La información muestra un flujo diversificado y creciente, pero previsiblemente desigual: Uruguay —donde algunos extranjeros buscan discreción para su dinero y empresas foráneas hacen triangulaciones comerciales— acogió pedidos de datos desde administraciones tributarias de ocho países, frente a solicitudes hechas por su Dirección General Impositiva (DGI) que por año se cuentan con los dedos de las manos y han tenido a España y Suiza como destinatarios principales. En general, se está detrás de casos de evasión de impuestos a las ganancias personales o empresariales.
Desde que a comienzos de esta década empezaron a proliferar los acuerdos de intercambio de datos tributarios y, hasta la semana pasada, ampararon 225 solicitudes desde y hacia la DGI, según datos de la oficina recaudadora obtenidos por Búsqueda por medio de la ley de acceso a la información pública. El semanario solicitó conocer, además de la cantidad de pedidos cursados y recibidos, si involucraban a personas físicas o jurídicas, el tenor de la respuesta (positiva o negativa, y en tal caso, con qué argumento) y la fecha en que se cursó la contestación, pero la Impositiva no aportó ese tipo de detalles.
Los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina quieren poder husmear en la información bancaria de empresas y ciudadanos de ese país en Uruguay. “Esto es como que la boa constrictora se va moviendo, moviendo, moviendo. Y a los evasores seriales que están en el mundo oscuro de la informalidad no sé si los vamos a terminar identificando, pero se van a tener que quedar quietitos, porque al primer movimiento van a ser identificados”, advirtió su director, Alberto Abad.
Flujo de datos
Los primeros tratados bilaterales de cesión de información o para evitar la doble tributación suscritos por Uruguay fueron con Hungría y Alemania en los noventa. Ya con la ola encima, en 2011 y tras la firma de más de una decena de nuevos acuerdos el país salió de la “lista gris” en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo había situado por ser “no cooperante” en materia de transparencia fiscal. En 2012 pactó con Brasil y en febrero de 2013 entró en vigor un tratado con Argentina, al que se habían resistido distintos gobiernos uruguayos temerosos de que se fugaran capitales. Hasta ahora Uruguay lleva negociados cerca de una treintena de acuerdos, aunque no todos completaron el trámite legislativo que los activa.
Estos tratados bilaterales establecen procedimientos y plazos para los pedidos de información, que deben ser canalizados por medio de las administraciones tributarias respectivas pero exclusivamente para investigar casos específicos sospechosos de evasión. Pueden abarcar datos de la propia base de las oficinas recaudadoras, así como también de tipo bancario o de la vinculación con sociedades comerciales.
Paralelamente, el gobierno uruguayo adhirió a la cesión automática de información financiera desde 2018. Y el mes pasado firmó la Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Asuntos Fiscales impulsada por la OCDE, que obliga a pasar datos ante circunstancias especiales —como intercambio “espontáneo” y ya no solo ante una solicitud específica—, además de un mecanismo de colaboración para ayudar al cobro de deudas que mantengan extranjeros con administraciones tributarias de otros países, gestionando embargos o remate de bienes que pudieran poseer en Uruguay, por ejemplo.
Además, por estos días el Ministerio de Economía redacta un proyecto de ley que propondrá una nueva flexibilización del secreto bancario obligando a informar los saldos de depósitos a fines de cada año —a partir de ciertos montos que serán determinados en un posterior decreto— y los intereses que esa cuenta genera (ver Búsqueda Nº 1.872 y 1.873).
Todo estos compromisos están habilitando un flujo de intercambio de información cada vez más intenso desde y hacia Uruguay.
En 2010, cuando aún eran relativamente pocos los acuerdos con ratificación parlamentaria, llegó solamente un pedido de Hungría. El año siguiente entraron dos, uno desde la oficina recaudadora húngara y otro de la francesa. El número de pedidos volvió a duplicarse en 2012, y provinieron todas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España.
Un primer salto se dio en 2013, cuando la DGI uruguaya recibió 56 gestiones por información, la mayoría (39) de la AFIP. Al año siguiente llegaron 36 en total, otra vez con la Argentina como principal solicitante (27). Y en 2015 alcanzaron la cifra máxima —93—, con 80 tramitadas por el organismo fiscalizador argentino, nueve de España, tres de Ecuador y uno de Noruega.
En lo que va de 2016 (hasta el 27 de junio, el último dato informado por la DGI) llegaron 19 pedidos, de los cuales 15 fueron cursados por la AFIP, tres de la agencia de impuestos española y uno de la oficina recaudadora mexicana.
Estas cifras hacen un total de 211 pedidos de información recibidos por Uruguay desde 2010; las tres cuartas partes fueron originados en Argentina (161).
Desde la AFIP informaron a Búsqueda que el pedido de datos a la DGI apunta más que nada a fiscalizar ciertas operaciones de triangulación comercial a través de zonas francas, además de transparentar riquezas personales. Es que son propiedad de argentinos muchos apartamentos y casas en Punta del Este o Colonia, por ejemplo, y la mayor parte de los casi U$S 4.500 millones depositados por no residentes en el sistema financiero uruguayo.
“(Para) aquellas personas o empresas que tienen fondos en el exterior cada vez va a ser más difícil mover en el anonimato todo esto, no solo porque es de interés de países como el nuestro, sino porque lo es de los países centrales por temas de seguridad, financiamiento del terrorismo, etcétera. No solo hay virtud acá, también hay necesidad. A nosotros nos viene bien la necesidad porque la trataremos de convertir en virtud”, dijo Abad, el jefe de la AFIP, en una disertación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño efectuada el 9 de marzo.
Explicó que, en el marco del convenio promovido por la OCDE, “todas las personas no residentes en la República Argentina que tengan depósitos mayores a U$S 100.000 van a ser identificadas” mediante un protocolo “que ya está aprobado globalmente” y sus datos serán intercambiados “automáticamente, en una primera fase en 2017 con 56 países, y en 2018 con 41 países más. O sea que en 2018 todos los (datos de saldos de) depósitos de no residentes entre estos 100 países van a ser intercambiados. Nosotros le vamos a decir a España: ‘Che, Jesús Pérez tiene 150.000’, y al Reino Unido: ‘Che, John Pipicho tiene tanto’. Pero España nos va a decir: ‘Carlitos Tuyo tiene tanto’, y los ingleses nos van a decir: ‘Pepito Tuyo tiene tanto’. (…) No sé si está claro. O sea que esto es como que la boa constrictora se va moviendo, moviendo, moviendo (…)” hasta ahorcar a su presa.
Ante un auditorio compuesto principalmente por contadores, Abad afirmó luego que es “interesante” qué jurisdicciones van a informar sobre las “posibles cuentas” de argentinos en el exterior, primero en 2017, como las islas Caimán, las “famosísimas islas Seychelles”, Luxemburgo y Sudáfrica. “Y en 2018, vienen platos todavía más humeantes: las Bahamas, Brasil, China, Panamá —país muy querido por los argentinos—, Singapur, Suiza —también país muy querido— y Uruguay, país hermano, que van a tener que informar todo esto”. Y remató con un mensaje en tono de advertencia: “Así que, señores, yo diría: evasores, abstenerse”.
A todo esto, el Congreso acaba de dar media sanción a un proyecto que habilita el blanqueo de activos en el exterior (dinero en efectivo, depósitos, inmuebles, títulos bursátiles, etc.) que posean los argentinos, sin la necesidad de retornarlos a su país y con beneficios tributarios para los que los declaren antes de abril de 2017. En el gobierno de Mauricio Macri estiman que unos U$S 20.000 millones podrían ampararse en este régimen de sinceramiento tributario, aunque en la city porteña hablan del doble, según informó “La Nación”.
Pedidos.
La DGI también está recurriendo a información del exterior para investigar posibles casos de evasión. El primer pedido al amparo de los tratados más recientes fue en 2013 a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España, y estuvo referido a una empresa.
En 2014 la oficina de impuestos española recibió otra solicitud de la DGI, que también cursó un pedido a Suiza. No hubo más ese año, pero en 2015 saltaron a nueve.
En lo que va de 2016 (hasta el 27 de junio) fueron gestionadas dos solicitudes, una a la AFIP y otra a la oficina recaudadora mexicana. La DGI hizo un total de 14 pedidos de datos—a España, Suiza, Argentina, México, Ecuador y Portugal— desde 2013, cuando empieza la serie entregada a Búsqueda.
