Ni en el gobierno ni en la academia se piensa que el concepto de competitividad está asociado exclusivamente a la evolución de la cotización del dólar, y así quedó claro en las primeras intervenciones que se fueron desgranando en la mañana del martes 12 en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Pero también surgieron algunos cuestionamientos de investigadores, científicos y otros académicos a la reforma institucional para abordar esa temática propuesta por el Poder Ejecutivo.
El proyecto en cuestión integró el paquete de leyes que presentó al Parlamento en los primeros días de marzo y es considerada como un “cambio removedor” para algunos jerarcas.
La iniciativa de creación del Sistema Nacional de Competitividad (SNC) se justifica en la necesidad de “avanzar sistemáticamente en materias tales como la calidad del capital humano, la innovación y la incorporación de tecnología”, para que Uruguay pueda “alcanzar las tasas de crecimiento requeridas para progresar en los objetivos de desarrollo”, argumentó el Ejecutivo en el mensaje que acompañó la iniciativa.
Propone, por un lado, institucionalizar dicho sistema con el objetivo de que sugiera políticas y estrategias relativas al desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación, así como en materia de inserción económica internacional. El SNC se integrará, según el proyecto, con un Gabinete Ministerial de Competitividad con representación de las carteras de Economía, Industria, Trabajo, Ganadería, Turismo y Relaciones Exteriores, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. Este gabinete sustituye a los tres que funcionaron durante los anteriores gobiernos del Frente Amplio (Productivo, Innovación y Comercio Exterior).
Como parte del SNC se integrarán varias agencias o institutos, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, el Inefop, el Inacoop, el INIA, el Instituto Uruguay XXI y la Corporación para el Desarrollo, entre otros órganos. En la órbita de la OPP, se prevé crear una Secretaría de Competitividad con la función de apoyo y articulación interinstitucional del sistema.
Este proyecto fue el centro de un debate convocado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar, que se efectuó el martes 12 en el Paraninfo.
Judith Sutz, integrante de esa comisión, afirmó que la iniciativa presenta “tendencias a un debilitamiento” de la atención prestada a nivel del Poder Ejecutivo en relación al desarrollo científico-tecnológico nacional.
Carlos Bianchi, investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, mencionó como aspectos positivos de la iniciativa, la búsqueda de una mayor articulación entre los actos públicos y el énfasis que pone a la elaboración programática.
Pero el tono general de sus comentarios fueron mayormente críticos. Consideró un “error mayor de esta concepción que es anteponer la noción de competitividad a la de desarrollo. Llama la atención una agencia de desarrollo subordinada a un sistema de competitividad”, señaló Bianchi.
La propuesta, añadió, no mejora los problemas de eficiencia en las políticas y deslizó que es probable que los agrave. También cuestionó que el proyecto no menciona el papel de los agentes privados ni prevé el control parlamentario sobre el SNC.
El presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rodolfo Gambini, compartió algunas de las críticas señaladas por Sutz y Bianchi.
Informó sobre una comisión creada en acuerdo con el presidente Tabaré Vázquez y expresó su esperanza de que el trabajo conduzca a la creación de un sistema de innovación y ciencia, así como lograr un “buen financiamiento” para esa área.
“¡Si no nos tiene fe…!”
“En el tema de competitividad y desarrollo, amigo Bianchi, quédese tranquilo, son cosas distintas”, aclaró el director de la OPP cuando le tocó el turno de hablar. Alegó que el Frente Amplio “tiene una visión de desarrollo completa”, que abarca “todos los aspectos de la vida del ser humano”.
García se refirió al SNC como un “cambio removedor para adelante del Uruguay” y una “salida adecuada” para las necesidades actuales del país. Sostuvo que se apunta a lograr una “mayor incorporación de valor agregado”, una “mayor inserción a las cadenas internacionales” de comercialización” y la “aplicación del conocimiento” en la producción. También habló del proyecto como una “visión sistemática y sistémica. Uruguay ha perdido mucho tiempo en realizar esfuerzos de manera dispersa”.
Defendió el trabajo de los gabinetes ministeriales. El Productivo “funcionó bastante bien y pudimos enfrentar una sequía fuerte” algunos años atrás, planteó el jerarca. “¡Si no nos tiene fe…!”, parafraseó al difunto cómico argentino Alberto Olmedo. Argumentó que el Gabinete de Competitividad que se propone crear funcionará porque también lo hará una Secretaría “que le de agenda, que lo convoque, que lo dinamice, que le dé funcionamiento”. Y aseguró que con estos cambios no surge más burocracia ni más presupuesto sino que “ordena las fichas”.
Luego, el subsecretario de Educación, Fernando Filgueira, se refirió al SNC como “un paso más en la dirección correcta”, si bien consideró que “no es el final del camino”.
Subrayó como un avance la fusión de los gabinetes ministeriales en uno y el hecho de poner a diversas agencias bajo su articulación. “Dado uno de los cometidos y mandatos que tiene el Ministerio de Educación, vamos a ser un invitado recurrente” al Gabinete de Competitividad, aseguró en respuesta a algunos de los cuestionamientos recibidos.
Ese jerarca admitió que el proyecto omite definir un rol para los actores privados en el nuevo esquema.
Fernando Brun, director de la ANII, señaló que la “ley es insuficiente porque, claro, no trata de definir la institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación”. Alegó que el Poder Ejecutivo considera que se necesita “meditar más” esos aspectos, si bien ya puso a andar una comisión -cuya creación se establecerá en un próximo decreto- que trabajará en ese aspecto y en planes a largo plazo.
Prácticamente todas “las agencias en Uruguay han tenido un funcionamiento exitoso”, según Brun.
Miguel Brechner, presidente del Plan Ceibal, subió el tono para reclamar un “clima de confianza” entre la academia y el gobierno, ya que, afirmó, entre los presentes en el Paraninfo hay un “acuerdo en 90% de lo que se dijo”. Agregó que “da la sensación, en 2015, de que lo que pasó para atrás nada es importante”. Según Brechner, “está claro en dónde hay que limar asperezas de la ley”.
Luego se abrió un espacio para comentarios de los presentes, la mayoría estudiantes o miembros de la academia. Uno dijo que desde el gobierno “hay algo de error en la manera en que ha sido planteado (el proyecto). A nosotros lo que nos cayó es lo que se lee fríamente. Las intervenciones de hoy no me lo terminan de aclarar. No es suficiente” para “construir confianza”.
Bianchi retomó la palabra para responder a Brechner: “Estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, nadie discute que acumulamos capacidades y recursos en estos 10 años, y aprendimos de los errores. Pero si tenemos un 10% de conflicto, podemos aprender del conflicto”.
El contrapunto siguió entre Brechner, Sutz, García, la ex ministra de Educación María Simón y otras personas que estaban entre el público.
