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Este enero, los bancos privados pagarán por segunda vez los ajustes salariales a su personal —unos 4.000 empleados— bajo las pautas fijadas en un convenio innovador para el sector y que buscó tener en cuenta la realidad del negocio. Pero según un análisis de especialistas de CPA/Ferrere, el acuerdo pega de manera distinta a las instituciones financieras y configura un “incentivo más a la concentración” bancaria.
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El convenio colectivo, con vigencia de tres años, prevé una fórmula de ajuste que —entre otras variables— tiene en cuenta los resultados que logran el conjunto de los bancos privados, descontados los costos laborales.
“En términos generales, la aplicación de ajustes salariales en función de parámetros que recogen la realidad sectorial en forma objetiva constituye un avance en relación al régimen anterior, donde los ajustes surgían de negociaciones cuyos resultados obedecían a factores que en muchos casos no contemplaban la heterogeneidad inter e intrasectorial”, señala la consultora en un análisis.
Advierte que el uso de indicadores promedio “podría perjudicar a las instituciones con peor desempeño relativo, en particular a los bancos de menor tamaño”. Ello porque estos “se verán obligados a otorgar aumentos salariales a la par que sus competidores más rentables, incluso aunque alguna institución particular esté registrando resultados negativos y descensos de la productividad del trabajo”, explica.
Adicionalmente, los especialistas de CPA/Ferrere agregan que “en términos de largo plazo, en la medida en que el negocio bancario cuenta con economías de escala, los bancos más grandes estarán en mejores condiciones de asumir los ajustes salariales, por lo que este tipo de mecanismos de ajustes salariales podría inducir a los bancos más pequeños a asumir una estructura de costos laborales poco sustentable en términos de sus propias condiciones económico-financieras”.
Bruno Gili, socio de esa consultora, dijo a Búsqueda que el análisis lleva a pensar que, si bien el convenio es positivo, sería conveniente permitir más flexibilidad en la negociación para contemplar las situaciones específicas de cada entidad y para perfeccionar aspectos como el efecto de los resultados por diferencia de cambio de los bancos sobre el indicador de productividad.
Si no hay flexibilidad, el banco “que en un determinado momento es más rentable y más potente, tiene un beneficio respecto al resto” de las entidades del sistema, afirmó.
“Dado que la relación costo-ingreso se vuelve más negativa para los bancos chicos, la escala se transforma en el factor determinante para competir. De ser así quedarán cuatro bancos. ¿Eso es lo que quieren el gobierno, el regulador, AEBU (el sindicato de empleados bancarios) y las empresas? ¿Son conscientes de las implicancias que puede tener esa situación? Por esto solo no se van a comprar o a vender bancos. Pero en un contexto donde hay mayores costos regulatorios y necesidades de capital de los bancos, donde la relación costo-ingreso es en Uruguay de la peor en América Latina y donde a la banca internacional le complica estar en regiones alejadas de su matriz, si este mecanismo no se corrige y se permite cierta flexibilidad se convierte en un incentivo adicional para que se sigan fusionando las entidades”.
Y agregó: “¿Es lo que están buscando? Después, cuando queden unos pocos bancos, a llorar al cuartito...”.
Señaló que una profundización del proceso de concentración del negocio bancario en Uruguay “hace inviable mantener los puestos de trabajo. Si se consolida (la plaza) habrá menos empleos y la Caja Bancaria tendrá problemas”.
“Estos convenios, discutidos sin entender que la banca además compite con otros actores —las casas financieras, las redes de pago, el comercio minorista, las telefónicas— podrían tener como consecuencia una mayor concentración o hacer inviables algunas instituciones”, dijo Gili.
“No abro opinión sobre si es buena o mala la concentración, sino que llamo la atención sobre las posibles consecuencias” de una mayor concentración, aclaró.
Actualmente operan en la plaza uruguaya 12 bancos privados, aunque algunos —como Santander, BBVA, Itaú y Nuevo Comercial— tienen una participación de mercado mayor que el resto. En 2000 había 22 entidades.
El acuerdo bancario.
La mitad de los costos operativos de las entidades financieras son salariales, en parte porque las remuneraciones y los aportes previsionales son mayores que los de otras ramas. El convenio colectivo en los bancos privados fue firmado a fines de 2012 y entró en vigor el 1º de enero del año siguiente, con duración hasta 2015.
Días después de su entrada en aplicación, en enero de 2013, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, dijo que si bien el acuerdo no fue “absolutamente satisfactorio” es positivo que incorporara indicadores de productividad. “El hecho de que eso esté en la fórmula fue un progreso importante y podemos hablar de que hacia el futuro los aumentos salariales por lo menos estarán ponderados por los resultados de los bancos”, señaló entonces (ver Búsqueda Nº 1.696).
Además de un componente de productividad general en la economía, el convenio laboral de la banca privada incluye uno específico sobre la productividad sectorial (considerando el volumen de negocios y el empleo a diciembre de cada año). El coeficiente de ajuste por este componente es de 0% si la variación es negativa y un máximo de 4% si el aumento es igual o mayor a 4%.
Un tercer componente busca relacionar el ajuste salarial con la rentabilidad agregada de los bancos privados a partir de un indicador de productividad (que computa el ratio entre el resultado de las entidades antes de los costos laborales y los gastos en mano de obra). El ajuste por dicho componente se aplica en función de una tabla que vincula intervalos del índice con un coeficiente determinado de corrección, lo que implica que puede variar entre más o en menos 4%.
Los aumentos combinando estas tres variables se aplican en enero de cada año (para conocer el incremento del mes próximo los bancos deben tener cerrados sus ejercicios) y, paralelamente, en julio los trabajadores reciben un ajuste en función de la inflación esperada para el año siguiente y un correctivo por la diferencia entre el IPC previsto y la real del período anterior.
CPA/Ferrere propone en su informe perfeccionar la fórmula de ajuste excluyendo los resultados por diferencias de cambio del índice de productividad con el argumento de que —al igual que la inflación— las mismas “impactan fuertemente en los resultados” de los bancos pero no están vinculadas “al esfuerzo de los trabajadores”.