Enfermos mentales, personas añosas con patologías propias del largo transcurrir, con trastornos cognitivos graves adquiridos o congénitos, con demencias producidas por el consumo abusivo de alcohol, con problemas psiquiátricos graves, severos, persistentes. Así de variadas son las características de las personas internadas en las Colonias de Asistencia Psiquiátrica (CAP, lo que incluye Etchepare y Santín Carlos Rossi) y en el Hospital Vilardebó, explicó ayer miércoles en conferencia de prensa el psiquiatra Horacio Porciúncula. Hay otros con problemas de conducta que han cometido delitos y que van allí por orden de algún juez, que “con buen criterio de protección” determinó su internación.
El 22 de febrero, 10 personas internadas en el Hospital Vilardebó por orden judicial fugaron. Además, fue tras la muerte, el 25 de marzo, de uno de los pacientes de la Colonia Etchepare por mordidas provocadas por una jauría de perros, que el Poder Judicial alertó sobre las condiciones de algunos pabellones de ese lugar. Según la resolución judicial del 28 de marzo, en algunas partes de Etchepare las personas “se encuentran en situación de riesgo físico, mental y carentes de una protección integral de su salud física y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos”.
El gobierno prepara respuestas para esa variada población. Están aquellos que ingresan por orden de un juez y también los que no dependen del Poder Judicial. Entre estos últimos, hay un grupo en rehabilitación que podría beneficiarse si se crearan formas, que están a estudio, de residencia, que colaboraran a la reinserción en la sociedad. Pero hay otro grupo integrado por aquellos que, sin familia, desvalidos y a menudo con problemas mentales, no podrán valerse por sí mismos. Estos últimos en las CAP son unas 300 o 400 personas que “morirán allí”, estimó Porciúncula. Actualmente la población ronda las 850 personas.
Judiciales.
La propuesta que cuenta con más avances es la solución para los pacientes judiciales. Su situación es compleja.
“A los hospitales psiquiátricos para crónicos como Vilardebó y Etchepare no pueden ir (los casos judiciales). Hay que buscar otra solución”, dijo a Búsqueda Enrique Soto, vicepresidente de ASSE. Jorge Ruibal Pino, ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) coincide en que las instituciones psiquiátricas “no están para cuidar presos judiciales, pero no hay lugar en donde ponerlos”.
En el Hospital Vilardebó hay 176 pacientes judiciales, la mayoría en la sala de mayor seguridad, la 11, y también en otras como la 16 y la 10. En Colonia Etchepare hay otras 180 personas por orden judicial en distintos pabellones y alojadas en el 24 las que requieren mayores medidas de seguridad.
ASSE está realizando una revisión de las personas recluidas en el pabellón 24, hoy en refacción. Allí hay 21 personas y estudian si es posible trasladar a algunas de ellas. La Justicia recomendó su trasladó, pero lo dejó a criterio de las jerarquías de ASSE. Según estimaciones oficiales, unas cuatro podrían ser ubicadas en otros sitios.
“Hay personas que han producido delitos de público conocimiento y no hay otro lugar en donde ponerlos con seguridad. No se trata solamente de confort y belleza, se ha pintado, cambiado el mobiliario y lo han prendido fuego, lo rompen por sus propias historias conductuales. Tenemos que encontrarles una solución”, señaló Porciúncula.
En unos días comenzará a funcionar una comisión —integrada por la Intendencia de San José, la Comisión de Zoonosis, organizaciones no gubernamentales, la Facultad de Veterinaria y el Ministerio de Salud— que por orden judicial debe prevenir la posible reaparición de perros en las colonias psiquiátricas.
“Como va a pasar con los perros —generar situaciones para que no vuelvan— con los pacientes tiene que ser lo mismo”, comentó Porciúncula.
“Los jueces van a volver a mandar a los pacientes a la Colonia. Este fenómeno ya lo preveíamos hace algunos años y ahora lo estamos viviendo: la judicialización de los pacientes psiquiátricos. Pensamos en alternativas que van más allá de ASSE”, dijo el psiquiatra. “Le estamos pidiendo al Poder Judicial en principio que no envíen más pacientes a las Colonias”, informó Soto.
Demoras.
Los jueces a menudo solicitan que estas personas sean evaluadas por un forense. Para eso, se coordina una hora para el peritaje con dos semanas de anticipación. El paciente debe ser trasladado al Instituto Técnico Forense acompañado por dos policías, pero a veces ocurre que no hay personal disponible o llegan tarde y se pierde la oportunidad. Como consecuencia, la salida de un paciente judicial puede demorar varios meses.
Ocurren situaciones en las que algunos “bochos que no tienen patología psiquiátrica sino trastornos de la personalidad, se aprovechan de otros, les dan manija, generan motines, queman colchones y los utilizan como carne de cañón”, relató Porciúncula a Búsqueda.
“El problema es de aceitar un poco el mecanismo. Pero se va a solucionar”, aseguró Ruibal.
Durante años un médico forense iba al Vilardebó a hacer las pericias una vez por semana, evaluaba a los pacientes y le informaba después a la Justicia, pero ese procedimiento de dejo de usar. “Ahora dispusimos que se vuelva a hacer. Que se acumulen las pericias para un día en la semana y que en lugar de trasladar al interno, el médico vaya al Vilardebó. Se hacía así históricamente, veinte años atrás”, informó Ruibal.
Nuevo hospital.
ASSE y el Ministerio del Interior (MI) planifican la creación de un hospital penitenciario.
Consultado por Búsqueda, el director general de Secretaría del MI, Charles Carrera, explicó que el hospital será construido en el predio del Complejo Carcelario Santiago Vázquez con dinero de la secretaría de Estado. Será erigido por los propios reclusos y se prevé que esté pronto antes de fin de año.
El proyecto está en discusión desde hace un año, pero tomó fuerza a partir de lo ocurrido en la Colonia Etchepare. En los últimos días el ministro Basso y la futura directora de ASSE, Susana Muñiz, se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para discutir el tema y acordar los detalles.
El objetivo del hospital penitenciario es que los presos no tengan que ser trasladados al Hospital Maciel ni a otros centros públicos para recibir atención básica y para alojarlos durante los periodos de internación. El nuevo hospital no tendrá un block quirúrgico para operaciones complejas, aunque sí se podrán desarrollar algunas intervenciones.
El proyecto es coordinado por Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación, y ASSE.
En una reunión en la que participó el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, se les planteó a los jueces el funcionamiento del nuevo hospital. Los magistrados derivarán a este hospital carcelario los casos psiquiátricos judiciales que hoy van al Vilardebó. Ahí se decidirá a dónde trasladarlos, si a la cárcel, al Vilardebó o a otro lugar que lo pueda contener en su enfermedad. “Sería una especie de salida previa para que no se acumulen en el Vilardebó”, explicó Ruibal.
Este hospital tendrá una sala especial destinada a estas personas enviadas por el Poder Judicial, como medida de “contención”, un paso “intermedio” para realizarles un peritaje. Ruibal informó que el Poder Judicial está de acuerdo con la propuesta.
ASSE ya cuenta con 240 funcionarios dentro del Sistema de Atención Penitenciario, pero necesitará unos “80 más” para el nuevo hospital, estimó Porciúncula. A estos trabajadores se les deberá remunerar muy bien para que acepten los cargos.
Con espacio.
En paralelo, desde ASSE trabajan para generar espacios más amplios dentro de las instituciones psiquiátricas. Evalúan alternativas como granjas con seguridad y espacios amplios para desplazarse, informó Soto. “Es muy difícil para estas personas con trastornos conductuales graves estar conviviendo en espacios muy pequeños. Por una ley física el roce aumenta, y aumenta la conflictividad”, dijo Porciúncula. Y añadió que se debe analizar cuidadosamente, ya que hubo “esos grandes espacios, pero se generaron escapes y se los volvió a compactar”.
Información Nacional
2015-04-09T00:00:00
2015-04-09T00:00:00
