ese criterio, propone aumentar el gasto en unos U$S 280 millones en 2016 y otros U$S 190 millones en 2017, se indica en el mensaje.
De las cifras de gasto por inciso contenidas en los tomos que forman parte de la iniciativa surge que el presupuesto global sería de U$S 14.189 millones el año próximo y de U$S 14.402 millones el siguiente, calculó Búsqueda (ver cuadro). Fuentes oficiales explicaron que en esos planillados contienen partidas que vienen de leyes anteriores, por ejemplo, y que además reflejan algunos cambios institucionales —en la Junta de Transparencia, la Fiscalía de Corte y el Inumet, por ejemplo—, lo que dificulta la comparación de los montos año a año.
El Ejecutivo definió que en las próximas Rendiciones de Cuentas considerará incorporar aumentos adicionales, “de acuerdo a un oportuno análisis de los fundamentos económicos y políticos”.
En el incremento presupuestal planeado para 2016 y 2017 marcó como especial prioridad la educación. En el mensaje destaca que 40% del incremento del gasto se destinará a esa área (sumando el presupuesto previsto para el Sistema Nacional de Cuidados que se ejecuta a través de la Administración Nacional de Educación Pública). Y afirma que “estas cifras implican alcanzar en 2017 un gasto en educación con respecto al PBI de 4,7%” —desde el 4,5% al que llegó en 2015, considerando el ajuste del Producto que hizo el Banco Central— y supone “avanzar hacia el 6%” comprometido por el Frente Amplio en su programa de gobierno.
