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A principios de la década de los 90, el asesinato de tres mujeres en manos de Pablo Goncálvez, el único criminal considerado asesino serial en Uruguay, estremecieron a la comunidad local. En ese entonces, la pena máxima de 30 años de prisión pareció insuficiente, y la población clamó por aumentar el tiempo de cárcel para los delincuentes más peligrosos. A raíz del revuelo, el Parlamento reinstaló en abril de 1993 las “medidas de seguridad eliminativas”, que habían sido suprimidas en 1985, y que habilitan a aumentar la prisión hasta 15 años en casos de “gravedad excepcional”.
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La conmoción por los crímenes de Goncálvez empujó la decisión legislativa, aunque no incidió en la situación del asesino serial porque la ley no permite que una norma penal más grave se aplique a un delito anterior. Tampoco tuvo demasiado impacto en la condena de criminales posteriores, ya que según varios especialistas consultados por Búsqueda, la extensión de la pena por 15 años casi no se aplicó.
La indignación que en las últimas semanas generó el abuso y asesinato de tres niñas —Brissa González, de 12 años, Valentina Walter, de nueve años, y una tercera de ocho años, asesinada por su padre— hizo resurgir con fuerza el clamor social por sanciones más duras y llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de restaurar la pena de muerte para los delincuentes “irrecuperables”. Algunos de los reclamos tuvieron eco en el Parlamento, y varios legisladores presentaron proyectos para endurecer las consecuencias para este tipo de criminales.
En el Partido Nacional, Jorge Larrañaga propuso discutir la cadena perpetua, Luis Lacalle Pou recordó varios proyectos que presentó años atrás para crear un registro de violadores y agravar las penas por los delitos de violación, y Verónica Alonso pidió analizar la castración química de los abusadores. El colorado Pedro Bordaberry insistió en la aprobación de un proyecto de ley para perseguir el grooming (acoso a menores través de la web) y se mostró afín a analizar la cadena perpetua y el registro de violadores. Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, advirtió sobre “reaccionar en caliente”, y propuso trabajar en la prevención.
El presidente Tabaré Vázquez también habló del tema, y pidió no “salir a la caza de brujas”, aunque dejó la puerta abierta para estudiar algunas de las iniciativas, como la de elaborar un registro público de pedófilos. “El gobierno está abierto a estudiarlos y a seguir buscando eventuales ayudas para superar estos problemas”, declaró en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en Lavalleja.
No obstante, al tiempo que el Palacio Legislativo se apresta a analizar las propuestas que tomaron fuerza en estos días, varios especialistas y operadores del sistema de Justicia advirtieron sobre los riesgos de legislar en contextos de alta conmoción social y cuestionaron las vulneraciones a los derechos humanos que conllevan algunas de las soluciones planteadas.
Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, “jamás” puede restablecerse la pena de muerte: “Uruguay debe estar orgulloso de haber sido de los primeros países en el mundo en eliminarla en 1907 y de establecer la prohibición en la Constitución de 1918”.
También la ministra de la SCJ, Bernadette Minivielle, rechazó de plano la reinstalación de ese castigo y advirtió que Uruguay ha firmado tratados internacionales, como el pacto de San José de Costa Rica, que le impiden volver atrás. “El Estado, a través del Derecho Penal, nunca puede ser más salvaje de lo que lo fue el individuo. No se puede responder al salvajismo con salvajismo”, afirmó.
El penalista Gustavo Bordes coincidió en que “es imposible volver atrás”, porque aunque se modificara la Constitución, los convenios internacionales que ratificó Uruguay lo impiden.
Por otra parte, en su opinión, la elaboración de un registro público “es absoluta y flagrantemente inconstitucional”.
Para el abogado Santiago Pereira Campos, presidente del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la cadena perpetua implica “partir de la base de la absoluta certeza de la irrecuperabilidad de un individuo”, y sin embargo “siempre hay un margen de duda sobre si la persona es o no irrecuperable”.
Para Pereira Campos, aun si se llegara a la conclusión de que los homicidas son irrecuperables, “un sistema penal no puede resignar la posibilidad, aun en los más graves, de que la persona sea rehabilitada”.
Por otra parte advirtió que “en materia de políticas públicas no se puede razonar basándose en un caso concreto”. Si se aplicaran las propuestas de los últimos días habría “un grave retroceso en materia de derechos humanos”, afirmó.
También en ese sentido, Bordes sostuvo que cuando la sociedad está “sufriendo un momento de tanta conmoción, sobre temas tan delicados, no es el mejor momento para hablar de soluciones, que sobre todo van en contra de principios básicos de la democracia”.
En una entrevista con Búsqueda esta semana, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, advirtió sobre “cobrar al grito” y recordó que ninguna de las medidas que se aprueben tendrán impacto en los responsables de las muertes de las niñas, debido a que una norma más gravosa no se puede aplicar en forma retroactiva.
45 años.
Cuando fue consultado sobre el tema, el presidente Vázquez señaló que los homicidas de las niñas podrían estar hasta 45 años presos.
Sin embargo, los especialistas consultados plantearon que es prácticamente imposible que un criminal cumpla toda la pena, ya que existen varios mecanismos para adelantar la salida. Goncálvez, por ejemplo, fue condenado a 30 años pero salió luego de 22. Si bien se le negó la libertad anticipada, pudo beneficiarse de la norma que permite redimir un día de pena cada dos días de trabajo o estudio. Ese beneficio aplica para todos los delincuentes por igual, independientemente de la gravedad del delito.
El presidente de la Corte dijo a Búsqueda que en su opinión eso debería ser revisado. Aunque “el sistema de redención por trabajo y estudio es excelente, porque estimula la rehabilitación, debería estudiarse una limitación del porcentaje de pena pasible de ser redimido”, opinó. Por ejemplo, que no pase del 20 o el 25%. Hoy no hay un límite y hay redenciones “muy abultadas”, afirmó. También consideró que se debería evaluar la exclusión del sistema de redención “a los autores de determinados delitos”, como los homicidios muy especialmente agravados, los femicidios o las violaciones.