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Un estudio de diagnóstico de la independencia de los sistemas judiciales de la región, realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de Nueva York, Estados Unidos, destaca que en el Poder Judicial uruguayo las “cuestiones de fondo” se encuentran “salvaguardadas” por la regulación “estratégica” del sistema normativo y “la calidad de los operadores de justicia”.
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Sin embargo, establece que una de las falencias principales radica en los “altísimos poderes discrecionales” de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respecto a la regulación de la carrera funcional de los jueces, que se presenta como un “serio inconveniente” para la independencia técnica, ya que “en líneas generales no existen mayores limitaciones” al momento de dictar sentencias.
“Sin perjuicio de que la SCJ sostiene que a los efectos de determinar los ascensos judiciales se tomará en cuenta tanto criterios objetivos como subjetivos, en la práctica ello no ocurre así en una gran cantidad de casos”, establece el documento.
El informe plantea que el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay —dependencia del Poder Judicial que tiene por cometido capacitar a los aspirantes al ingreso a la carrera judicial, así como también formar profesionalmente a los jueces en actividad en las áreas que requieren actualización de conocimientos y capacitación permanente— ve “seriamente mermada” su independencia técnica, porque la Suprema Corte tiene “total poder de decisión sobre los contenidos y diseños de los cursos, así como la definición de los requisitos de ingreso, por lo que siempre tiene la última palabra”.
Por el tema de la carrera judicial, la Asociación de Magistrados del Uruguay está en conflicto desde el 19 de noviembre de 2022 con la SCJ, porque entiende que existe una “falta de transparencia en la carrera judicial”. El reclamo viene de varios años atrás e involucra al sistema de calificaciones para los ascensos, que consideran “secreto” y desconocen quiénes los realizan, lo que les impide fundamentar reclamos. A su vez, cuestionan que solo el 15% de los jueces estén calificados para el ascenso.
El gremio de jueces presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde solicitó una “recomendación” al Estado uruguayo para que adecue la normativa interna a los estándares internacionales previstos, entre otros, por el Estatuto del Juez Iberoamericano. El planteo fue realizado en una audiencia telemática con otros países integrantes de la Federación Latinoamericana, en la cual cada uno planteó sus problemas.
Según la posición del gremio, incluida en el informe en un apartado, la carrera judicial “es uno de los mecanismos clave de control sobre la discrecionalidad del poder” y, por consiguiente, “es claro que la ausencia de reglas claras y preestablecidas favorece la intromisión de intereses espurios en la administración de justicia”. Y agrega: “Es así que el exceso de autodeterminación del máximo órgano jerárquico del Poder Judicial también puede perjudicar la independencia judicial”.
Miedo a represalias
El informe plantea que una de las consecuencias en ese contexto de “potestad discrecional” de la SCJ respecto a la carrera judicial es que los jueces son “muy cuidadosos” al emitir su opinión crítica sobre la situación, “por miedo a represalias” que puedan perjudicar su situación personal.
Durante la presentación del diagnóstico del sistema judicial uruguayo, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Adriana Orocú, cuestionó que “es de extrañar que un país que tiene el prestigio de Uruguay, en términos democráticos, tenga un sistema de carrera judicial tan obsoleto y tan opaco”.
Consideró que “lamentablemente” el sistema de la carrera judicial es “arbitrario y antojadizo”, con una reglamentación “ilegítima” que es “violatoria del debido proceso”, porque los jueces no acceden a la revisión de las condiciones de la calificación obtenida, lo que determina la estabilidad y las posibilidades de ascender.
La Asociación de Magistrados del Uruguay participó durante el proceso de la realización del diagnóstico. Consultado por Búsqueda al respecto de las conclusiones, el presidente del gremio, Leonardo Méndez, destacó que el respaldo de la Federación Latinoamericana a los planteos realizados sobre la carrera judicial “es un espaldarazo importante”, además de que fue la primera vez que la presidenta realizó “manifestaciones contundentes” para remarcar la problemática.
Méndez aseguró que la independencia de los jueces “se ve afectada por no tener las reglas claras en la carrera” y “es indudable que afecta la legitimación democrática”.
“No podemos hacer un control administrativo, porque al no tener claros los fundamentos no podemos llegar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, consideró. En el mismo sentido, el informe internacional señala que la normativa actual “conspira contra toda posibilidad de ejercer el debido contralor de la legalidad de los actos administrativos”.
El presidente del gremio lamentó que hasta el momento no hayan podido avanzar en sus reclamos, sin perjuicio de que mantienen un diálogo con la SCJ por otras cuestiones.
La presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados planteó que la carrera judicial de un país “es la columna vertebral de la independencia judicial interna y externa”, por lo que espera que haya una “incidencia efectiva” de los planteos, tanto a través del informe como de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se dé una “modificación sustancial y rápida” del procedimiento.