La percepción de que los procesos aduaneros son ahora más eficientes —en tiempos y costos— que décadas atrás es compartida, en general, por los despachantes, los exportadores e importadores, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que asesoró y financió parte de la reforma. Pero si bien coincide con la necesidad de modernizar y profesionalizar el organismo, la Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) se ha parado del lado de enfrente desde el comienzo alegando que se trató de una acción inconsulta e impuesta: hoy asegura que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) está “cayéndose a pedazos” y que no controla eficazmente la frontera, como consecuencia de una gestión que en algunos aspectos asimila con la “corrupción”.
Corrupción.
“No puedo decir que Canon se haya quedado con un mango. Pero en los hechos, es una gestión de ocho años que no llega a buen puerto, van gastados US$ 30 millones o más, y se está satisfaciendo a agentes externos que lo salen a defender. Nunca vi que los chanchos hagan propaganda a favor de Cattivelli”, ironizó el presidente de la AFA, Roberto Valdivieso. “Se dice: ‘facilito, facilito’ el comercio exterior, y es “¡todo canal verde...! ¡No se controla! ¡Así, lógico que es una Aduana más dinámica!”, planteó. “La Aduana es soberanía, la que protege el trabajo y la producción nacionales. No es el tipo parado que saca los Garotos. Y lo que hay hoy es una Aduana de mentira”, complementó el secretario general del sindicato, Basilio Pintos.
“¿En qué se gastó la plata? Solo se le cambió la pintura a la fachada del edificio” del organismo, acusó Valdivieso. Y aseguró que la AFA presentará un pedido de acceso a la información pública para conocer en detalle cómo se usó el dinero destinado a la reforma de la DNA.
Para Valdivieso, la percepción de los aduaneros como corruptos “está metida en la gente. Quiero cambiar esa imagen, y eso también tiene que venir del director nacional. Y lo primero que dice es: ‘Voy a seguir demostrando que son coimeros” al afirmar que desde 2010 han sido sometidos a procedimientos disciplinarios con retención de sueldos 23 funcionarios, cuando, según la AFA, solo 11 terminaron destituidos. “Como sindicato les ofrecemos asesores, pero les decimos: si la cagaste, jodete”, enfatizó.
De todos modos, para él “esto no debe ser una pulseada para ver quién tiene más elementos de corrupción”.
Penca y jornada.
Los cuestionamientos que hacen a la gestión en la DNA son variopintos.
Uno actual es la organización de la Penca Aduanera Mundial Rusia 2018, en la que pueden participar todos los funcionarios y los practicantes de la repartición enviando, hasta el próximo 8 de junio, un correo desde una cuenta personal hacia una casilla institucional de la DNA. Según un primer mensaje interno, esta penca, coordinada por la Asesoría de Comunicación Institucional, tendría como premio un fin de semana para dos personas en un resort en el balneario Guazuvirá. Según las autoridades de la AFA, el establecimiento pertenece a un despachante de Aduana. “El uso de la tecnología y la infraestructura informática del Estado debe estar al servicio del comercio exterior del país; ahora está al servicio del director nacional, que avala como premio el alojamiento en un establecimiento turístico de un despachante. Dos más dos son cuatro. No me exijas que sea transparente cuando vos no lo sos”, dijo Valdivieso, refiriéndose a Canon.
“¡No es ético! ¿Esta persona dona a la Aduana un premio? ¿Por qué se acepta una donación? ¿O es que la Aduana compró esa estadía para un juego y se paga con el dinero de los contribuyentes? El decreto 30/2003 y la Ley 17.060 prohíben terminantemente todo tipo de colectas y de juegos en las oficinas públicas”, complementó Pintos.
Poco después de lanzada la penca, la mención al premio fue retirada. “¿Por qué lo borraron?”, preguntó ese dirigente. Se sacó tras algunas consultas, ya que la normativa no permite otorgar premios en una actividad como esta penca, con la que se buscó generar “empatía” entre el funcionariado, explicó a Búsqueda una fuente de la DNA.
Otro caso que les genera suspicacia a los dirigentes sindicales refiere a la realización, el miércoles 23, de una jornada de trabajo entre jerarcas y otros funcionarios convocada en una chacra cuyo dueño —aseguran— es un rematador de, entre otras cosas, mercaderías decomisadas en Aduana. Dicen que tienen el dato de que fue una compra directa por $ 71.000.
La DNA solicitó presupuestos a tres establecimientos para 100 personas. Si bien algunos presentan diferentes opciones, de esa información —proporcionada a Búsqueda por fuentes del organismo— surge que la chacra era la más económica: $ 700 más IVA por té, café y agua mineral de recepción, hamburguesas o chorizo con papas fritas o ensalada acompañada por refrescos o agua, helado de postre, y otro té o café después del almuerzo. La actividad pretendió “generar nuevas ideas”, dijo la fuente de la DNA.
Pero en la visión de Valdivieso, estas cosas son “cambio chico” comparadas con otros problemas que, según él, ocurren en el organismo encargado de controlar un negocio de comercio exterior de bienes que en 2017 movilizó más de US$ 16.300 millones.
Bella Unión.
El año pasado, el sindicato denunció que la jefa de la Aduana de Bella Unión incumplió con la obligación de informar que su esposo es el encargado del Depósito Fiscal Único, el recinto privado donde se almacenan, bajo control aduanero, las mercaderías “en tránsito” que luego van a las tiendas libres de impuestos y los free shops. La investigación administrativa no pudo probar que hubiera existido “mala fe” por parte de la jerarca, ya que sus superiores estaban al tanto de ese vínculo, pero sugirió considerar su traslado. Atendiendo que no es ella sino otro funcionario a su cargo el que controla el depósito, y que los operativos de incautación allí son derivados a Artigas, la mujer fue mantenida en la función. Pintos dijo que no sabe “qué hay atrás de todo esto”. Para Valdivieso, en el caso se llegó a una “solución salomónica (…). Total, si la plata no es mía… ¿Esto qué es? Es corrupción”.
De modo similar interpretan la situación que, dicen, se produjo tras el cierre de la Zona Franca de Rivera en julio de 2017 y las mercaderías que todavía permanecen bajo vigilancia de la DNA fuera del perímetro del enclave. “No sé si no es corrupción tener a tres funcionarios sin hacer nada”, afirmó el presidente de la AFA.
Edificios y scanner.
Un informe de evaluación final del programa de reforma de la DNA entregado por un consultor en 2014 destacó como “palmario” que se habían “ejecutado y afianzado los elementos fundamentales de la modernización de la institución”, tras partir de una realidad de “grandes dificultades”: “Estancamiento de los procedimientos aduaneros”, “opacidad y discrecionalidad de las actuaciones”, “imagen deteriorada de la Aduana”, “obsoleta en aspectos técnicos y con enormes resistencias al cambio por sus funcionarios por falta de motivación, de preparación o de miedo a la pérdida de privilegios”.
Según el consultor, en mantenimiento y mejoras edilicias se invirtieron más de US$ 10 millones. Si bien la AFA reconoce que hubo avances en ese aspecto, sostiene que todavía hay lugares en el interior del país donde los funcionarios trabajan en condiciones “deplorables”.
Otro gasto que cuestionan los sindicalistas es la adquisición, durante el gobierno pasado, de un scanner móvil, según dicen con un costo de US$ 300.000, destinado a hacer verificaciones de las cargas. Valdivieso señaló que el aparato “no funciona. Es lento para trasladarlo, se gasta mucho”. Pintos agregó que el equipo está sin uso, parado en el edificio sede de la DNA, en el puerto de Montevideo.
Carrera y caciques.
Para Valdivieso, “corrupción es gastar US$ 26.574.000 en una reestructura que el sindicato le dijo que era inconstitucional”. Esa cifra corresponde mayormente al dinero destinado globalmente a este “programa de modernización de la Aduana” —como lo denominan las autoridades—, que fueron inicialmente US$ 11,6 millones prestados por el BID e idéntico monto volcado por Uruguay.
Esta reforma implicó, entre otras cosas, la digitalización de los trámites aduaneros (lo que agiliza procesos y acota el riesgo de corrupción), un nuevo esquema de distribución entre el personal de las multas por incautaciones de contrabando y de incentivos por desempeño (también cuestionado por la AFA), así como la creación de unos 70 cargos de conducción por designación directa —con altas remuneraciones y acuerdos de gestión a 15 meses que fijan metas. Ese último aspecto, en el que se gastaron US$ 690.000 hasta 2014 según la DNA, fue recurrido por funcionarios y el sindicato, con el respaldo de 600 firmantes, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; en 2016 ese órgano anuló el sistema de nombramiento de altos mandos por entender que lesiona el “derecho al ascenso como parte de la carrera administrativa”. En ese momento, la Unión de Exportadores y la Asociación de Despachantes respaldaron en los medios de comunicación a Canon y su reforma. Frente a la determinación del tribunal, el Poder Ejecutivo emitió un decreto provisorio para subsanar las objeciones señaladas y actualmente se está a la espera de uno definitivo. “No tenemos expectativas” positivas al respecto, indicó Valdivieso.
Desde su visión de que la “modernización” ha sido un fracaso, la contratación y recontratación de consultores con sueldos que consideran elevados también son cuestionadas por la AFA. “Hay gente que está cobrando al santo botón. Hay mucho cacique y poco indio”, disparó el presidente del sindicato.
