La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estima que necesita $ 100 millones por año para implementar tres juzgados especializados en Género tal como están previstos en la Ley Integral contra la Violencia basada en Género (Nº 19.580).
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) estima que necesita $ 100 millones por año para implementar tres juzgados especializados en Género tal como están previstos en la Ley Integral contra la Violencia basada en Género (Nº 19.580).
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáAsí lo informó en una carta que envió el 18 de diciembre al presidente Luis Lacalle Pou —a la que accedió Búsqueda— en la que sostuvo que los recursos previstos para las tres sedes son “notoriamente insuficientes” y hacen “inviable” su creación.
El Observador informó el pasado miércoles que la entonces presidenta de la Corte, Bernadette Minvielle, había advertido por carta a Lacalle Pou que no sería posible instalar los tres juzgados especializados en Género en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto.
Esto pese a que el Parlamento redistribuyó recursos para que la Corte pudiera instalar los tres juzgados, ya que en el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo no se había previsto dinero para ello.
El miércoles 20 la vicepresidenta Beatriz Argimón informó en conferencia de prensa que la bancada bicameral femenina solicitó una reunión con la SCJ para que revea la decisión. “Si hay algo de lo que estamos convencidas es de la necesidad, en el norte del país especialmente, de estos juzgados”, dijo la vicepresidenta.
En la carta los ministros se excusaron de no asistir a la reunión pautada para ese mismo día con el presidente, alegando que el “recrudecimiento de la pandemia de Covid-19” determinó que redujeran al máximo la comparecencia personal a todo tipo de eventos.
A continuación indicaron que los costos que presentaron al Parlamento para instalar los juzgados fueron calculados con base en un rediseño de las sedes que derogaba parte de sus competencias. Como el Parlamento optó por mantener los juzgados tal como fueron diseñados en la Ley Nº 19.580, el costo necesario para instrumentarlos es “sensiblemente” superior, indicaron los ministros.