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    martes 04 de junio de 2024

    Corporación que gestiona el seguro de depósitos incorporó a dos directores por designación política

    La entidad, a cargo hoy de más de US$ 1.100 millones del fondo de garantía de ahorros bancarios, completó su directorio con un contador de Cabildo Abierto y otro propuesto por el Partido de la Gente

    Desde hace más de 15 años que no quiebra una institución financiera en Uruguay; si eso ocurriera ahora, los depositantes tendrían asegurada la recuperación de parte o todo su ahorro —dependiendo del monto y la moneda de la cuenta—, más allá de los reclamos que pudieran hacer frente a la entidad fundida. Esa certeza de cobro está dada por una institucionalidad surgida tras la última gran crisis bancaria, la del 2002: la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab).

    Su sede se despliega en un piso en un viejo edificio de la calle Treinta y Tres, en la Ciudad Vieja, y cuenta con un presupuesto que, en 2022, orilló el equivalente a US$ 3 millones. El personal es reducido ­—unos 20 funcionarios­— y mayormente técnico, aunque en los últimos tiempos la conducción de la Copab tomó un viraje político. Junto al presidente, Daniel Dominioni —un economista que hizo larga carrera en el Banco Central—, integran actualmente el Directorio Darío Abilleira y Andrés Pratto, el último en entrar, el 11 de diciembre, después de aprobarse en el Parlamento su venia tras un primer rechazo. Abilleira está vinculado a Cabildo Abierto. Pratto, a su vez, fue propuesto por el Partido de la Gente, dijeron a Búsqueda fuentes políticas y del sistema financiero. Ambos están designados en sus cargos por ocho años, prorrogables por un segundo período.

    Según el último presupuesto publicado de la Copab —de 2022—, los sueldos ese año fueron de $ 257.008 para el presidente, $ 220.294 el vice y $ 176.235 el director, aunque, como el resto del personal, cobran prima por antigüedad, aguinaldo, salario vacacional, tickets alimentación (entonces $ 621 por día hábil) y se les reintegran los gastos médicos (también de su cónyuge e hijos).

    La Copab

    La ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario (17.613) aprobada a la salida de la crisis del 2002 previó la conformación de un mecanismo de seguro de depósitos, que primero funcionó en la órbita del BCU y luego pasó a gestionar la Copab tras su creación. La corporación se encarga de administrar el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios (FGDB) como un patrimonio de afectación independiente y sin personería jurídica nutrido principalmente de los aportes obligatorios de los bancos y cooperativas de intermediación financiera determinados en función de rangos de “riesgo”. Esa plata se va acumulando —US$ 1.122 millones a setiembre pasado— para, en caso de una quiebra, poder reintegrar ahorros a los depositantes (hasta US$ 5.000 por los saldos en moneda extranjera y un máximo del equivalente, en pesos uruguayos, a 250.000 unidades indexadas para las cuentas en moneda nacional, por persona). El FGDB está invertido en depósitos en bancos del exterior y en el BCU, así como en títulos de deuda pública uruguaya.

    Hasta ahora, la garantía se activó una sola vez. Fue en febrero de 2006, cuando cerró la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (Cofac): unos 80.000 ahorristas cobraron los montos garantizados por el seguro de depósitos, que totalizaron el equivalente a US$ 47 millones.

    Otro cometido de la Copab, además de recaudar los aportes de las instituciones de intermediación financiera y administrar el FGDB, es gestionar los activos de las entidades fundidas (queda muy poco por recuperar de los bancos quebrados en 2002 y Cofac fue adquirido por Bandes).

    La conducción de la corporación está a cargo de un directorio, integrado por un presidente, un vice y un director, que son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado para mandatos de ocho años con vencimiento escalonado. En el caso del director, el nombramiento debe recaer en un candidato de una terna propuesta por las instituciones aportantes al FGDB.

    Su primer directorio lo integraron Adela Hounie (presidenta); Hugo Libonatti (vicepresidente, que estuvo dos períodos, hasta 2014) y José Antonio Pini (director).

    En enero de 2018, Dominioni asumió como presidente, mientras que Abilleira acaba de cumplir su primer año en funciones. Al tramitar en el Senado el pedido de venia del Poder Ejecutivo en una sesión de diciembre de 2022, el entonces senador cabildante Raúl Lozano —hoy ministro de Vivienda— presentó el currículum de Abilleira: es un contador con varios posgrados en temas tributarios, y entre su actividad privada mencionó haber sido jefe de Contaduría en Innotech S.R.L. y en Montecon S.A. en la Terminal Portuaria de Montevideo entre 2007 y 2014, además de “ayudante en estudios de distintos contadores”. En el sector público trabajó en el Ministerio de Vivienda, entre 2003 y 2004. La venia se votó por 25 en 25.

    Como profesional, desde 2020 Abilleira ha sido el firmante de los informes anuales de rendición de cuentas de Cabildo Abierto ante la Corte Electoral.

    Una fuente dijo a Búsqueda que ese contador “no tiene las credenciales que pide la ley” para ocupar el cargo. Mencionó el artículo 18 de la ley 18.401, según el cual los integrantes del Directorio de la Copab deben ser “ciudadanos que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”.

    La llegada del nuevo director de la Copab fue mucho más discutida para un cargo que, de hecho, estuvo vacante durante varios meses.

    Lo habitual era que los bancos concertaran una terna a proponer al Poder Ejecutivo, pero esta vez eso no pasó. La Asociación de Bancos Privados terminó ofreciendo dos —Gabriel Feldman y Mónica Suffia, ambos con trayectoria en el sector bancario— y el Banco República (BROU) postuló a Pratto, después de alguna intervención política; su directorio votó dividido. El director por el Frente Amplio en el BROU, Leandro Francolino, se opuso por “entender que el candidato propuesto, de acuerdo a la información que consta en su currículum vitae, no cuenta con los antecedentes profesionales y conocimientos en la materia requeridos”, consta en una resolución.

    En el Banco Hipotecario (BHU) el tema se trató en varias sesiones de directorio. El 27 de julio pasado, después que el BROU le propusiera el nombre de Pratto, tomó una resolución: “Oficiar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco de la República Oriental del Uruguay comunicando que el BHU no propone ningún candidato a tales efectos”, consignó en un acta.

    En el Senado, el nombre de Pratto también tuvo idas y vueltas.

    El pedido de venia del Ejecutivo fue remitido en setiembre de 2023 y la cámara lo trató en una sesión de mediados de noviembre. El senador blanco Rodrigo Blás, como miembro informante, presentó al candidato como con “vasta experiencia laboral en diversas áreas. Se desempeñó como inspector de la División Fiscalización de la Dirección General Impositiva. Fue asesor en proyectos de inversión, asesor profesional independiente en áreas financieras, planes de negocios, administración y proyectos de inversión en elaboración de proyectos para la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (...); fue vendedor, asesor, y desde el 2019 a la actualidad es socio en una empresa del rubro de importación y distribución de productos farmacéuticos y accesorios de perfumería”. Para él, el currículum del contador Pratto era “más que elocuente y reúne suficientes condiciones como para poder desempeñar el cargo de miembro del Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario”.

    El frenteamplista Mario Bergara lo frenó. “Nosotros no estamos en condiciones de acompañar esta solicitud de venia, en primer lugar, tomando en consideración que no está en el conjunto de los acuerdos políticos porque, justamente, esta venia no debe tener una raíz en la distribución política de distintos organismos”, alegó.

    Añadió que “está claro que, justamente, para darle la independencia técnica que este organismo debe tener (...) se procuró salvaguardar las características técnico-profesionales de su directorio”. También apuntó que la designación escalonada “se despega” del “ciclo electoral, político y de la administración del gobierno” como una de las “prevenciones” que apuntan a que “fuera una designación con un componente técnico fundamental, no fruto de la distribución que normalmente se hace de los cargos en el terreno político para los distintos entes”.

    “No vamos a plantear aquí un cuestionamiento a la persona –que, por otra parte, no conocemos–, pero sí debemos decir que tiene que respetarse lo que está planteado en la ley”, reclamó Bergara.

    El hoy precandidato presidencial también hizo notar que “no está incluida en el mensaje del Poder Ejecutivo ninguna información que refiera a que el nombre surja de un proceso con una terna propuesta por las instituciones aportantes, como dice la ley”.

    La venia de Pratto fue rechazada. Pero el 21 de noviembre el Ejecutivo insistió en proponerlo como director de la Copab y, un día después, en Cámara, los senadores Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Carmen Asiaín (Partido Nacional) y Germán Coutinho (Partido Colorado) presentaron una moción para declarar urgente el nombramiento; después de un breve intercambio, así ocurrió.

    Según informó El País el 10 de enero, el presidente Luis Lacalle Pou se comunicó con el diputado Peña a fines de diciembre para manifestarle que creía necesario que consolide el liderazgo en el Partido de la Gente y que, incluso, sea precandidato, para de esa manera salir a hacer campaña reforzando la chance de la coalición multicolor en las próximas elecciones. El diario consignó además que hubo “gestos” hacia ese socio político al haberle dejado dos cargos: el de Pratto, “hombre de confianza de Peña”, y la Vicepresidencia del BHU.

    Economía
    2024-02-14T19:06:00