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    Consultoría descarta impactos “de gran escala” para el sector farmacéutico si Uruguay adhiere a convenio sobre patentes

    Los efectos de adherir al convenio internacional sobre patentes (TCP, por su sigla en inglés) por parte de Uruguay —una de las exigencias que encierra asociarse al acuerdo Transpacífico— serían reducidos para la industria farmacéutica nacional y se registrarían en el largo plazo. Eso permitiría un “aterrizaje suave” o paulatino para que las empresas que se vean afectadas adecúen la estrategia de su negocio y actividad, señala un informe reciente realizado para el Ministerio de Industria (MIEM) por los consultores Juan Dubra y Néstor Gandelman.

    El documento Evaluación económica de la adhesión de Uruguay al TCP, al que accedió Búsqueda, releva evidencia internacional sobre el impacto en el número de patentes solicitadas en varios de los miembros de ese tratado (integrado por 156 países), estima los efectos esperados en el sector farmacéutico en Uruguay y plantea posibles “estrategias de mitigación” de impactos.

    A partir de una serie de supuestos y escenarios, los economistas estimaron que, 20 años después de que Uruguay adhiera al TCP, las ventas internas de productos sin patente caerían entre US$ 6,6 millones y US$ 19,8 millones (1,6% y 4,7%) para los laboratorios nacionales y el empleo en el sector disminuiría entre 0,5% y 1,4% (de 23 a 70 puestos respecto a la actualidad). En contrapartida, prevén un aumento en la comercialización de productos patentados de entre US$ 7,9 millones y US$ 23,8 millones, con lo que la participación de las multinacionales farmacéuticas crecería de 22% actual a entre 24,4% y 27,3% del mercado total. Esos cambios elevarían el precio promedio de los medicamentos entre 1% y 3%, pasando de US$ 3,606 a US$ 3,677, según la consultoría encargada por el MIEM.

    Con base en esos números, afirman que “se espera que la adhesión al TCP no genere impactos de gran escala” y los efectos que produzca sean “en forma paulatina”. Agregan que ello permitiría, en los casos que sea necesario, una “adecuación de las estrategias y actividades de las empresas que puedan ver afectadas partes de sus líneas de negocio” para que tengan un “aterrizaje suave” a la nueva situación.

    Estas conclusiones difieren con las que arrojó un estudio contratado por la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), en el que se advierte que adherir al convenio resultaría “perjudicial” para la industria en general y la farmacéutica en particular, además de traer consecuencias negativas para la salud pública porque elevaría el precio de los medicamentos (Búsqueda Nº 2.203).

    Uruguay es de los pocos países de América Latina que no ha adherido al TCP, que administra la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. El gobierno está analizando los pasos a seguir al respecto y considera para ello estudios técnicos.

    Impacto

    Para dimensionar el impacto económico que tendría en la industria farmacéutica en Uruguay la eventual adhesión al TCP, la consultoría parte de la caracterización del sector, basándose en estadísticas públicas y datos de gremiales.

    Según el informe, en 2021 las ventas en el mercado local se ubicaron en US$ 563 millones y, de ese total, 62% correspondió a laboratorios agrupados en ALN, 22% a los nucleados en la cámara de los que no tienen fabricación en el país (CEFA) y 16% a otros no agremiados. El sector emplea a unos 4.500 trabajadores.

    Los consultores realizan una simulación ex ante de los efectos que tendría sobre el mercado si el país adhiere al TCP, aunque aclaran que el análisis debe tomarse con “extremo cuidado” porque se basa en algunos elementos “conjeturales”.

    Los resultados del ejercicio que realizan para los 20 años posteriores a formar parte de ese convenio son “progresivos y evolucionan suavemente”, a pesar de que se supone que los precios de los nuevos productos que entran bajo patente son tres veces más caros que los que no tienen la protección.

    El estudio contempla tres escenarios suponiendo la entrada de tres, seis o nueve productos adicionales por año con patente. En el análisis de sensibilidad aclaran que se puede interpretar que entra una droga nueva (o principio activo) que sustituye a otras para distintos tratamientos, aunque existe la posibilidad que no haya desplazamiento de las que se estén usando.

    Apuntan que, según la evidencia internacional, “no debería haber cambios drásticos” en las solicitudes de patentes en Uruguay por el hecho de adherir al TCP.

    Agregan que, como el convenio “no tiene efectos retroactivos, los laboratorios locales no sufrirían un perjuicio” sobre las actividades que realizan ahora. “En todo caso, si las nuevas drogas desplazan las que hoy se producen aquí, es porque son terapéuticamente superiores. (…) En un extremo, el perjuicio sería por no poder copiar un producto mejor que no fue desarrollado en nuestro país”.

    El estudio también contiene una caracterización del sector de agroquímicos, pero no incluye una simulación de los efectos de adherir al convenio internacional.

    Mitigación

    Aunque los consultores no prevén impactos “de gran escala” si Uruguay adhiere al TCP, afirman que hay tres “recaudos” a tener a mano. Aclaran que, de hecho, ya forman parte de las políticas nacionales.

    En primer lugar, aluden a que se pueden tomar acciones ante el incremento del precio de algún medicamento en particular, por ejemplo, si se considera que desde el punto de vista sanitario es conveniente que llegue al público a un menor valor. En ese caso, señalan, podría otorgarse un subsidio puntual o incorporarse en lo previsto por el Fondo Nacional de Recursos.

    Segundo, plantean que se puede revisar la guía de procedimiento y examen de solicitud de patentes, además de los recursos humanos y financieros asignados a la oficina local de la propiedad intelectual para fortalecer el estudio en lo que se da en llamar la “fase nacional” del sistema TCP.

    En tercer lugar, hacen referencia al licenciamiento obligatorio como una “garantía” que rige en la actualidad (aunque no se ha usado en la práctica), tanto si se adhiere al TCP o no. Uruguay puede concederlo sin autorización del titular de la patente cuando existen “patentes durmientes” (que no son utilizadas o explotadas por razones estratégicas) para que no funcionen como una “barrera de entrada”.

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