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“Todos sabemos cuál será el final de esta historia”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Varela pasadas las 18 horas de ayer miércoles. Aunque ya llevaban más de ocho horas de debate y que restarían varias más, el proyecto de ley de urgente consideración que impulsó el Poder Ejecutivo contará con los votos de la coalición de gobierno para ser aprobado.
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La importancia para el presidente Luis Lacalle Pou y sus socios de la coalición es enorme. La diputada colorada María Eugenia Roselló lo graficó durante la sesión diciendo que “es el buque insignia del gobierno de coalición”. Y por eso si bien el desenlace ya era conocido, el debate parlamentario evidenció la relevancia por lo acalorado de algunas exposiciones.
El diputado blanco Alejo Umpiérrez —quien presentó el informe en mayoría— aseguró que “la gente votó por este cambio”. “Queremos cambios en seguridad, por ejemplo. Si no hubiera habido un fracaso en la materia, no tendríamos que hacer modificaciones y nuevas figuras penales”.
Luego fue el turno del diputado frenteamplista Gustavo Olmos, quien presentó el informe en minoría. El legislador aseguró que el proyecto “es muy malo” y que “tiene cosas muy perjudiciales contenidas en pocos artículos”, como por ejemplo, “la perforación del derecho a huelga” o la legítima defensa. “Este proyecto tiene mucho volumen, mucha masa, eleva la temperatura social y genera alta presión social. Va de lo público a lo privado, de la libertad al control y en economía va de la transparencia hacia la opacidad”, dijo.
El colorado Ope Pasquet resaltó, en tanto, que este proyecto es “empezar a cumplir con lo comprometido con la ciudadanía” y que “en un 99% del contenido ya estaba en el Compromiso para el País” firmado entre los partidos de la coalición de gobierno. “Para seguir como estábamos la gente debió votar al Frente Amplio. Acá estamos para cambiar las cosas. Y lo que procura esta ley es dotar de herramientas al gobierno para cumplir los objetivos”, afirmó el diputado.
Los cambios.
En los próximos días quedarán aprobados los 478 artículos con algunas decenas de modificaciones, en su mayoría por cuestiones de redacción.
En otros se hicieron algunos agregados. Por ejemplo, en el artículo 11 sobre agravio a la autoridad policial. Allí se pena con prisión quien “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace, insulte” a la autoridad policial. Los diputados agregaron un párrafo que señala que “no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”. El cambio se produjo luego de que varias organizaciones nacionales e internacionales cuestionaran que con el texto original se podía afectar la libertad de expresión.
Se realizan otros cambios en temas vinculados a la seguridad, libertad financiera, el funcionamiento de entes autónomos, servicios descentralizados y sociedades comerciales, en bienestar animal y en vivienda y medio ambiente. Artículos que exigían el consentimiento de los propietarios para la declaración de áreas protegidas no son acompañados por Cabildo Abierto y PERI tal cual está redactado y se planteará uno sustituto.
En el informe en mayoría, se planteó que la coalición de gobierno entendió que debía “dar un conjunto de señales a la población a través de cambios normativos” para atender la situación del país. Se planteó como justificación del proyecto las “cifras alarmantes de la inseguridad”, la situación de la educación “en caída libre”, enfrentar el “mal gasto público”, “devolver la libertad financiera”, comenzar los cambios al régimen de los combustibles, ayudar a las pequeñas y medianas empresas, adecuar la estructura del Ministerio de Desarrollo Social, modificar derecho laboral, entre otros.
El oficialismo defendió la constitucionalidad del proyecto, ya que se cumple con las “pautas establecidas en la norma suprema”.
Si bien los partidos de la coalición aprueban el texto, Iván Posada, del Partido Independiente, planteó salvedades a algunos artículos y anunció que no acompañaría el 5% del proyecto.
En su informe, Posada dijo que su partido no está de acuerdo con algunos capítulos sobre seguridad. El legislador reafirmó su visión en cuanto a que los problemas de seguridad “no se resuelven por la vía del incremento de las penas para los diversos delitos. El Partido Independiente no va a acompañar los artículos 4 (resistencia al arresto), 11 (agravio a la autoridad policial) y 16 (agresión a trabajadores de la educación, la salud y el transporte). Tampoco apoya los cambios vinculados a normas sobre adolescentes privados de libertad.
Posada también planteó “severas objeciones” a varios artículos vinculados al capítulo de la Secretaría de Inteligencia del Estado y cuestionó la mayoría de las normas sobre “libertad financiera”. Señaló que “no se respeta lo acordado en cuanto la decisión del pago de nómina sea a opción del trabajador, tal como se había establecido en el Compromiso por el País”. Posada también cuestionó el establecimiento de un tope de un millón de unidades indexadas para las transacciones en efectivo, lo que “debilita sustancialmente los controles sobre el lavado de activos”.
Por otra parte, el informe en minoría elaborado por el Frente Amplio indica que el proyecto refleja un “uso populista del derecho como placebo” con artículos que buscan “dar una señal, pero que no tienen efectos normativos o regulatorios reales”.
