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Luego de una semana marcada por una conflictividad “sin precedentes”, según el análisis realizado por el Poder Ejecutivo, el gobierno del presidente José Mujica logró una victoria al desactivar —decreto de esencialidad y amenaza de sumario mediante— las ocupaciones que mantenían los trabajadores no médicos de la Administración de los Servicios de Salud Pública (ASSE).
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Así, el jueves 22 el directorio de ASSE, respaldado por el gobierno, resolvió que de continuar las ocupaciones del Hospital Vilardebó y del centro de salud de Ciudad del Plata inciadas 17 días atrás, o de incrementar las medidas tal y como se prometía, se descontarían varios días de sueldo a los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP). Además se estableció que al cuarto día se iniciaría un sumario a los trabajadores que mantuvieran las medidas de lucha, lo que abrió la posibilidad a la destitución.
En ese contexto, los dirigentes de la FFSP desocuparon los hospitales y resolvieron postergar la huelga general hasta el 10 de setiembre, con el objetivo de iniciar una mesa de negociación. El gobierno propuso a los trabajadores la redistribución de 30 millones de pesos del presupuesto de ASSE para contemplar sobre todo los salarios más bajos mediante una partida “por presentismo”.
El monto dista mucho de la reivindicación de la FFSP, que pretendía un incremento del sueldo base de $13.000 a $26.000. Según dijo a Búsqueda el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, la propuesta “es totalmente insuficiente”.
Los dirigentes del sindicato solicitaron como condición para negociar, el cese del decreto de esencialidad aprobado la semana pasada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de “limitar el derecho de huelga” de los trabajadores bajo la premisa de que la salud es un servicio esencial.
Sin embargo, luego de las reuniones mantenidas el lunes 26 y ayer miércoles en el Ministerio de Trabajo, la negociación no avanzó y el Poder Ejecutivo mantuvo vigente el decreto de esencialidad.
Según indicó Cabrera, “la de la semana pasada fue una situación compleja” y consideró “preocupante” que se decretara la esencialidad “sin consultar al sindicato, basándose en versiones de prensa”.