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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó una condena contra Ancap por favorecer a una compañía naviera en contratos para transportar combustible. La estatal había sido condenada en primera y segunda instancia, y recurrió a la Corte en un último intento de revertir los fallos adversos. Sin embargo, la corporación, por unanimidad, rechazó el recurso de casación. Ancap deberá indemnizar con US$ 320.000 a la empresa Kios S.A. por “daños y perjuicios” y también tendrá que hacerse cargo de los gastos de la apelación, debido a su actuar “malicioso”.
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Las irregularidades en torno a la contratación de la empresa Nautimill para el transporte de combustible —un servicio que Ancap requirió para cubrir los problemas con un remolcador que había comprado a la Armada— fueron parte de los hechos que los partidos de la oposición denunciaron ante la Justicia de Crimen Organizado en 2016, tras detectar presuntos delitos en la gestión de la petrolera estatal.
A pocos días de que el fiscal del “caso Ancap”, Luis Pacheco, se expida sobre las eventuales responsabilidades penales de directores y funcionarios de la petrolera en las diversas irregularidades denunciadas, el fallo de la Corte —en el marco de un proceso civil— confirma que al menos en ese episodio los funcionarios actuaron con mala fe para beneficiar a una empresa privada.
En la sentencia, firmada el 7 de marzo y a la que accedió Búsqueda, los ministros de la Corte desestimaron todos los agravios que planteó Ancap y confirmaron la posición del juez de primera instancia, Gabriel Ohanián, y del Tribunal de Apelaciones Civil de 7º turno, que sostuvo que los funcionarios de la estatal actuaron con “desviación y abuso de poder” para beneficiar a Nautimill.
El Tribunal impuso a Ancap “la condena en las costas y costos” de la apelación, “por su actuar malicioso a sabiendas de su sinrazón”. La estatal reclamó contra esa decisión, pero la Corte también la confirmó.
Antecedentes.
Los hechos denunciados se remontan a abril de 2010, cuando Ancap hizo un llamado para contratar un remolcador para empujar barcazas de transporte de combustible. Las contrataciones se harían hasta que estuviera operativo el remolcador Ky Chororo, que construyó la Armada en convenio con Ancap. A los llamados se presentaron dos empresas: Kios y Nautimill. Todos fueron ganados por Nautimill. En tres ocasiones la razón fue que presentó el precio más bajo. En el cuarto llamado, pese a que la oferta más económica fue de Kios, volvió a ganar Nautimill, porque Ancap modificó el pliego y otorgó puntos extras a la empresa que tuviera más experiencia.
A raíz de eso, Kios presentó dos acciones de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Ancap quiso evitar el litigio y ofreció una transacción a Kios: la contrataría en forma directa para transportar combustibles por US$ 500.000 si desistía de los juicios. Pero luego de acordar esa solución, Ancap no cumplió el contrato con Kios y volvió a adquirir los servicios de Nautimill. La empresa entonces decidió presentar una demanda contra Ancap en la Justicia civil, patrocinada por el Estudio Falco & Barrios, y exigió una indemnización por “daños y perjuicios”.