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Ahora con la epidemia de Covid-19 más controlada, el gobierno de Luis Lacalle Pou se propone apretar el acelerador en torno a algunas acciones previstas en su programa que debió postergar ante la crisis sanitaria y económica. Pero, al mismo tiempo, asume que deberá administrar las batallas.
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Es que tiene abiertos varios frentes de confrontación, admitieron a Búsqueda fuentes oficiales. El más notorio es el de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que buscará defender en un casi seguro referéndum en 2022 impulsado por el PIT-CNT y el Frente Amplio. Pero ya en estos próximos meses la conflictividad laboral podría hacer ebullición con los Consejos de Salarios; algunos analistas estiman que el “malestar” sindical va a “explotar”.
Una reforma políticamente delicada es la de la seguridad social. Los representantes del oficialismo en la comisión asesora conformada a instancias del Poder Ejecutivo tienen “muy avanzado” un borrador con propuestas, pero el trabajo en subgrupos se cortó y los delegados frenteamplistas y de la central sindical se sintieron relegados. Es posible que la elaboración del documento final tome más tiempo y se prorrogue el plazo previsto, que vence la semana próxima.
Mientras, en algunos ámbitos del oficialismo no descartan que el proyecto de ley de reforma de la seguridad social podría tener que ser menos ambicioso de lo que algunos esperaban, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.
Uno de los cambios en el esquema de subsidios sociales, asociado también a la intención de transparentar y mejorar la gestión de Ancap, entró en una zona difusa esta semana. Surgieron críticas a la intención de rever la subvención universal que rige para el precio de la garrafa y hacerlo focalizado, reiterada el domingo 25 en Subrayado, de Canal 10, por el director de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Si bien no fue una novedad, el comentario del jerarca coincidió con el inminente anuncio de otro aumento de las tarifas de los combustibles para agosto, en el marco de la reforma que introdujo la LUC y que contempla ajustes mensuales asociados —básicamente— al precio de importación. Según informó El País en su título principal de portada, “el gobierno no se plantea modificar el subsidio al supergás”.
Una fuente de Ancap aseguró a Búsqueda que no está planteada una eliminación del subsidio sino que el esquema “necesita varios cambios”. Y agregó: “Hasta que alguien diga lo contrario”, el ente seguirá “trabajando para determinar escalas en función de políticas sociales”.
Empleados públicos
Otro capítulo de reformas que se había anunciado para formar parte de la Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento, y que finalmente no estuvo, es el referido a la definición de ocupaciones, niveles salariales y una nueva carrera administrativa.
“Decidimos ir por todo junto el año que viene, como todavía no teníamos avanzada la escala salarial y no habíamos podido testear funcionario por funcionario cómo entra con las nuevas ocupaciones”, dijo a Búsqueda el director de la Oficina del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos. Todo irá en el proyecto de Rendición de Cuentas que se enviará al Parlamento a mediados del 2022.
Agregó que “vino mucha discusión junta” y se entendió necesario un “período de información sobre cambios tan fuertes para poder explicar y que el funcionario esté orgulloso de decir: ‘Este sueldo vale, me lo gané’”, y al ciudadano para que “deje de mirar al sector público como privilegiado y con resquemor”, porque hoy “es imposible explicar racionalmente el valor público que agrega un funcionario a la ciudadanía, no tiene lógica”.
Algunos cambios planteados en el proyecto de Rendición a estudio actualmente del Parlamento también encontraron resistencias. Después de una negociación política, el oficialismo acordó retirar el artículo que habilitaba a los organismos públicos a tener depósitos en bancos que no fueran el República, informó El País. Esa era una medida defendida, en principio, por las autoridades del Banco Central, con el argumento de estimular una mayor competencia en el sistema financiero.
