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El traslado del Grupo de Antropología Forense (GIAF) del ámbito universitario a la órbita de la Presidencia de la República —luego de un ataque a las oficinas del equipo en 2016— fue cuestionado por académicos en un reciente debate organizado en la Facultad de Humanidades. Las críticas apuntaron a que el cambio podía afectar la independencia de las investigaciones, más resguardada de los vaivenes políticos en la Universidad.
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En el panel, realizado a fines de mayo por el colectivo de estudiantes Deliberarce, el representante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, dijo que el traslado se resolvió por un tema de “seguridad”. Sin embargo, el historiador y arqueólogo español Carlos Marín, docente de la facultad y exintegrante del GIAF, planteó: “¿No se mantenía una independencia mayor de los equipos cuando estaban dentro de la Universidad?”.
“¿Qué pasa si cambia el gobierno?”, añadió. Por otra parte, Marín cuestionó que los antropólogos e historiadores del GIAF no trabajen en conjunto, de forma interdisciplinar. “¿No sería bueno que se generara un solo equipo interdisciplinar, como sucede en otro países?”, planteó.
Además, propuso que se analice si no sería positivo que trabajen más equipos en la búsqueda de restos, para investigar en aquellos lugares donde el GIAF “no ha llegado”. En ese sentido, dijo, Uruguay es un caso particular en la región, ya que cuenta con un solo equipo, que depende directamente del gobierno. Opinó que es positivo que los investigadores cuenten con financiamiento del Estado, pero sostuvo que deben trabajar con independencia del gobierno.
Finalmente cuestionó “cierto secretismo” en la divulgación del trabajo del GIAF. Mencionó como ejemplo que hasta 2014 el equipo colgaba informes sobre el avance de sus investigaciones en la página web, pero que desde 2015 eso se dejó de hacer.
Errandonea, por su parte, coincidió en que es necesario que los equipos de historiadores y antropólogos trabajen juntos.
Por otra parte, dijo que Familiares tiene “absoluta confianza” en el equipo de investigadores más allá de su ubicación en el Ejecutivo, y recordó que cuando el GIAF aún dependía de la Udelar, la asociación le retiró la confianza a su exdirector, José López Mazz, “por entorpecer las búsquedas de los desaparecidos”.
De todos modos, Errandonea reconoció que el GIAF “trabaja con escarbadientes” y que el Ministerio de Defensa Nacional “no los ayuda ni les aporta información”. El equipo “no tiene insumos, se excava y excava pero hay pocos resultados, porque no hay una orden de arriba que ordene entregar información”, criticó.
El robo al laboratorio del GIAF ocurrió durante la Semana de Turismo de 2016. Ingresaron a la oficina sin forzar la puerta ni hacer sonar la alarma y se llevaron discos duros donde había información sobre las investigaciones. Además, marcaron en un mapa las zonas donde viven los integrantes del GIAF. La Justicia investigó el hecho, pero no pudo identificar a los responsables. Según dijo Errandonea durante el panel, el ataque “fue hecho con el objetivo de amedrentar a los investigadores”.
