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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó esta semana un nuevo sistema de ascensos para los jueces, en atención a un viejo reclamo de la Asociación de Magistrados (AMU), que abogaba por criterios más transparentes. Aunque la Corte se ha negado a aplicar la Ley 19.830, que con el apoyo de AMU y el impulso de legisladores del Frente Amplio fue aprobada en 2019 para regular la carrera judicial, algunas aspiraciones de la norma fueron contempladas en la nueva reglamentación.
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La acordada Nº 8.140, firmada el lunes 28 por los ministros Elena Martínez, John Pérez, Bernadette Minvielle y Doris Morales —sin la rúbrica de Tabaré Sosa—, señala que es “necesario aprobar una regulación integral en materia de calificaciones y ascensos” para “brindar la máxima transparencia y claridad en los procedimientos de selección”.
Los ministros agregan que consideran “oportuno y conveniente uniformizar en una reglamentación las diversas normas de la materia en un texto único, estableciendo con ello reglas de juego claras y precisas en el sistema de ascensos de magistrados”.
El objetivo coincide con los reclamos de la asociación de jueces. Fuentes de la Corte explicaron que si bien no se recogieron todos los contenidos de la propuesta de reglamento que presentó la AMU a los ministros, sí se buscó contemplar la inquietud de los jueces por un sistema más claro y transparente.
Concursos y otras novedades
Uno de los problemas que busca resolver la nueva normativa es la situación de los jueces de primera instancia, que, debido a que sus sentencias no son apeladas, no llegan a los tribunales de segunda instancia y por lo tanto sus superiores procesales no tienen oportunidad de valorar su trabajo. En esos casos, la acordada prevé que los jueces que deseen ser evaluados envíen dos sentencias, las que se valorarán junto a otras dos seleccionadas de forma aleatoria. Así, “se garantiza que los jueces puedan ser calificados y no deban depender de la impugnación de sus decisiones judiciales”.
Otra de las novedades de la reglamentación es que la Comisión Asesora, que elabora cada dos años una lista de los magistrados mejor calificados para ascender, deberá tener en cuenta, además de las calificaciones de los superiores procesales y la capacitación permanente en los cursos del Centro de Estudios Judiciales, el resultado de las pruebas de los concursos.
Además, la comisión —hoy integrada por ministros de tribunales, el Colegio de Abogados y la Universidad de la República— incorporará a un representante de las universidades privadas.
Por otra parte, cuando los ministros de apelaciones evalúen a los jueces de primera instancia, ahora deberán considerar diversos ítems por separado y no hacer una evaluación general. Tendrán que valorar el nivel de conocimiento sobre el asunto a dilucidar y la fundamentación lógica del juez en la sentencia; la corrección en la tramitación desde el punto de vista procesal y la dirección de las audiencias; los plazos para la fijación de audiencias y para dictar sentencia; y la duración de los procesos, tomando especialmente en cuenta las demoras que son responsabilidad del magistrado. Cada punto se valorará con una nota de bueno a sobresaliente y luego se pondrá una evaluación global.
Respecto a los concursos, la acordada establece que se realizarán de forma anual para ascender a los cargos de ministro de tribunal, juez letrado de primera instancia de la capital y juez letrado de primera instancia del interior. En el caso del ascenso a los tribunales, los jueces podrán concursar en las áreas Civil, Laboral, Penal o Familia. En el caso del concurso para juez de la capital, las áreas se dividirán en Civil (en sentido amplio, incluye Familia, Contencioso Administrativo, etc.) y Penal (que incluirá Adolescentes, Familia Especializada, Aduana). En los concursos para juez del interior, el examen abarcará todas las materias.
El tribunal examinador se integrará por tres miembros: dos profesores de Derecho grado 4 o 5 designados por la Corte y uno elegido por la AMU. Las bases del concurso serán elaboradas por el tribunal examinador junto con el Centro de Estudios Judiciales y consideradas por la Corte. Las pruebas serán confidenciales y anónimas en todas sus etapas hasta la publicación del resultado.
Además, cada magistrado podrá remitir anualmente los méritos jurídicos relevantes que desee destacar para que la Comisión Asesora los considere.
Antecedentes
Un año después de que el Parlamento aprobara la Ley 19.830, que introdujo cambios a la Ley de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Nº 15.750) —entre ellos la incorporación de concursos de oposición para ingresar y ascender en la carrera judicial— la Suprema Corte presentó una demanda de inconstitucionalidad en su contra.
Los ministros de la Corte explicaron que no discrepaban con el contenido de la ley, sino con el hecho de que fuera el Parlamento el que impusiera los cambios, porque consistía una “intromisión” que vulneraba la separación de poderes (Búsqueda Nº 2.042).
Mientras se tramitaba el recurso —que aún no fue resuelto—, la Corte y representantes de AMU instalaron una mesa de diálogo para acordar una nueva reglamentación, en línea con la ley. Aunque hubo algunos avances y se llegó a convocar a concurso, no se terminó de diseñar un sistema claro. La convivencia de viejas normas con nuevas modificaciones generó incertidumbre entre los jueces y desde AMU cuestionaron un cambio de reglas “en medio del partido” (Búsqueda Nº 2.127).
El tema llegó incluso a provocar discrepancias entre los propios ministros de la Corte, que no coincidieron en el criterio a usar para instrumentar los ascensos (Búsqueda Nº 2.126).
Durante la presidencia de Sosa el año pasado el diálogo con AMU se interrumpió, al punto que todos los gremios judiciales decidieron no asistir a la tradicional celebración del Día del Poder Judicial en diciembre. Pero el cambio de mando en la conducción de la Corte, ahora en manos de Pérez, cambió los ánimos y reanudó el diálogo. En una entrevista en febrero, el nuevo presidente declaró a Búsqueda que reglamentar de forma clara la carrera judicial sería una de sus prioridades (Nº 2.158).
Ayer miércoles la Corte comunicó a la Asociación de Magistrados la nueva normativa. La presidenta de AMU, Graciela Gatti, dijo a Búsqueda que todavía no tuvieron tiempo de formarse una opinión y que la están estudiando.
