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    Con versiones opuestas sobre sus efectos, el Mides sustituye un servicio territorial con 16 años de trayectoria por unipersonales

    Las autoridades aseguran que el nuevo modelo amplía la presencia de la cartera; los trabajadores dicen que elimina miles de horas de trabajo técnico, reduce presupuesto y precariza los vínculos laborales

    Un año antes de que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se creara en marzo de 2005, los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Familiar ya estaban desplegados en el territorio. Estos dispositivos se incorporaron a la cartera y se mantuvieron hasta hoy como política social, con modificaciones en el camino, entre ellas un pequeño cambio de nombre: ahora son los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat).

    El servicio se brinda a través de organizaciones de la sociedad civil o cooperativas con contratos de un año con opción a dos. El último llamado a licitación se hizo en 2019 para 72 Socat, y venció en julio de este año. Con pagos retrasados, está en proceso la firma de una prórroga para que las organizaciones y cooperativas (hoy quedan en funcionamiento unos 60 servicios) continúen su trabajo hasta noviembre o diciembre, pero también está claro que los Socat cerrarán este año.

    En su lugar, el Mides abrió un llamado para la contratación de 100 técnicos bajo el formato de empresas unipersonales. A la convocatoria se presentaron más de 5.000 postulantes, que están ahora en proceso de selección.

    Los Socat tienen tres líneas de trabajo: atención ciudadana, promoción de participación comunitaria y articulación territorial. Cada servicio está compuesto generalmente por unos tres técnicos con formación en trabajo social, ciencias sociales, psicología o educación.

    Según la página institucional del Mides, el Socat es un dispositivo de impulso al “desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local a través de la participación de vecinos e instituciones públicas y privadas, que tienen en común el hecho de trabajar o vivir en el mismo territorio”.

    Los trabajadores de Socat Lucía Carreras, Camilo Zino y Gonzalo Méndez, en diálogo con Búsqueda, intentaron traducir esa definición a la práctica. Según dijeron, en su trabajo cotidiano son canales para recibir y encauzar problemas como situaciones de violencia de género, desvinculación educativa, empleo o vivienda. En otras ocasiones son un recurso para que vecinos de los barrios puedan resolver barreras más concretas como agendarse para sacar la cédula, tramitar una pensión, hacer trámites, imprimir un currículum o hasta conseguir boletos para poder ir a un prestador de salud.

    En paralelo, contaron, son protagonistas en tareas quizás menos visibles. Ahí ganan más peso las líneas de trabajo de la articulación y la participación ciudadana. Un ejemplo son los nodos de familia —ámbitos de intercambio con instituciones y organizaciones vinculadas al tema y presentes en el barrio— o las mesas de coordinación zonales, que intentan unir a los técnicos de distintas organizaciones con los vecinos.

    Para ponerlo en términos generales, dijeron que en buena medida el trabajo consiste en transformar problemas e inquietudes de los barrios en demandas concretas de soluciones.

    Hay versiones opuestas sobre los efectos de la sustitución de los Socat. Mientras las autoridades del Mides aseguran que van a reforzar la presencia territorial y las horas de atención; los trabajadores lo ven como un retiro del ministerio de los barrios.

    “¿Cómo se puede tener un mayor despliegue territorial con menos horas de trabajo y menos presupuesto?”, se preguntó Zino, que trabaja en el Socat de Malvín Norte.

    Motivos del cambio

    Para el director nacional de Gestión Territorial del Mides, Alejandro Sciarra, existen varias razones que justifican la sustitución. El primer objetivo que persiguen las autoridades, según argumentó, es un aumento en las horas de atención.

    El jerarca explicó que los convenios con las organizaciones y las cooperativas que están a cargo de los Socat prevén 10 horas semanales de atención ciudadana. Dijo que las van a triplicar con los técnicos unipersonales que estarán dedicados 30 horas semanales a esa tarea.

    Las autoridades sostienen que habrá también un fortalecimiento y un mayor alcance de la presencia territorial de la cartera. Sciarra explicó que eso será posible porque las otras dos líneas de trabajo que desarrollaban los Socat —la articulación territorial y promoción de la participación ciudadana— dejarán de estar en el foco.

    Sobre la articulación, dijo que entienden que la función de “conversar, negociar y exigir mejoras” con otras instituciones le corresponde al Mides y, en consecuencia, la van a asumir otros programas y técnicos de la cartera. Respecto a las instancias de promoción de la participación, apuntó que tienen sondeos que indican que se habían convertido en ámbitos “muy reducidos”, que casi no intervienen los vecinos y terminaban reuniéndose “entre los técnicos de distintas organizaciones”.

    En la misma línea, dijo que había carencias en la evaluación del trabajo de los Socat, por lo que el ministerio pagaba horas de trabajo sin saber qué era lo que hacían los técnicos en ellas.

    Para Sciarra, el trabajo a través de ONG y cooperativas implica también una debilidad institucional. Sostuvo que en muchos casos las organizaciones tenían “sus propias estrategias y modelos de intervención”, que no necesariamente coinciden con las del ministerio. Como ejemplo, dijo que en algunos casos se convocaban reuniones en los barrios para tratar temas que no tenían vínculo con las prioridades de la cartera y sin informar.

    “A veces se desdibuja el límite entre cuándo actúan como organización social y cuándo actúan como representante en el territorio del ministerio”, dijo.

    Sciarra descartó que la dependencia directa de los directores departamentales derive en un condicionamiento político, algo señalado por los trabajadores. Por el contrario, lo ve como una herramienta de descentralización y una forma de que los lineamientos institucionales se vean mejor reflejados en el trabajo.

    “No nos pusieron en el lugar en el que estamos para seguir haciendo lo mismo. Hablaría mal de nosotros si dejamos todo como está. Estamos acá para cambiar las cosas que no funcionan bien”, concluyó.

    Impacto

    Los trabajadores de los Socat, que integran el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga), hicieron un análisis del impacto que tiene la sustitución del modelo actual. El cálculo compara la última licitación para organizaciones y cooperativas que se hizo en 2019 con el reciente llamado para contratar a 100 unipersonales.

    A nivel global sostienen que se van a perder 1.680 horas semanales de trabajo técnico. En 2019 se habían licitado, según el sindicato, 72 Socat, que, en promedio, implican 65 horas semanales; el nuevo llamado es para 30 horas semanales por cada unipersonal.

    La mayor pérdida de trabajo técnico semanal se da en Canelones, con 605 horas menos, y Montevideo, con 495. Maldonado y Soriano son los únicos que tienen un aumento de 100 y 30 horas respectivamente.

    La comparación también da cuenta de una reducción presupuestal de $ 2.968.166 mensuales.

    Constanza Robaina, secretaria de Organización del Sutiga, y Lucía Carreras, referente de los trabajadores de los Socat, apuntaron otros cuestionamientos al nuevo llamado. Uno de los asuntos que consideran problemáticos es la apertura en los perfiles educativos de las personas a contratar. En su opinión, el mensaje detrás de esa decisión es que no hace falta especialización para desarrollar el trabajo social.

    También ven con preocupación la falta de definiciones sobre el territorio en el que se van a desempeñar y la política social en la que se van a insertar. Otro elemento sobre el que advirtieron es la dependencia directa que tendrán los trabajadores de los directores departamentales, que son cargos políticos.

    “El Mides de a poco ha ido desbalanceándose cada vez más hacia las definiciones políticas en detrimento de las técnicas”, dijeron.

    Desde el punto de vista laboral, interpretan que el cambio es un paso más en la “precarización”. El Sutiga ya veía fragilidades en los derechos laborales en el sistema de organizaciones y cooperativas.

    Robaina y Carreras sostuvieron que en el cambio de los Socat se repite algo que atraviesa casi todas las áreas del ministerio desde el cambio de gobierno: la incertidumbre. La transición también está marcada por esa lógica. Según aseguraron, no tienen lineamientos claros del ministerio para transmitirles a los vecinos del barrio cuál será la continuidad.

    “La estrategia del Mides, por ahora, es que pasemos el contacto de estas familias a una lista anónima que alguien en algún momento va a heredar”, dijeron.

    Robaina y Carreras también hicieron énfasis en la importancia que en el trabajo social tiene la permanencia en el territorio y el conocimiento del entorno. En ese sentido, dijeron que el cambio va a implicar “una pérdida de capital acumulado”.

    “El ministerio está eligiendo perder ese capital”, afirmaron.

    “Es nuestro”

    Algunos vecinos allegados al Socat de Malvín Norte participaron de la concentración que el Sutiga hizo el martes 14 al mediodía frente al Mides, y en la tarde del día anterior habían pintado pasacalles denunciando el cierre del programa. También fueron los encargados de recolectar buena parte de las más de 1.000 firmas de vecinos que acompañaron una carta que presentaron en el ministerio.

    Alexandra Acosta, Virginia Almirón, Julio Consani —vecinos de Malvín Norte— lamentaron que el Socat del barrio cierre en un momento en el que la demanda de políticas sociales aumentó. Consani sostuvo que la presencia del Socat es relevante incluso cuando no puede darles respuestas concretas a los vecinos, porque al menos “visibiliza” los problemas.

    Almirón —que vive en el asentamiento Aquiles Lanza— dijo que, aunque apoya la situación de los trabajadores y las organizaciones involucradas, el foco de su defensa está en la comunidad. El Socat, dijo, no es de quienes brindan el servicio sino de quienes lo reciben. “Estamos perdiendo algo que es nuestro. Estoy peleando por el Socat como institución”, afirmó.

    También cuestionó la falta de comunicación y de claridad de parte del Mides y reclamó que “digan que van a cambiar el programa y cómo lo van a hacer. Que aparezcan. Que se muestren en los barrios”, reclamó.

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