En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En los últimos tres años la Dirección General Impositiva (DGI) reliquidó impuestos y cobró multas, recargos y otras cargas a 135 contribuyentes por casi $ 1.200 millones —unos U$S 42 millones— en el marco de lo que, según las autoridades de la oficina recaudadora, es el operativo más grande ejecutado hasta ahora en el país por maniobras de evasión tributaria. Otras 130 inspecciones están en curso y en los próximos meses se iniciarán al menos 35 actuaciones más que, estiman, permitirán por la vía de auditorías comprobar que se evadieron otros $ 560 millones.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
Fueron en total $ 1.320 millones (unos U$S 46 millones) lo que esos 300 contribuyentes evadieron desde 2014, ya sea ellos directamente o al realizarle compras a un proveedor que le facturó con documentación falsa. “Nunca hubo una reliquidación tan importante de un operativo”, dijo a Búsqueda el titular de la DGI, Joaquín Serra.
Fueron más de tres años de trabajo que le llevó a la oficina recaudadora lograr desarticular dos redes que creaban sociedades fantasmas y documentos falsos para que otras empresas descontaran IVA por sus compras: la primera denuncia penal la realizó en 2014 y luego hizo varias ampliaciones involucrando a dos escribanos, identificando a los principales participantes en la maniobra y, más adelante, a los distribuidores de las facturas fraudulentas, tras varios allanamientos. En marzo pasado la Justicia dispuso los procesamientos de dos personas que estaban al frente de los “estudios” de Montevideo que ofrecían el mecanismo para evadir y a tres escribanos que trabajaban con ellos firmando certificaciones falsas para crear sociedades. Como titulares de las empresas fantasma hacían figurar a testaferros, varios de ellos personas indigentes o beneficiarios de planes sociales, a quienes últimamente les pagaban $ 1.000, informó “El País” el sábado 15 en base al expediente del caso que lleva el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno.
“Vendían una solución para defraudar” que hubo que demostrar materialmente, dijo Serra a Búsqueda.
El acceso a cada vez más información y una mayor capacidad de análisis —que permitió la inversión en informática realizada por el organismo en los últimos años— son clave para detectar y combatir maniobras como estas, añadió el jerarca. También el cruzamiento de datos con otros organismos, como se hizo en este caso con el Ministerio de Desarrollo Social para identificar a quienes eran usados por las redes como testaferros.
Por una resolución de la DGI, desde julio de 2013 unas 15.000 empresas de gran tamaño están obligadas a informarle el detalle por proveedor del 90% del IVA total de sus compras y también todas aquellas por más de $ 4.000 de IVA en una o más operaciones. “Con esta y otra información se construyeron indicadores de riesgo de evasión tanto de esas firmas como de sus proveedores”, indicó Serra. Para la investigación de estas redes “se manejaron muchísimos datos” que fueron parte central de los planes de control que llevó adelante la Impositiva en 2014 y 2015.
“En el caso de las empresas que utilizan documentación fraudulenta, los índices de rentabilidad, su relación entre IVA compra e IVA ventas, comenzaron a verse distorsionados, y por ello empezaron a quedar seleccionadas para ser fiscalizadas”, agregó el jerarca para explicar los mecanismos internos de alerta que dispone la DGI. A partir de eso, en 2014 los inspectores “detectaron el problema y en ese año se decidió investigar el origen de las facturas fraudulentas para actuar contra las redes que estaban por detrás y denunciarlas penalmente. En un camino paralelo, se empezaron a reliquidar los impuestos a quienes se beneficiaron con el uso de esa documentación”, relató.
Hasta 2016, de un total de 300 empresas, a 135 se les reliquidaron impuestos por $ 562,3 millones, y además se les aplicaron multas y recargos por otros $ 617,5 millones. Eso hizo un total de $ 1.178,9 millones.
Paralelamente, en los próximos días la DGI intimará a unas 170 empresas que tienen facturas fraudulentas en sus declaraciones para que reliquiden el IVA, más las multas y moras. Al equipo inspectivo tendrán que presentarle una nueva declaración jurada con el comprobante de pago, o en el caso de que haya realizado compras a un proveedor informal, deberán entregarle elementos de prueba para demostrar que este las engañó, informó el director de Rentas. Si en ciertos plazos no cumplen con dichos requisitos, pasarán a una auditoría de campo, acotó.
A otro grupo de “varios cientos” de contribuyentes que tienen informadas facturas fraudulentas se les requerirá que verifiquen si la documentación que están recibiendo corresponde efectivamente a su proveedor. “Son casos de pocas facturas y escaso monto, pero si estas situaciones no son corregidas, las empresas serán inspeccionadas”, adelantó el jerarca.
Según Serra, en estos dos grupos de contribuyentes la evasión “es mucho menor, está más dispersa, y no ha tenido la continuidad que en los otros casos. Por eso le estamos dando un tratamiento diferente”.
El caso de las dos redes que facilitaban la evasión tributaria llevó a la Impositiva a replantear algunos procedimientos internos. Desde noviembre pasado empezó a aplicar una matriz de riesgo al momento de la inscripción de nuevas empresas, en función de la cual determina si se concede a la sociedad la facultad de emitir facturas de manera inmediata (como era hasta entonces) o no. Según el nivel de riesgo, habrá además distintas acciones complementarias de control.
+ 
