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Algunos casinos y salas de esparcimiento en Uruguay operan bajo lo que se denomina sistema “mixto”: un privado hace la inversión en esa infraestructura y el Estado, que explota directamente los juegos, les paga una contraprestación fija.
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Bajo ese esquema funcionan los casinos del Radisson Victoria Plaza, los de Rivera y Salto, así como las salas de Hípica Rioplatense (HRU) en 18 de Julio y Yaguarón, Montevideo Shopping, Géant, Las Piedras y Pando. La emergencia sanitaria por el Covid-19 afectó su negocio: estuvieron cerrados durante casi cinco meses en 2020 y tres y medio en 2021.
El Ministerio de Economía (MEF) entendió que no correspondía pagar el arrendamiento por ese período de inactividad. Frente a eso, el año pasado las empresas hicieron un planteo conjunto pidiendo un ámbito de negociación “como cualquier actividad” que se vio afectada a raíz del Covid-19, dijo a Búsqueda una fuente del sector. Si bien es cierto que en esos meses la Dirección General de Casinos (DGC) no produjo ingresos por apuestas en casinos o slots bajo el régimen mixto, la infraestructura se mantuvo “a disposición” y los privados debieron hacerse cargo de gastos de mantenimiento y seguridad, agregó.
El planteo fue acompañado de informes “muy potentes” elaborados por juristas grado 5 que sostienen —según la fuente— que debe haber un “equilibrio” en la relación contractual, “bases razonables”, aun ante situaciones imprevistas y “buena fe” de las partes.
La DGC abrió un expediente y hubo un intercambio que, en un principio, pareció encaminarse a un arreglo. Pero en las últimas semanas “se enfrió” sin que hubiera una razón clara, dijo el informante. “Sigue habiendo conversaciones, pero están poniendo ‘peros’”, acotó.
Los empresarios dejaron claro a las autoridades su disposición a negociar. “No quisimos ir a un conflicto yendo por todo” el arrendamiento y sin exigir que haya pagos ahora sino “hacia delante”, a fin de que “no fuera un problema” para el gobierno, contemplando que debió incurrir en gastos extraordinarios en el contexto de la pandemia, explicó la fuente. De hecho, según dijo, en esas conversaciones “no se habló de números” concretos.
El adeudo por los arrendamientos ronda los US$ 9 millones en el caso de HRU y un monto similar a los otros privados involucrados en el régimen mixto.
Para HRU el arrendamiento de los cinco locales le aportaba el 67% de sus ingresos netos a setiembre pasado, según un análisis de la calificadora FixScr, de FitchRatings. La situación de impago que se planteó tras el cierre de las salas explotadas por la DGC es “brutal, enorme”, aunque no implica un “riesgo de continuidad” de la empresa, señaló una fuente.
