Tras un proceso “largo” de negociación, a principios de este mes Distribuidora Industrial S.A. (DISA) formalizó la compra de los activos y negocios de Petrobras en Uruguay. A esta empresa española le “gusta” la “evolución” que el mercado de combustibles uruguayo iniciará en marzo, según la reforma que el Poder Ejecutivo elevó semanas atrás al Parlamento, dijeron a Búsqueda su director de Desarrollo Internacional, Javier de Argumosa (JDA) y el responsable para Uruguay, Arístides Bonilla (AB).
Los ejecutivos explicaron que DISA está acostumbrada a adaptarse a la regulación existente en cada mercado. “Jugar todos con las mismas cartas es la única preocupación”, señaló de Argumosa, y dijo que, según la experiencia de la compañía, “hay un riesgo” de que en cierto momento de la “evolución” del mercado ocurra “algún tipo de distorsión”.
Desde el punto de vista comercial, la prioridad del grupo español está en asentar la marca y su “filosofía de gestión” en el país, lo que implicará un cambio de imagen en las 88 estaciones de servicio de su red. La operación de DISA en Uruguay abarca la actividad de distribución de combustibles (incluidos los de aviación y marinos), las tiendas de conveniencia, los lubricantes y los fertilizantes líquidos. Con esta inversión, el grupo pasa a contar con más de 930 estaciones en España, Portugal y Andorra (en esos últimos dos países con la marca Shell) y 4.600 empleados directos. En Latinoamérica, el grupo también está presente en Chile con plantas de generación fotovoltaica.
—(JDA) Este proceso se inició antes del Covid; ya teníamos identificado a Uruguay como un país que nos gustaba mucho, por un histórico de gobiernos de seguridad jurídica, protección de las inversiones, garantía de los contratos y todo ese tipo de cosas.
El proceso ha sido más largo de lo que hubiéramos esperado por el impacto del Covid-19, porque evidentemente las decisiones no se echan para atrás, pero se analizan. El compromiso de DISA era fuerte, somos una compañía de inversión de largo plazo.
Además, el proceso de negociación fue más lento porque la negociación telemática no favorece; no ha sido fácil tener que hacerlo a distancia.
—¿Cuál es el plan en Uruguay?
—(AB) Ahora mismo es continuidad de lo que tenemos, mejorándolo con nuestra experiencia. Nos gusta ver el potencial y qué se puede desarrollar a largo plazo, viendo la experiencia que podemos aportar, con la velocidad que podemos y con la que nos dejen aportar. La cercanía, el respeto al medioambiente, la calidad del producto y los servicios son nuestro sello de identidad.
—En el último año, ¿cuál fue la facturación del negocio que adquirieron y qué perspectivas ven para el 2021?
—(JDA) No tengo el número. Es cierto que el negocio ha sufrido. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en Uruguay es que el impacto ha sido inferior al que hemos visto en otros países, lo que ha sido muy alentador. Nos ha gustado mucho cómo se ha gestionado toda la crisis Covid en Uruguay.
—(AB) Para este año vemos que hay que tener mucho cuidado, aunque aquí se hagan las cosas mejor en cuanto al Covid. Entendemos que va a ser un año de recuperación, no un año completo de pandemia, pero ahora no sabemos si se va a quedar un 15% o un 20% menos, o un 10%, porque se habla de que posiblemente pueda haber un rebrote aquí en Uruguay. Confiamos en que se van a seguir haciendo las cosas bien y la recuperación sea más rápida que en otros sitios.
—¿Qué oportunidades identifican en el mediano plazo en Uruguay?
—(JDA) Estamos mirando Uruguay como una primera fase para conocer los negocios y gestionarlos bien dentro de un contexto de Covid; queremos asegurarnos de que las cosas se hagan bien. Es la primera vez que tenemos nuestra marca fuera de España. Y la marca no es una marca en sí, es una filosofía de gestión.
Nos gusta mucho un negocio que es nuevo para nosotros, que es el de fertilizantes. Vamos a seguir mirando las oportunidades que surjan alrededor y en la región, pero no correremos hasta que no tengamos muy claro que estemos en una posición sólida en el mercado uruguayo, que esperamos que sea nuestra base de desarrollo.
En este momento no tenemos prejuicios de desarrollo; sí tenemos una prioridad de asentamiento. Tampoco entendemos que haya una oportunidad tan inminente que tengamos que saltar sobre ella.
—Al inicio de esta administración se planteaba liberalizar la importación de combustibles, pero tras resistencias políticas la reforma mantendrá el monopolio de Ancap y procurará desregular distintas áreas del mercado. ¿Ese cambio afectó las expectativas del grupo?
—(JDA) DISA es un grupo que tiene 87 años de vida, ha vivido en una España que tenía monopolio, una España en que todos comprábamos a nuestra Ancap en su momento, una España que se ha abierto…, son fases que se han dado en diferentes países. Somos importadores, tenemos una compañía de suministros y de trading, todo lo que viene lo hemos oído y visto antes. El país nos da la seguridad jurídica suficiente para asumir que siendo una compañía energética responsable, con una posición importante en Uruguay, nos gusta y queremos participar de esa evolución. Estamos acostumbrados a ajustarnos a la evolución, con lo cual no ha generado mayores expectativas. Siempre nos preocupa que en la evolución nadie salga favorecido contra otros, que todos estemos en una situación competitiva de igualdad; jugar todos con las mismas cartas es nuestra única preocupación.
—Hace pocas semanas el Poder Ejecutivo elevó su propuesta de reforma del sector de los combustibles al Parlamento. Allí se prevén acciones desde el 10 de marzo próximo y, en etapas sucesivas, hasta el 2024. En líneas generales, ¿cómo la analizan?
—(AB) La respetamos globalmente. Nos adaptamos a la regulación existente en cada momento y si tenemos que aportar nuestro conocimiento porque se nos pide, contad con nosotros porque estamos para hacer lo mejor. Evidentemente, si las normas de juego o las oportunidades para todos los jugadores del mercado son iguales, eso redundará en una mejor competencia y repercutirá en una eficiencia en el desarrollo de los negocios y, a su vez, en un beneficio al país.
—Ambos reclaman igualdad en las reglas de juego. ¿Observan que no vaya a ser así?
—(JDA) No veo que de estos comentarios que son filosóficos y de análisis de mercado —también lo hemos hecho en Portugal— tenga que deducirse que hemos observado algo raro en el mercado. Pero sí es cierto que en este tipo de evoluciones de los mercados puede existir ese riesgo y percibimos que tenerlo presente por todos los actores en el momento que se desarrollen estos tres años es bueno para el beneficio del mercado. Nos gusta competir, creemos que somos buenos compitiendo; no estamos identificando un problema, pero sí anticipando que hay un riesgo en esta evolución por experiencias que tenemos en otros mercados. No nos preocupa porque lo veamos, nos preocupa porque puede darse en algún momento algún tipo de distorsión.
—A los ojos del gobierno la distribución secundaria es costosa porque incide en el orden del 16% del precio final del combustible. Señala que hay “reglas de juego que no impulsan la eficiencia” en la cadena y alude que la figura del distribuidor está limitada prácticamente a la de un agente financiero en la cadena de pagos, de inversiones y un asegurador de calidad y seguridad de las operaciones, del desarrollo de la imagen de marca. ¿Ustedes coinciden?
—(JDA) Vemos que el gobierno ha hecho un análisis en profundidad de las fases de la cadena de suministros. Hemos visto lo enviado al Parlamento, pero somos recién llegados. La filosofía plena de que la cadena de suministros tiene que buscar eficiencias y tener los objetivos claros en todo momento, ya sea para tomar decisiones o utilizar procesos y experiencias para reducir los costes —que redunden en beneficio del mercado—, es el principio básico sobre el que apoyamos nuestra gestión. Es el mundo que nosotros vivimos. Hemos hecho una negociación por (la plataforma de comunicación) Teams y realmente hemos puesto los pies relativamente poco en Uruguay. Estamos muy interesados en analizar con serenidad esas fases. Los números tenemos que entrar a conocerlos y tenemos que asumir que si un grupo de expertos lo ha dicho, pues suponemos que estará bien dicho.
—Las distribuidoras se deberán hacer cargo desde enero de 2022 del costo del flete, que estaría incluido en un precio máximo intermedio de venta, según indica el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo analizan?
—(AB) El cambio que se quiera implantar lo estudiaremos. Tenemos experiencia en trabajar con ese costo de distribución añadido y manejarlo con la máxima eficiencia posible.
—También se prevé que en el futuro sean ustedes y no Ancap los que deberán negociar con los distintos actores de la cadena, ajustar los márgenes y demás, según normas del regulador. ¿Cómo se lo imaginan?
—(JDA) Tendremos que hacer nuestros análisis y queremos hablar con todos para entender la situación de cada uno. Percibimos que es algo nuevo para todos y que requerirá mucha comunicación y entendimiento de las partes; estamos acostumbrados a esta posición de análisis conjunta. Pensamos que es poco prudente sacar conclusiones.
- Recuadro de la entrevista
Participación del distruibidor “puede generar valor”
