Cosse tenía información sobre que el costo total del Antel Arena sería mucho mayor a los US$ 40 millones que anunció en público

Hasta fines de junio de 2015, cuando llegó la orden de parar todo, Cosse había superado, con apenas unas magulladuras, las resistencias internas a su estilo de conducción y las objeciones del Tribunal de Cuentas, que consideró que el acuerdo con la Intendencia de Montevideo viola la Constitución y la ley porque se aparta de los cometidos de la empresa estatal de telecomunicaciones.

El debate es el mismo de 2013: ¿se violó o no la Constitución, que en su artículo 190 dispone que las empresas públicas no pueden apartarse de sus cometidos específicos?

Para el ahora fallecido director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho estatal, Alberto Pérez Pérez, el convenio para construir y operar el Antel Arena no solo está dentro de la Carta Magna, sino que “en la medida que se trata de actividades en las que Antel concurre en régimen de libre competencia con empresas privadas, en particular con poderosas empresas multinacionales, negar a Antel la posibilidad de concertar un convenio de esta índole, mientras que para un competidor estaría permitido, configuraría una indebida e ilegal discriminación”.

El informe de Pérez Pérez, destacado universitario y notorio frenteamplista, despertó polémica. A pesar de que el expediente pasó por el Consejo de Facultad, sus compañeros del instituto no estaban al tanto y además discrepan, porque tienen una interpretación más clásica. Entre los disidentes están los colorados Ruben Correa Fleitas y Jaime Sapolinsky, actuales catedráticos.

La interpretación de la Constitución es un asunto opinable y “siempre hay argumentos para los dos lados”, reconoció Sapolinsky a Búsqueda. Sin embargo, advirtió, “hubiera alcanzado con reformar la ley orgánica de Antel para eliminar la discusión”.

Mientras la supuesta ilegalidad quedó en debate, al comienzo del segundo gobierno de Vázquez, la tensión entre Cosse, que de presidenta de Antel pasó a la cartera del Ministerio de Industria, y el ministro de Economía Danilo Astori fue creciendo hasta que este logró parar las obras en Villa Española, no por inconstitucionales, sino para achicar el déficit y dar una señal de austeridad en una economía en baja.

Por ese entonces, Cosse todavía seguía aferrada al anuncio hecho por ella dos años atrás: el Antel Arena costaría “no más de 40 millones de dólares”. El 17 de abril de 2013, en declaraciones al sitio web de Presidencia, además, explicó que una vez construido habría un retorno de 10 millones anuales “solo por servicios de telecomunicaciones, tráfico, promociones y difusión”.

La cifra demasiado optimista fue repetida en varias oportunidades hasta poco antes de terminar las obras, cuyas operaciones fueron declaradas reservadas por estar la empresa bajo competencia. Incluso los honorarios profesionales fueron pagados con base en este cálculo irreal.

Al reanudar las obras en 2016 ya se hablaba de 58 millones de dólares. Sin embargo, fuentes vinculadas al proyecto consultadas esta semana por Búsqueda confirmaron que Cosse, quien seguía de cerca la marcha de las obras a través de sus colaboradores Andrés Tolosa (presidente), Javier Emicuri (gerente general) y Marcelo Evia (jefe de la División Proyectos), estaba al tanto de que expertos en estas obras, entre ellos el arquitecto uruguayo Carlos Arcos, creador de la Arena de Baixada, del Atlético Paranaense, en Curitiba, habían informado, sin ningún tipo de dudas, que para el proyecto aprobado se necesitarían al menos 70 millones de dólares.

Esta cifra, explicaron las fuentes, surgía de la experiencia internacional, que por otra parte Cosse había estudiado en profundidad: el costo era de 4.000 dólares por butaca para la obra civil y 3.000 para tecnología. Como el estadio cerrado sería para 10.000 espectadores, con los estándares de calidad exigidos, el monto no podía ser menor a 70 millones de dólares.

Guerra de guerrillas.

Cuando se detuvieron las obras, Cosse, que para ese entonces había invertido en fibra óptica unos 500 millones de dólares, hizo silencio. Durante la segunda parte de 2015 no tuvo apariciones públicas en relación con el proyecto de sus amores y cumplió con su trabajo en el ministerio. El Antel Arena tuvo, sin embargo, otros defensores: el poderoso sindicato de los obreros de la construcción, la empresa Teyma, los vecinos organizados interesados en la obra que mejoraría sus barrios (ver recuadro) y, entre otros, los senadores José Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, dueños de la mayoría de los votos del oficialismo en el Parlamento, que movieron piezas con habilidad hasta lograr que, en enero, después de la licencia de la construcción, se retomaran los trabajos.

Desde la Intendencia de Montevideo, antes de dejar su despacho a Daniel Martínez, Olivera, que había sido parte del proyecto y firmado la entrega de los terrenos por 30 años, también contribuyó a que se aprobara un fideicomiso de 58 millones de dólares administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo y financiado por el Banco Santander.

Carolina Cosse durante su interpelación, en 2018. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Clase mundial.

“Hará de esta arena una de clase mundial. Hay que hacer las cosas con la gente que sabe y es número uno en el mundo”, había dicho Cosse en 2014, cuando firmó un convenio de asesoramiento con la liga profesional de básquetbol estadounidense NBA a un costo de unos 461.000 dólares.

El argumento de Pérez Pérez de no encorsetar a Antel porque compite con grandes como Claro y Movistar es compartido por otros académicos y expertos consultados por Búsqueda, que además advierten que a un país pequeño como Uruguay le resulta difícil atraer ciertas inversiones.

El exdirector de Telecomunicaciones Gustavo Gómez, que no fue tenido en cuenta por Cosse, reconoce que ingresar en esta actividad no solo “refuerza la imagen de la marca y ayuda a fidelizar al cliente”, sino que “avanza al menos algunos pasos en un asunto estratégico, la distribución de contenidos, la actividad por lejos más atractiva en el futuro para empresas como Antel”, que además tiene la singularidad de ser una rara avis porque sigue siendo 100% del Estado.

A Cosse la entonces oposición le reprocha que “nos llevó puestos” y que abusó de las cláusulas de confidencialidad y de las compras directas, previstas como excepción en el Tocaf.

“Dicen que Antel está en competencia. Pero están en competencia en telefonía celular, y esto no fue una construcción vinculada con la telefonía celular. Es mentira que fue una inversión orientada a mejorar las condiciones de desarrollo de venta de los servicios de Antel”, había dicho a Búsqueda el exsenador Pablo Mieres, que la interpeló en el período anterior.

“Es muy desprolijo todo, hay una sensación de impunidad, de que acá se hizo una obra contra todo, en el secreto y la oscuridad total. Usaron plata de todos los uruguayos de la que hay que dar cuenta. Eso me preocupa, porque es un estilo de gobierno. De alguna manera la ingeniera Cosse muestra un estilo de gobierno: todo es reservado, arbitrario, pasándoles por arriba a las reglas”, dijo entonces Mieres y más o menos fue repetido la semana pasada en el Senado.

Gandini se basó, entre otras cosas, en el dictamen de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que había afirmado que en este proyecto “la buena administración estuvo ausente” y que se vulneraron “normas de conducta éticas” pudiendo haber responsabilidades políticas, administrativas y penales y calificó de “corrupción” un sobreprecio que situó en 63 millones de dólares.

Algunos técnicos que participaron en la construcción del Antel Arena, sin embargo, reconocen que más allá del secreto y de que los 40 millones de dólares iniciales se convirtieran en casi 86 millones (según una respuesta del TCR al senador Mieres en marzo de 2019) o incluso en casi 120 millones, como sostiene la consultora Ecovis, los funcionarios a cargo, en especial los ingenieros Emicuri y Evia, cuidaron tanto los recursos como la calidad de la obra e hicieron un trabajo profesional.

Para explicar la diferencia entre el cálculo del TCR y el que hizo la consultora contratada por Antel existen varios rubros. Uno de ellos es que en la segunda se suman intereses financieros (2.860.800), las horas de trabajo de empleados de la empresa (2.772.793) y los gastos que produjo el gerenciador hasta la inauguración (3.296.127). Solo esos tres rubros suman casi 10 millones de dólares.

Otro de los posibles enfoques es si la inversión es pertinente. El senador Raúl Batlle dijo en sala que el emprendimiento “es lindo, pero un monumento al despilfarro.”

Otro colorado hizo una reflexión más profunda: “¿Es lógico, moral y justo, que, en este país, con tantas necesidades postergadas, Antel, violando además la Constitución, invierta casi 90 millones de dólares en un proyecto como este? ¿No sería más lógico, en todo caso, como pasa en otros países de la región, que fuera el sector privado quien llevara a cabo estos proyectos y no un ente estatal con un objeto específico?”, se preguntó el abogado colorado Carlos Ramela en una columna en Búsqueda en diciembre de 2018.

La pandemia, que retrasó la posibilidad de que el Arena desarrollara todo su potencial, también permitió a miles de uruguayos recorrer deslumbrados sus instalaciones mientras concurrían a vacunarse contra el Covid-19.

Para el experto en turismo y exsubsecretario Bejamín Liberoff, el complejo será también un buen instrumento para cubrir con la demanda de turismo de congresos, una actividad en alza a escala mundial. Astori, aficionado a las artes escénicas y al deporte, sin embargo, no estuvo entre los que asistieron sonrientes, junto con el presidente Vázquez, el día que se inauguró.