Gerardo Amarilla lo avisó en la primera reunión: no lo convencen algunas cosas del proyecto de ley que pretende fortalecer el combate a la trata de personas. Y por eso, pidió que el Parlamento convoque a varias organizaciones para que brinden su opinión sobre el tema. Como consecuencia del planteo del legislador blanco, la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados se convirtió en el escenario elegido por organizaciones de raíz católica y evangelista para plantear su oposición a la denominada “ideología de género”. Algunas aprovecharon la oportunidad para cuestionar la ley que legalizó el aborto y denunciar que el nuevo proyecto puede fomentar el “turismo abortivo”.
Ese despliegue generó preocupación entre legisladores oficialistas, quienes esperaban aprobar el proyecto más rápido. La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg dijo a Búsqueda que le llama la atención que muchas de las organizaciones que asistieron a la comisión se centraron en la cuestión de género y en el aborto “cuando el eje” del articulado es otro.
La legisladora dijo que la iniciativa se votó por unanimidad en el Senado y que espera alcanzar los consensos para que ocurra lo mismo en Diputados. Adelantó, sin embargo, que es posible que eso no suceda por las discrepancias de cuño “ideológico” reflejadas durante la discusión en la comisión.
El aviso.
La Cámara de Diputados comenzó a discutir el proyecto en la sesión del 3 de mayo. La iniciativa propone crear un Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas, de integración público-privada, para diseñar un plan nacional sobre el tema. También prevé desarrollar el Sistema Nacional de Denuncias sobre Trata y Explotación de Personas para centralizar toda la información. A su vez, incorpora delitos no previstos en el Código Penal, como la esclavitud sexual, la prostitución y el matrimonio forzados.
Durante la primera discusión en la comisión hubo una exposición de la senadora socialista Daisy Tourné, impulsora del proyecto en la Cámara Alta, quien dio detalles sobre la iniciativa.
Amarilla, que es evangélico, intervino poco después y adelantó que estaba a favor de legislar sobre el tema, pero aclaró que no acompañaría la redacción actual de la propuesta. “Nos preocupa lo que en el proyecto se denomina perspectiva de género, ya que entendemos que se trata de ideología de género”, dijo. Y añadió que si sacaban ese concepto del texto estaba dispuesto a apoyarlo.
“Nos preocupa lo que en el proyecto se denomina perspectiva de género, ya que entendemos que se trata de ideología de género”, dijo Amarilla.
El artículo 3º dice que la “perspectiva de género” es uno de los principios rectores de la norma. Al respecto, señala que la ley y su reglamentación “tendrán especialmente en cuenta las desigualdades de poder, los estereotipos discriminatorios y las formas de violencia en base al género”. Agrega que promoverá “la autonomía y el empoderamiento de las mujeres, las niñas, las personas trans e intersexuales o con orientación sexual no hegemónica”. A su vez, indica que “se reconocerá y respetará la expresión y la identidad de género de las personas víctimas de trata, sus familiares o testigos, aun cuando la misma no condiga con los datos emergentes de los documentos identificatorios”.
Sobre el cierre de la sesión, el oficialismo informó que quería apurar la votación y sancionar el proyecto en mayo, pero no todos estuvieron de acuerdo. “No soy partidario de ponerme una fecha, pero tengo el compromiso de votarlo lo antes posible”, dijo el diputado blanco y también evangélico Álvaro Dastugue.
Los partidos acordaron citar casi a una decena de delegaciones antes de votar el articulado. La intervención de Amarilla sería un adelanto de lo que pasaría en las siguientes reuniones de la comisión parlamentaria.
“Turismo abortivo”.
Las primeras organizaciones en visitar la comisión tenían visiones opuestas. El 17 de mayo concurrieron El Paso, convocada a pedido de Lustemberg, y Madrinas de la Vida, a instancias de Amarilla.
Las responsables de El Paso respaldaron el proyecto, porque consideraron que “contempla” el problema que enfrenta Uruguay, aunque hicieron alguna propuesta para cambiar el texto.
Cuando se fueron, ingresó una delegación de Madrinas de la Vida. María Teresa Rodríguez, integrante de la organización, dijo que le parecía “riesgoso” un artículo que establece que se respetará la identidad y “expresión de género” de las víctimas de trata, aun cuando no estén en línea con lo que dicen sus documentos de identidad. “Significa que si una víctima de treinta años se identifica con un niño de cuatro años, ¿debe ser atendido como tal?”, se preguntó.
Rodríguez cuestionó también que en el artículo 5º se establece que las víctimas de trata, “aun cuando no hayan realizado la denuncia” de los hechos, tendrán derecho a “acceder a los servicios para abortar”, pese a que no residan en Uruguay desde más de un año antes, como prevé la ley del aborto.
Cristina Lustemberg dijo a Búsqueda que le llama la atención que muchas de las organizaciones que asistieron a la comisión se centraron en la cuestión de género y en el aborto “cuando el eje” del articulado es otro.
“Esto lleva a que la mujer embarazada pueda decidir abortar en un momento de extrema vulnerabilidad y sufrimiento, porque al estar privada de libertad y abusada se le suma un embarazo, que por deducción va a ser, como dicen ahora, un embarazo no deseado, ya que quedó embarazada en situación de violencia”, dijo Rodríguez. Y agregó: “Se va a ver impulsada a tomar una decisión de la que se va a arrepentir toda la vida”.
“¿Queremos que la mujer que ha sido víctima de trata y explotación sume a su sufrimiento la muerte de su hijo?”, insistió.
A su vez, aseguró que el acceso a la interrupción del embarazo sin tener un año de residencia “podría generar un turismo de aborto, con consecuencias tan graves o más graves que la trata de personas que queremos erradicar”. También advirtió acerca de un supuesto nuevo fenómeno de tráfico de órganos de “bebés abortados”, un tema que, dijo, fue mencionado públicamente por el diputado suplente blanco Carlos Iafigliola.
La Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, también invitada por Amarilla, pidió a los legisladores que cambien el proyecto de ley durante su visita el 24 de mayo a la comisión. Cuestionaron el concepto “perspectiva de género” porque, dijeron, aludía a “una forma ideológica de ver al ser humano” con la que no estaban de acuerdo.
Al igual que Madrinas por la Vida, la organización planteó que el proyecto puede favorecer “el turismo abortista”, porque “una mujer extranjera puede permanecer un día en el país, asistir a una consulta médica, declarar que es objeto de trata para que el médico expida la receta”.
El tema del aborto también fue utilizado en el Parlamento por la Comisión Evangélica Multidisciplinaria del Uruguay (Cemur) para cuestionar el proyecto. “Es agregarle una carga más a la terrible situación que le toca vivir y que no ha elegido”, explicó la organización convocada por Amarilla.
La posición de Cemur, dijeron sus representantes, es que “para la mujer objeto de trata, estar embarazada es el mejor estado que puede tener, porque ese bebé es lo único que siente como pertenencia”.
