Con la mira puesta en los menores infractores y en la pasta base, el Poder Ejecutivo busca detener la creciente inseguridad

Otras medidas de corte represivo quedaron por el camino. La idea de que la Policía pueda realizar allanamientos nocturnos en los hogares en los que haya bocas de venta de droga no prosperó porque los asesores jurídicos de la Presidencia advirtieron que se trata de una medida inconstitucional, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

El conflicto ocurre “en los ámbitos privado y público” y se refleja en el aumento de las rapiñas, la vandalización de los “espacios públicos”, la “violencia entre alumnos” y con los profesores, en las muertes por “violencia doméstica” y “los accidentes de tránsito”.

Según el Poder Ejecutivo, “el valor del estudio, la educación, la cultura no tiene hoy una alta valoración en términos de reconocimiento social (no solo de ascenso social) como lo tuvieron hasta la década del 70”.

“La profundidad y permanencia de los procesos de fractura social, el quiebre cultural y la segmentación educativa y residencial en nuestro país, sumados al creciente desafío impuesto por las nuevas formas del crimen organizado, ciertos patrones de consumo de drogas y el incremento en el número de personas que reinciden en modalidades violentas de actividad delictiva, suponen la necesidad de pensar los problemas de seguridad ciudadana en su integralidad. A ello, se suma la instalación de formas de comportamientos en nuestra sociedad marcadas por la intolerancia y la falta de respeto hacia formas tradicionales de convivencia pacífica, que vienen definiendo el paisaje cotidiano en nuestro país desde hace ya varios años”.

En el documento, el gobierno sostiene que buena parte de la responsabilidad de ese deterioro se encuentra en “los procesos de exclusión del mercado de trabajo, de los espacios urbanos, de la circulación en la ciudad, del desarrollo cultural, que se generaron desde los años 70 en la dictadura y que fueron progresivamente consolidándose en los años 90”.

A eso se suma, según la posición oficial, que la crisis económica que sufrió Uruguay en 2002 “terminó de consolidar definitivamente” ese proceso “de creciente marginalidad social y cultural, una de cuyas características sobresalientes es el cambio de las pautas de convivencia que existían en la sociedad uruguaya”.

El análisis añade a ese cóctel el hecho de que la situación socioeconómica uruguaya permite que “cada vez más sectores sociales acceden a un conjunto de bienes materiales e inmateriales más amplio”, pero la “marginalidad persiste y se acrecientan diversas formas de anomia social y transgresión”.

Para el Poder Ejecutivo el problema de fondo está en la sociedad actual, donde domina una “manera de encarar la vida desde la visión del éxito individual y la búsqueda incesante de mayores niveles de consumo, que expresan en esta escala de valores distorsionada la satisfacción individual. El consumo se expande y, con la ayuda de los medios de comunicación que promueven la idea de la felicidad asociada al consumo, los individuos generan medios múltiples para la obtención de esos fines consumistas que alteran la propia convivencia ciudadana y mercantilizan el concepto de felicidad”.

“Agravamiento de penas”.

Ante este panorama, el Poder Ejecutivo considera que una estrategia para mejorar la seguridad pública debe combinar medidas que apunten a mejorar la “convivencia” y las herramientas represivas del Estado.

“En términos de seguridad, durante años la izquierda ha tenido un discurso monocorde que explicaba la criminalidad y el delito por los factores sociales y económicos derivados, casi exclusivamente, del impacto de las políticas neoliberales implementadas en el país y la región a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hoy esta explicación, que tiene un muy fuerte componente explicativo, en la visión integral aparece como insuficiente”.

“El Poder Ejecutivo será un protagonista central de este proceso”, pero solicita la participación de organizaciones sociales y de los ciudadanos, aclara el documento.

Al respecto de las políticas de seguridad, afirma que no recurrirá a la “mano dura” porque no se responderá “a la violencia ilegítima de la delincuencia con más violencia irracional del Estado”. No obstante, sostiene que no dudará en “aplicar en todo momento medidas disuasivas o represivas”.

Así, el Ejecutivo anunció que enviará varios proyectos de ley para dotar de más herramientas a la Policía y a la Justicia en su combate el tráfico de drogas.

Una de las propuestas, cuya redacción está en proceso, implicará un “agravamiento de las penas en caso de corrupción policial”.

En cuanto al tráfico de pasta base de cocaína, el objetivo es que esa droga sea considerada un “veneno” y, como consecuencia, su venta reciba un castigo superior. El Ejecutivo presentará otra iniciativa legal para crear juzgados especializados en “narcomenudeo” —comercialización al pormenor— para facilitar el combate a las bocas de venta de estupefacientes.

Esta idea se verá complementada con un plan para ampliar la red de centros de internación “orientados a la reducción de los riesgos y daños de los ciudadanos afectados por el consumo de drogas”. Uno de los objetivos del Ejecutivo es darle la posibilidad a los jueces de decretar la “internación compulsiva” de los adictos a la pasta base, explicaron los informantes.

A su vez, el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para legalizar la marihuana (ver nota página 11).

Si bien está en contra de bajar la edad de imputabilidad a 16 años, el gobierno estudia modificar el Código a la Niñez y de la Adolescencia “en lo que refiere a la normativa que rige para los menores infractores”. En este caso, la idea del Poder Ejecutivo es incrementar las penas —que hoy tienen un máximo de cinco años pero no fija mínimos— para ciertos delitos graves, lo que no cuenta con el respaldo de todos los sectores del Frente Amplio.

Hoy jueves 21, representantes del Ejecutivo negociarán con representantes de la bancada oficialista el alcance de los cambios en las penas a los menores, señalaron los informantes.

En lo que sí hay acuerdo dentro del oficialismo es en la creación de un fondo de “reparación a las víctimas de delito con la constitución de un fondo nacional de indemnización a las víctimas de delitos violentos (pensiones u otras alternativas para familiares)”.

A la vez que se modifica el marco legal, el Ministerio del Interior exigirá a la Policía una mejora en los resultados. Las autoridades de la cartera están elaborando un decreto que permita instalar “un sistema de trabajo en las comisarías en base a gestión por resultados y control de indicadores”.

“La Policía Nacional ha tenido un fuerte respaldo presupuestal como nunca en su historia que se traduce en aumento significativo de salarios, mejora de equipamiento y tecnología. Hoy la sociedad está en condiciones de tener más y mejores resultados en la prevención y represión del delito”, advierte el documento oficial.

El Poder Ejecutivo aprovechará la próxima rendición de cuentas para financiar varias de las medidas sobre seguridad. En particular, se destinará dinero para que la Suprema Corte de Justicia cree los Juzgados de Faltas, que fueron eliminados en 2009 porque la corporación necesitaba ampliar los Juzgados Laborales y porque los jueces de Faltas estaban “con poco trabajo”.

Prohibido “dormir”.

El intento por mejorar la eficacia policial se complementará con medidas que buscan restituir el “tejido social” y recuperar los “espacios públicos” para que los utilice la población.

“Hay que construir ciudad en aquellos lugares donde se visibiliza el Estado fracasado y ausente. (...) Superar el temor colectivo en el espacio público debe ser la estrategia prioritaria”, opina el gobierno.

Para lograrlo, se creará un “sistema de centros de mediación de conflictos en el área metropolitana”, dándole prioridad a las zonas donde “se ha registrado un incremento de la violencia y el delito originadas por riñas, disputas y problemas de vecindario”

El Ejecutivo anunció ayer que desplegará una “acción decidida y sistemática de prohibir el uso del espacio público para dormir o acampar”. En este caso, las autoridades analizan el marco normativo vigente para ver si con las herramientas legales que existen se puede llevar adelante la medida.

Al respecto, el gobierno explica en el documento: “Todos comprendemos que hay que defender los derechos de las personas incluso cuando la misma no lo desee o demuestre una actitud contraria. Esta acción es la consecuencia lógica de un Estado que está reconstruyendo un sistema de bienestar y protección social y no da vuelta la cara a este problema”.