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El bolso guardaba una sierra, una navaja, una pequeña linterna, aisladores de porcelana, cinta adhesiva y 35 metros de cable. Los sospechosos caminaban por la madrugada en Malvín Norte y, tras un control policial, fueron detenidos por robar cables de UTE. Minutos antes, una vecina había denunciado que se le había cortado la luz mientras observaba a un hombre colgado de una columna de alumbrado público. El hecho, con más o menos similitudes, se ha vuelto habitual en las noches de numerosos barrios de Montevideo y Canelones. Desde el 2020 el hurto de cables continúa en crecimiento y obligó al gobierno a desarrollar una estrategia específica para combatirlo, inquieto con la posibilidad de que grupos criminales organizados estén detrás.
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El mes pasado el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió una carta de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. Allí la jerarca le hizo llegar “la preocupación” de los alcaldes capitalinos por el robo de cables de cobre, cajas y columnas de luz que significan un “costo de reposición de materiales muy importante para los municipios y de seguridad para la comunidad”.
“Ofrecemos trabajar en conjunto a los efectos de terminar con esta práctica delictiva, planteando conjuntamente también esta preocupación a los ministerios de Industria y Economía, proponiendo que se establezca y/o controle la trazabilidad de la exportación del cobre”, dice la misiva, a la que accedió Búsqueda.
Por lo pronto el ministerio presentó en la Rendición de Cuentas un añadido al artículo 343 del Código Penal (que penaliza el robo de energía eléctrica y de agua potable) para que, si el hurto tiene por objeto un bien destinado a un servicio público o de utilidad pública, la pena sea de 24 meses de prisión a seis años de penitenciaría. “Se trata de un nuevo artículo que apunta a sancionar una figura muy específica. Con esto lo que se procura es perseguir un delito que tiene un daño social terrible, afectando a amplios sectores de la población, especialmente en la periferia de las ciudades que se quedan sin luz, sin teléfono, sin Internet…”, dijo el subsecretario del ministerio, Guillermo Maciel, el 22 de septiembre en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.
Además, el gobierno pidió a la Fiscalía General de la Nación que estos delitos sea investigados por un mismo fiscal para centralizar los casos y tomar su “justa dimensión”, informó Maciel a Búsqueda. También dentro de la Policía Nacional se dio más trascendencia a la situación al derivar todos los casos a la Dirección de Hechos Complejos de la Dirección de Investigaciones. “Vos te robás 30 metros de cable y parece poco, pero quedaron mil personas sin energía eléctrica. La investigación en Hechos Complejos posibilita analizar toda la cadena, no solamente al ladrón, sino a quien se lo vende y eventualmente en dónde termina ese metal”, indicó Maciel.
En lo que va del año ya son alrededor de 500 las denuncias por robos de cables de cobre de diferentes líneas del tendido público de Antel y UTE, según datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Una de las razones es el aumento del precio internacional del cobre, con China como principal destino global de ventas tanto legales como ilegales.
En otros países sudamericanos como Chile, la Policía creó una unidad especial para perseguir este delito. En Uruguay, la Policía ha pasado del arresto de ladrones a allanamientos a depósitos de compraventa de chatarra, desguazaderos de autos y bocas de venta de droga, lo que demuestra no solo el aumento en la cantidad, sino en la complejidad y el grado de especialización de las operaciones.
En junio un hombre fue arrestado en Jardines del Hipódromo con un kilo en cables de cobre hurtados de una columna de UTE ubicada en el barrio. El detenido, condenado por un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de cinco meses de prisión, tenía cinco antecedentes penales.
A escala policial han comprobado que muchos de los involucrados en el robo de cables tienen antecedentes vinculados a rapiñas, lo que puso sobre la mesa la hipótesis de un traslado de delitos debido al costo-beneficio: hurtar metal disminuye riesgos al evitar contacto con armas, víctimas y policías y finaliza en una menor condena si se es apresado. Económicamente también es redituable con el kilogramo de cobre a un precio actual de $ 200. “Es negocio el hurto de cobre. El delincuente hace plata y encima no va preso”, sostuvo Maciel.
El siguiente paso que busca dar la Policía es determinar cuál es el destino del metal que se roba. “Generalmente va para Brasil, incluso exportado legalmente”, afirmó Maciel, quien manifestó su sorpresa porque Uruguay, pese a no tener una industria minera desarrollada, es el segundo país exportador de cobre en Latinoamérica.
La misma alerta existe entre otras autoridades. “Nosotros no tenemos ninguna cantera o mina de cobre ni de bronce y, sin embargo, somos uno de los países latinoamericanos más importantes dentro del ranking de exportadores de cobre y bronce”, dijo a Búsqueda el alcalde del Municipio C de Montevideo, Jorge Cabrera. “Corresponde que actúe el Ministerio de Economía conjuntamente con la Cámara de Comercio y les pida a las empresas exportadoras que muestren el origen o la factura de dónde procede su mercadería. Tampoco es tan difícil, porque tenemos a lo sumo cinco empresas que están exportando. Es todo voluntad política”, añadió.
Cabrera señaló que en su municipio, que comprende Aguada, Brazo Oriental, Capurro, Prado y Goes, entre otros barrios, es constante no solo el robo de cables, sino las roturas de columnas para sacar hierro. Además de cables de Antel y UTE, en Montevideo y Canelones se denuncian robos de medidores de OSE para obtener bronce y robos de materiales eléctricos a centros de enseñanza, centros CAIF, policlínicas municipales y de ASSE.
“Robo de cables siempre ha existido, lo que pasa que no en la forma desmedida en la que se dio en este último año, año y medio. Como municipio nunca tuvimos que hacer tantas reposiciones de cableado, de columnas y de luminarias al año”, se quejó Cabrera. Como medida el Municipio C cambió los cables de cobre por aluminio, ya que, aunque el aluminio también lo roban, es cuatro veces más barato.
