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    Crisis del sector de cannabis no recreativo preocupa al gobierno

    A casi una década desde que Uruguay legalizó el mercado de cannabis, las empresas que trabajan en el área medicinal e industrial tienen poco que celebrar. La crisis que atraviesa el sector llevó a que una de las empresas más emblemáticas del rubro, Fotmer Life Science, entrara en concurso voluntario de acreedores y que otras hayan pedido a las autoridades dejar en suspenso sus habilitaciones mientras revisan sus planes económicos.

    A un mercado internacional complejo, se suman circunstancias particulares que complican más el panorama. La empresa Boreal, cuya inauguración en Salto fue un hito en el que participaron autoridades del gobierno, está inmersa en una batalla legal porque inversores canadienses denuncian haber sido víctimas de una estafa millonaria liderada por el CEO de la compañía, Gonzalo Aguiar, y parte de su familia.

    Las autoridades del gobierno siguen con preocupación las dificultades que enfrenta el sector en general y evalúa medidas para mitigar parte de los problemas, dijo a Búsqueda el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Juan Ignacio Tastás.

    Crisis

    El Parlamento aprobó en diciembre de 2013, con votos del Frente Amplio, una ley que reguló el mercado de cannabis recreativo, industrial y medicinal. De ese modo, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar los distintos usos de esa sustancia a escala nacional, lo que provocó la llegada de numerosas inversiones extranjeras.

    La realidad del sector es otra desde hace tiempo. Poco después de que asumió, el gobierno de Luis Lacalle Pou aplicó medidas para intentar mitigar los problemas que enfrenta la industria. En 2021, cuando el sector estaba “asfixiado”, según sus integrantes, el Poder Ejecutivo aprobó resoluciones que permitieron destrabar la venta de la producción de cannabis de las zafras 2018, 2019 y 2020.

    La solución no eliminó los problemas de fondo. “Todo el sector no recreativo está en una situación muy compleja”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal, Ricardo Páez.

    El mercado internacional de cannabis no recreativo está “más restringido” que antes para los productos uruguayos, evaluó Páez, y señaló que el concurso voluntario de Fotmer Life Science, una empresa “emblemática” del sector, es una de las muestras más claras.

    Fotmer Life Science entró en concurso en abril, aunque sus autoridades intentan conseguir inversores que le permitan revertir la situación, dijeron a Búsqueda fuentes del sector. En 2019 esa compañía se convirtió en la primera en exportar cannabis psicoactivo con fines medicinales, aunque se trató de cantidades pequeñas.

    Páez dijo que el mercado internacional es más complejo que antes porque creció la competencia, en la medida en que otros países comienzan a habilitar el sector en el que Uruguay fue pionero. Esto provoca una baja en los precios y dificulta la competencia.

    Las empresas del sector prevén reunirse con las autoridades para plantear soluciones a la actual crisis. De acuerdo con el presidente de la cámara, el Estado debería habilitarlos a desarrollar actividades que se llevan adelante en otros países, como producir alimentos y cosméticos con porcentaje bajo de tetrahydrocannabinol (THC), uno de los principales compuestos psicoactivos de la planta. Además, reclamarán que se eliminen los costos a las licencias que deben obtener del Ircca para producir.

    Varios actores del sector consultados dijeron que el problema excede a Uruguay y que empresas de otros países también están complicadas. “El mundo entero pensó que el sector era más grande, pero no evolucionó como se esperaba”, describió Páez.

    Marcos Algorta, expresidente de la cámara, tiene una mirada más crítica sobre el proceso. “Sin duda que el nuevo mercado de cannabis es más exigente. Pero teníamos el tiempo y los recursos necesarios en un momento para poder adaptarnos y generar un verdadero know how. Esa ventana de oportunidad pasó. Ahora no se sostiene una industria desde Uruguay, por condiciones externas, pero sobre todo por no haber puesto en práctica las condiciones internas necesarias para hacer frente a los desafíos que hoy están presentes” dijo.

    El titular del Ircca, por su parte, dijo que están “siguiendo de cerca” las dificultades en el área. Las empresas del sector habían calculado que “el mercado internacional iba a ser mucho más dinámico de lo que terminó siendo”, que la “regulación” en otros países no va a la “velocidad” que ellas quisieran.

    Tastás sostuvo que están trabajando en algunas medidas para mitigar la situación, que en el pasado han aplicado algunas, pero que la falta de “mercados externos” en los que las empresas puedan colocar su producción es un tema que las autoridades locales no pueden resolver. “Hay cosas que exceden a nuestra mejor voluntad”, añadió.

    El jerarca dijo que el sector tiene expectativas de crecimiento futuro, pero que la coyuntura es compleja. “Al final del día, el gran dinamizador de esto va a ser que se liberen determinados temas a nivel internacional. Mientras eso no suceda, no va a ser el mejor de los mundos” para el rubro, concluyó.

    Sospechas

    En ese contexto, el conflicto judicial en torno a la empresa de capitales canadienses Boreal (Ignapin Sociedad Anónima), que hasta hace poco prometía invertir fuerte en el sector, también preocupa al sector.

    El presidente Lacalle Pou y otros jerarcas del gobierno viajaron en setiembre del 2020 a Salto para participar en la inauguración de la planta de secado de cáñamo industrial de Boreal. Con 1.000 metros cuadrados, era la “más grande” de América Latina, según la empresa.

    La realidad de la compañía hoy es otra. A pedido de accionistas, la jueza civil de 3er turno, Claudia Muguiro, designó en marzo a un interventor para que analice los números de la empresa.

    Ese proceso comenzó porque accionistas canadienses denunciaron haber sido víctimas de una estafa por parte del CEO y su familia. La presunta operativa ilegal quedó expuesta en una resolución judicial adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Ontario, Canadá.

    En un fallo emitido en enero, al que accedió Búsqueda, la Justicia de Ontario autorizó medidas cautelares solicitadas por los inversionistas. El dictamen describe los hechos denunciados, según los cuales entre 2019 y 2021 los denunciados recaudaron US$ 27,5 millones de inversionistas para adquirir licencias de cannabis medicinal en Uruguay, y construir varias plantas, con el objetivo final de exportar su producción a Brasil, Argentina, México y Europa.

    Después de varios intentos por recuperar su dinero John Pollesel, uno de los inversionistas, decidió indagar qué estaba sucediendo. En enero último viajó a Uruguay, junto con un abogado, y, de acuerdo a su versión, constató que Aguiar, uruguayo radicado en Ontario, les había mentido. En cuanto a la planta que inauguró acompañado por Lacalle Pou, detectaron que era falso que se había pagado todo el costo de producción y que todavía mantenía una deuda de US$ 2 millones con proveedores. Búsqueda constató que tres proveedores de Ignapin S.A. iniciaron un proceso judicial en Uruguay para intentar cobrar deudas de la empresa. Esos procedimientos corren en paralelo con la intervención sin desplazamiento decretada por el juzgado de 3er turno.

    Información Nacional
    2023-05-03T21:45:00