Crisis, repunte, reformas y ¿“desacople” fugaz?

“En estos momentos vivimos un clima de incertidumbre” porque tras la crisis de 2000-2002 y la “expansión vigorosa” posterior, ahora Uruguay enfrenta una desaceleración y los pronósticos son de “moderado crecimiento”, plantea en el prólogo el historiador económico Luis Bértola.

Crisis y salida.

El libro repasa la crisis que enfrentó Uruguay a comienzos de la década pasada y las diferentes estrategias seguidas por el gobierno del presidente Jorge Batlle con “objetivos de política económica que fueron fluctuando, adaptándose a la situación que iba desmejorando”.

Para la salida de la crisis se aplicó una política fiscal “marcadamente restrictiva” implementada en 2003, que fue aflojándose —con el abatimiento de las tasas del “impuesto a los sueldos”, los adicionales de otros tributos y mejoras salariales en el sector público— a medida que la economía empezó a reactivarse, favorecida también por nuevos estímulos a la inversión. En ese mismo año el gobierno también concretó un canje voluntario de bonos por deuda a mayor plazo, una operación que concluyó “exitosamente” y permitió que el Estado accediera más fluidamente a los mercados de crédito, señalan. Al normalizarse la situación de los bancos con problemas, también fueron adoptadas “mejoras” en la regulación y se fortaleció la supervisión del sistema, agregan.

Según los analistas del Iecon, una mayor estabilidad macroeconómica y en el sector bancario, la disminución del riesgo país y la caída de las tasas de interés a escala internacional constituyeron la base para el inicio de un nuevo período de crecimiento.

El Frente y el Fondo.

En el capítulo que abarca el período 2005-2009 destacan el acuerdo en materia de reformas y de gestión macroeconómica asumido por el primer gobierno del Frente Amplio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y luego, en 2006, la supresión de dicho convenio y el pago anticipado de la créditos contraídos con ese organismo, por lo que Uruguay “dejó de estar endeudado y condicionado a las políticas del FMI” por primera vez en casi 50 años. Sin embargo —acotan—, “la desvinculación del acuerdo con el FMI no significó un cambio de rumbo en cuanto a los principales lineamientos de la política económica”.

En 2009 dicha política procuró ir “adaptándose a los acontecimientos que se fueron presentando en una escena internacional cada vez más adversa”, por lo que el objetivo de inflación y la meta de equilibrio fiscal “quedaron temporalmente en un segundo plano”, según los analistas. De hecho, la reforma del sistema de salud y el Plan de Equidad supusieron gastos “permanentes” que se hicieron más notorios en el período de gobierno siguiente, agregan.

Apuntan que la estrategia fiscal de los primeros años de la administración frenteamplista fue la búsqueda del ajuste de las cuentas públicas mediante un aumento de los ingresos, favorecido por el crecimiento de la economía por encima de las expectativas y la mayor eficiencia recaudatoria. Luego vino una reforma tributaria.

En lo que hace a la deuda, observan que su manejo “permitió despejar el calendario de vencimientos de su servicio, reducir la vulnerabilidad y ahorrar por concepto de pago de intereses en el corto plazo”, si bien el volumen de la misma continuaba siendo una “vulnerabilidad importante para la economía nacional”.

En el ámbito financiero, destacan de esos años la conformación del Nuevo Banco Comercial —con activos y pasivos de instituciones financieras cerradas tras la crisis de 2002—, la ley de intereses y usura, la creación del fondo de garantía de depósitos, la reforma del Banco Hipotecario y de la “caja bancaria”, así como los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

En el plano laboral, el primer gobierno de Vázquez reinstaló los Consejos de Salarios y buscó disminuir la conflictividad, repasan. También hubo otras reformas legislativas —como la limitación de la jornada rural, la ley de tercerizaciones, de negociación colectiva y de servicio doméstico— que a su entender “repercutieron positivamente en la calidad del empleo”.

Mujica continuista.

El compromiso de la administración Mujica de continuar y profundizar con los lineamientos y objetivos de la política económica que estaba vigente, se cumplió, afirman los investigadores del Iecon.

En 2010, ante la recuperación de la economía de los impactos de la crisis internacional que había estallado en Estados Unidos por el impago de créditos hipotecarios asociados a activos financieros, la apreciación del peso en los primeros meses del año implicó un “muy elevado costo para la política monetaria”, señalan.

Añaden que en el transcurso del período de gobierno las finanzas pública se fueron deteriorando, a medida que los egresos crecieron “a ritmo acelerado” y los ingresos se estancaron al moderarse la expansión de la actividad.

Como reformas durante la gestión de Mujica destacan la modificación de la ley de promoción de inversiones, el régimen de contratos de Participación Público-Privada y los estímulos a la inversión en viviendas de “interés social” cuyo impacto sobre la construcción “es probable que sea mayor en el futuro, a medida que los proyectos promovidos se vayan concretando”.

Al pasar raya de los 15 años, señalan que en una primera instancia el crecimiento del Producto fue facilitado por el aprovechamiento de la capacidad ociosa que había dejado la crisis. No obstante, a lo largo del período hubo un incremento de la productividad total de factores que elevó el crecimiento potencial de la economía. “De todos modos, en los últimos años el crecimiento se desa­celeró, alcanzando tasas tendientes a la media histórica. Retomar mayores tasas de crecimiento requerirá de mayores inversiones en capital físico y humano, por lo que mejorar las condiciones de la infraestructura y aumentar la calificación de los trabajadores, actuales y futuros, constituyen los principales desafíos para expandir así el PBI y alcanzar un desarrollo sostenible”, advierten.