En el gobierno estiman que esta última movida argentina, en todo caso, está “fracasando”. Entienden que si se buscó la reacción del Poder Ejecutivo, la respuesta fue el “silencio” y si se buscó sembrar dudas sobre los negociadores uruguayos o su transparencia, el objetivo tampoco fue conseguido porque, por el contrario, provocó apoyo de todo el sistema político al embajador Bustillo.
En una reunión que mantuvieron Mujica, Almagro y el embajador uruguayo en Argentina, Guillermo Pomi, el lunes 6, el gobierno decidió “respaldar” a Bustillo en su cargo y en su accionar como presidente de la CARP, explicaron fuentes del gobierno. El diario “El País” informó esta semana que además, no se accederá a suspender su inmunidad.
Fuentes diplomáticas informaron a Búsqueda que el comunicado de la Cancillería argentina “atornilla en su sillón a Bustillo”. Más allá de eso, diversas fuentes políticas del oficialismo dijeron que se debería reevaluar su permanencia en la negociación si se quiere concretar la obra en el dragado.
Pese al escenario “complicado” —según advirtió el presidente durante la reunión de gabinete productivo esta semana— en el gobierno se mantiene la idea de que el tema tendrá una “salida”.
“Esto va a tener una salida, de eso no hay duda. Va a tener una salida para finales de setiembre”, explicó una alta fuente consultada por Búsqueda.
Según explicaron varios informantes, la “instrucción” dada es que el camino para “destrabar” el dragado implica “silencio público, moverse por abajo y de forma bien compartimentada”.
Denuncia.
En paralelo, fuentes del Poder Ejecutivo aseguraron a Búsqueda que el canciller Almagro ya presentó en las últimas horas su denuncia a la jueza Adriana de los Santos, en el Juzgado de Crimen Organizado de segundo turno.
El semanario “Brecha” había informado el viernes pasado de la decisión de Almagro “en solitario” de enviar los antecedentes a la Justicia.
Hasta ayer miércoles a última hora, la jueza no había recibido la denuncia. Pese a eso, quien ya analiza el tema es el otro juez en Crimen Organizado Néstor Valetti, quien estudia el caso a partir de una denuncia presentada en mayo por el abogado Gustavo Salle.
Según supo Búsqueda en base a fuentes judiciales, si hay una investigación en curso la práctica indica que se acumulan los expedientes en el juzgado que originalmente investiga la causa.
Por otra parte, en la investigación que ya se inició se oficiará en las próximas horas al Tribunal de Cuentas de la República para pedir toda la documentación recabada durante su auditoría, por la que investigó el proceso de la negociación.
Además, el fiscal Juan Gómez ya solicitó las actas de la negociación a la CARP, según informó “El Observador”. Luego de recabar toda la documentación, se comenzará a citar a testigos, entre ellos a varios jerarcas del gobierno.
Justicia “para avanzar”.
El sábado 4, varios integrantes del Poder Ejecutivo se sorprendieron ante un comunicado que generó “molestia” y que los llevó a transmitir, en caliente, la idea de que “se pudrió todo” con el gobierno de Fernández de Kirchner, según publicó “El Observador”.
La Cancillería argentina acababa de publicar un nuevo comunicado —el noveno— en el que se habla de la necesidad de concretar “acciones judiciales” para “avanzar” en la negociación. En él se apuntó directamente al legajo de Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la CARP.
En el texto se solicita “nuevamente” a Uruguay que “suspenda la inmunidad diplomática del embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros”.
“El embajador Bustillo es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema”, se agregó en el comunicado en el que se afirma que “llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea casualmente, que el embajador Bustillo preside la CARP que tiene jurisdicción en el Canal Martín García”.
El comunicado recuerda que en marzo de 2007 Bustillo “solicitó dos franquicias para importar sin impuestos dos automóviles Porsche 911 valuados en USD 98.000 cada uno, en clara contravención a la Circular Diplomática 6/2000”. Sin embargo esa causa está archivada en la Suprema Corte de Justicia.
Ese país también solicitó que Uruguay “responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia del embajador Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión”.
Según informaron fuentes de Cancillería, el exhorto —que ingresa mediante el Ministerio de Educación y Cultura— todavía no llegó a manos del canciller.
Fuentes diplomáticas explicaron a Búsqueda que ninguno de esos comunicados pudieron ser publicados sin el visto bueno de la presidenta argentina. Las fuentes también manifestaron su percepción de que en la Cancillería argentina está “predominando” la “línea obstruccionista” de varios funcionarios, muchos de ellos molestos ante la resolución del diferendo por Botnia.
En el gobierno también existe la idea de que la política interna del kirchnerismo está complicando también la resolución del tema (Búsqueda Nº1.673).
UPM.
Mientras la negociación por el dragado se lleva en “silencio”, Argentina también abrió otro frente al presentar una queja formal por una denuncia que la delegación argentina había hecho en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en setiembre de 2011 y que el Uruguay había contestado en diciembre de ese año
El sábado 4, el diario oficialista argentino “Página 12” publicó un artículo en el que daba cuenta de una nota de protesta formal enviada por el canciller Héctor Timerman a Almagro, respecto a un supuesto aumento de la producción anual de la planta de celulosa UPM (ex Botnia) “por encima del millón de toneladas” dispuesto como máximo por la Corte Internacional de La Haya.
Según informó ese matutino, en la carta se indica que ese aumento “no sólo significaría una violación de los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay, sino que estaría incrementando la contaminación y otros efectos nocivos en el curso fluvial”.
En su misiva, Timerman sostuvo que de acuerdo a los registros aduaneros de Uruguay, entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009, UPM superó el límite en 50.597 toneladas, al año siguiente en 97.407 toneladas y entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 se excedió en 98.855 toneladas.
En contraste, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) reiteró esta semana que la planta “no produce más de lo permitido” y que de hecho “está dentro de los parámetros autorizados”.
“UPM tiene autorizada una producción anual máxima de 1.120.250 toneladas, cuando está por llegar a ese nivel nosotros se lo comunicamos a la planta. Ellos paran y en general se aprovecha ese paro para hacer mantenimiento”, explicó al diario “El País” el director de ese organismo Jorge Rucks.
El integrante de la Comisión Administradora del Río Uruguay por el Partido Colorado, Luis Hierro, señaló en radio El Espectador que esa fue una demanda hecha por la delegación argentina en setiembre de 2011 y contestada por la parte uruguaya en diciembre de ese año. “Seguramente esto responda a otro tipo de tiroteo, no tiene que ver con las informaciones técnicas y precisas que hay en la CARU”, agregó.
El gobierno decidió no responder tampoco esa acusación.
