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El Banco de Previsión Social (BPS) tiene el mapa de Uruguay dividido en regiones para facilitar el cumplimiento de algunos de sus servicios de salud. Así, por ejemplo, organiza mejor el traslado de las ambulancias que contrata para movilizar a adultos y niños que requieren la asistencia del organismo previsional. Para contratar una empresa que provea de las camionetas, las ambulancias o los vehículos especializados que sean requeridos por un usuario, el BPS divide el pliego en casi 20 líneas, según el origen y el destino del coche de salud. Las empresas que ofertan pueden hacerlo eligiendo las vías que mejor les convengan.
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En 2021, el BPS abrió una licitación por uno de esos servicios de traslados y, en junio de 2022, resolvió la contratación de varias firmas, aunque adjudicó la mayoría a una única empresa. El Tribunal de Cuentas observó el gasto, pero los directores resolvieron insistir por unanimidad. Más allá de esa resolución, que tuvo como argumento que no se interrumpa el servicio, la decisión fue cuestionada por otros directores y ameritó que se presente un recurso administrativo de parte de una de las empresas que perdió la licitación.
La adjudicación fue a la sociedad anónima Drot, por un total de $ 215 millones, según datos a los que accedió Búsqueda. La adjudicataria había recibido denuncias por tener coches que no tenían las “características adecuadas” para hacer los traslados. Esa empresa fue la adjudicataria de la mayoría de las rutas que el BPS licitó para los traslados.
Sin la calidad deseada
El Directorio del BPS resolvió, en mayo de 2022, la adjudicación a Drot por un año de una de las rutas para los traslados. El único voto en contra fue el del director por el sector empresarial en el organismo, José Pereyra, quien dijo que le “llamó la atención” la “puja” que había entre dos firmas y que se remonta a 2011.
En esa “puja” —dijo Pereyra en sesión del directorio que trató el tema— “hay siempre una diferencia económica a favor de la ganadora”. Así surge del acta de esa reunión, a la que accedió Búsqueda a través de un pedido de acceso a la información pública.
Pereyra pidió que los servicios del BPS revean la situación, que provoca que una de las empresas termine recurriendo la adjudicación. El director propuso que se realice un nuevo llamado a licitación, pero su posición quedó en minoría.
El presidente del BPS, Alfredo Cabrera, explicó en esa sesión que se trata de un “proceso de licitación en el que se adjudica a varias empresas”, pero agregó que hay una que se llevó los mayores porcentajes de las rutas adjudicadas, en referencia a Drot.
“Es un proceso de licitación donde los participantes son muy activos en defender sus derechos ante la administración constantemente”, agregó.
Los servicios técnicos del BPS tuvieron “especial atención” al redactar el pliego licitatorio para corregir “dificultades” que hubo en el pasado, informó Cabrera. “No siempre los servicios que se terminaron adjudicando han sido de la calidad que se desea”, explicó.
El vicepresidente del organismo, Daniel Graffigna, admitió en la sesión del directorio que con la empresa Drot se habían presentado algunas “dificultades” y se recibieron “algunas quejas”. Esas denuncias eran de vehículos “que no tenían las características adecuadas”, explicó.
El BPS buscó alternativas para encontrar una “solución a esas dificultades”, en un servicio que es “difícil de brindar por las características del país” y porque se trata de traslados de “larga distancia”, afirmó Graffigna. Agregó que la prioridad del organismo debe ser brindar buen servicio y, como segundo objetivo, el de “ejercer el contralor”.
En la respuesta al pedido de información, el organismo no incluyó el nombre de la empresa.
El recurso
La decisión que tomaron los directores oficialistas del BPS —que son mayoría— tenía la justificación técnica de los servicios del banco. La recomendación fue la de adjudicar a Drot y descartar la oferta de Cochería y Previsora del Norte, con el argumento de que esta se equivocó al ofertar.
Esta decisión hizo que la empresa perdedora iniciara un proceso administrativo para que quede sin efecto la adjudicación. Al tratar el asunto, los tres directores sociales (además de Pereyra, Ramón Ruiz, por los trabajadores activos, y Ariel Ferrari, por los pasivos) le dieron la razón a Cochería y Previsora del Norte, pero su posición quedó en minoría porque los cuatro directores oficialistas rechazaron el recurso, según informaron a Búsqueda fuentes del instituto previsional.
El presidente del BPS señaló que Cochería y Previsora del Norte quedó descartada de la licitación por equivocarse al ofertar. Propuso cobrar $ 5 por kilómetro recorrido, lo que fue considerado un error por los servicios técnicos del BPS, según los informantes.
Si se la compara con otros valores, ese precio es considerablemente menor. Una de las propuestas de Drot, por ejemplo, establece un valor de $ 46,20 por kilómetro. Por este motivo, se entendió que se trataba de un error.
Sin embargo, la empresa perdedora insiste en que esa cifra no se trató de un error y que efectivamente fue su oferta. En una respuesta a una consulta, Cochería y Previsora del Norte argumentó que el monto es el precio por kilómetro de “lastre”, lo que refiere tramo que “no corresponde al transporte del paciente”. Hacer otras combinaciones de rutas le permitiría a la empresa ahorrar parte de los costos de los traslados, alegó.
En la reunión del Directorio del BPS de 2022, Pereyra había estimado la diferencia entre una y otra oferta en $ 43 millones.
