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Entre los tantos papeles que ocupan el escritorio del ministro de Transporte, hay un pequeño recorte de diario que informa de la muerte de un joven de 20 años en un choque de camiones en la Ruta 30 y recuerda su mal estado. Al lado, está la fotocopia del parte policial que descarta los problemas en la ruta como causa del choque. Cada vez que sospecha que un accidente puede tener relación con la situación de la carretera, Víctor Rossi manda pedir el parte policial para estudiarlo.
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En 2015, al comenzar su segundo período al frente del Ministerio —ya había ocupado el cargo entre 2005 y 2010—, Rossi se encontró con un panorama difícil. La tendencia positiva en el estado de conservación de las carreteras que había logrado dejar durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez se había revertido. Las rutas en mal estado aumentaban y aparecían incluso algunos “puntos críticos” que ponían en riesgo la circulación.
En 2015 y 2016 no logró el volumen de obras que pretendía. En el primer año, cuenta, tuvo “muy pocos proyectos” de la administración anterior para llevar adelante; en el segundo sufrió con las lluvias, las inundaciones y las dificultades para poner en marcha los contratos de participación público-privada (PPP). Preocupado por el ritmo de las obras, el ministro llegó a decir: “El tercer año tiene que ser un volcán en erupción” (Búsqueda Nº 1.873).
Aquella imagen puede llegar a ajustarse al panorama de ejecución que la cartera logró este año. Según datos proporcionados por el Ministerio de Transporte, en 2017 hay unos 240 proyectos de vialidad en curso entre los ya ejecutados, los que están en ejecución y los que están por comenzar a ejecutarse. De ellos hay 50 que corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad y 190 a través de la Corporación Vial del Uruguay (concesionaria estatal de 2.600 kilómetros de rutas nacionales).
Todas esas obras implican una inversión en vialidad de US$ 411.587.796 en el año. Esa cifra duplica la inversión de 2016, que fue de US$ 206.743.794 y supera también largamente los US$ 160.025.840 del 2015.
Estado de conservación.
Algunos tramos de la Ruta 30 eran en 2015 ejemplos de esos “puntos críticos” que ponen en riesgo la circulación. Ese tipo de situaciones fueron prioridad y hoy Rossi asegura que “ya no hay zonas intransitables”.
Pese a la atención inmediata de esos puntos críticos, Rossi reconoce que el estado de las carreteras en los dos primeros años del período “tendía a joderse”. En 2015 el índice de conservación mostraba que el 23% de las rutas eran muy buenas, el 16% buenas, el 24% regulares y el 35% malas (el restante 2% de la red quedó sin evaluar).
En 2016 el panorama fue aún más desalentador. El registro mostraba 22% de rutas muy buenas, 16% buenas, 17% regulares y 40% malas (5% quedó sin evaluar). El registro parcial a junio del 2017 parece indicar una merma en el nivel de deterioro. La cantidad de rutas en mal estado se ubica en el nivel más bajo del período, con 32%; las regulares se ubican en 17%, las buenas en 15% y las muy buenas en 17%. Sin embargo, aún aparece 19% de la red sin evaluar. Las rutas sin evaluar generalmente corresponden a obras que se están ejecutando.
“El volumen de inversión que estamos realizando va creciendo. En el 2017 vamos a cerrar mejor que lo que estamos”, dijo a Búsqueda Rossi, que en 2015 volvió a asumir como ministro con el objetivo de llevar las carreteras a un estándar superior de calidad.
PPP y proyectos especiales.
En paralelo a la ejecución presupuestal a través de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Corporación Vial del Uruguay, el Ministerio de Transporte avanza en la puesta en marcha de siete proyectos PPP. En agosto, finalmente comenzó la obra del llamado “proyecto 0” para las rutas 21 y 24, que se había licitado cuando Enrique Pintado era el ministro de Transporte.
La “PPP 1” para las rutas 12, 54, 55 y 57 fue adjudicada al Grupo Oriental, compuesto por las empresas Ciemsa, Traxpalco y Hernández y González. Ese mismo consorcio resultó también adjudicatario provisional de la “PPP 2”, que abarca las rutas 9 y 15. La “PPP 3”, con la que se refaccionará la Ruta 14, en tanto, fue adjudicada a un consorcio integrado por la española Copasa y la uruguaya Espina Obras Hidráulicas.
El gobierno canceló la “PPP 4” para la Ruta 26 porque requería una atención más urgente. La “PPP 5” para otro tramo de la Ruta 14 (Sarandí del Yi-Rocha) está en la etapa del estudio de “valor por dinero” y en los próximos meses se abrirá la licitación. En instancias de estudio similares se encuentran las PPP “6” y “7” para la Ruta 6 y la Ruta 3, respectivamente.
A este panorama de obras se suman proyectos especiales, como el viaducto de acceso al puerto de Montevideo, que se licitará en los próximos meses. El Ministerio está llevando adelante también —aunque excede sus competencias— unas 17 obras de jurisdicción municipal en distintos departamentos.
En paralelo, según contó Rossi, hay una carpeta de obras viales acordadas que serán necesarias para llevar la madera a la planta que la empresa proyecta instalar sobre el río Negro. La intención del ministro es que algunos de esos proyectos se inicien en 2019 y 2020 y sean continuados por el próximo gobierno. “Va a ser un factor de enorme desarrollo para esa zona. Les va a cambiar la vida a esos pueblos”, adelantó.
