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La filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), y los Estados de Venezuela y de Uruguay componen la lista de demandados por la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole), que busca cobrar una deuda de más de US$ 30 millones que ese país mantiene con la empresa uruguaya desde 2015.
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La decisión de Conaprole de ir contra el Estado uruguayo no fue bien recibida en el Poder Ejecutivo, que entiende que se trata de un problema heredado de la gestión anterior, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. Entienden además que implica un “cambio de estrategia” en la empresa, que hasta entonces no había apostado al mecanismo judicial para cobrar los adeudos.
“Los tiempos de negociaciones se agotaron porque no hubo avances y ahora lo dirigimos hacia la vía jurídica, no era lo deseado, sobre todo por los tiempos y la urgencia de los productores para hacernos del crédito”, señaló el presidente de Conaprole, Álvaro Ambrois, en una entrevista concedida a Radio Carve en agosto. “Gran parte de esta operación se cobró, pero cuando se trancó y no avanzó fue el camino que nos quedó. Lamentablemente tenemos que ir por este lado y lo que más nos preocupa son los tiempos. Queremos acelerar el proceso sea cual sea el gobierno”, sostuvo. En esa oportunidad, Ambrois evitó responder si se demandaría o no al Estado uruguayo y se limitó a decir que la demanda es “al deudor”: “los detalles no son para manejarlos públicamente; hay una estrategia que los asesores manejan”.
La Justicia convocó semanas atrás a una audiencia de conciliación que no tuvo resultados positivos, dijeron los informantes.
La deuda se generó a raíz de un incumplimiento de Venezuela de un acuerdo que había anunciado el entonces presidente Tabaré Vázquez a mediados de 2015. El convenio implicaba ventas de alimentos a ese país por 265.000 toneladas que se pagaban a la vez que se cancelaba una deuda que Ancap mantenía con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por US$ 267 millones. Ese dinero iba a ser depositado en un fideicomiso creado en la sucursal uruguaya del Bandes por Corpovex, el organismo estatal venezolano encargado de la compra de alimentos, de forma que los productores uruguayos tuvieran garantizado el cobro. Pero luego Venezuela pidió que el dinero se depositara en el fideicomiso China City Bank, y seguidamente el país “dejó de cumplir con su cronograma de pagos”, describió el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes en setiembre de 2019.
Los problemas con los pagos habían sido advertidos por las autoridades del gobierno a Conaprole pocos meses después de firmado el acuerdo. El propio Ambrois reconoció en una entrevista con En Perspectiva, en julio de 2019, que el 19 de noviembre de 2015 recibió una llamada de Nin Novoa advirtiéndole que “estaba complicado el tema de Venezuela” y aconsejándole que la empresa no embarcase más producción. En la nota, Ambrois explicó que esa decisión suponía una “enorme complejidad”, en la medida que la leche “ya estaba producida” y colocarla en otro mercado no era fácil. Según dijo, tras esa advertencia, solo hubo un embarque más que “ya estaba cargado” y “se fue días después de la llamada”.
Sin embargo, según datos a los que accedió Búsqueda, la empresa envió dos partidas después de la advertencia del 19 de noviembre. Unas 4.000 toneladas de “leche en polvo entera con vitaminas y minerales” que tenían como destino Venezuela fueron embarcadas el 22 de noviembre, y otras 4.000 más, la mitad de leche en polvo entera y la otra mitad de leche en polvo entera con vitaminas y minerales, el 6 de diciembre de ese año.