Hasta hace menos de dos meses “convivir” con los barrabravas de Peñarol, dejarlos entrar al estadio de a cientos y darles otros beneficios era “sensato” a los ojos de la Comisión de Seguridad del club de fútbol. Pero desde el 1º de noviembre las cosas cambiaron. Los barras pasaron a ser considerados “grupos criminales” que no debían recibir entradas ni dinero, que se dedicaban al narcotráfico y a extorsionar y amenazar a los dirigentes y jugadores.
El cambio en los criterios quedó reflejado en las declaraciones que dirigentes, funcionarios y ex funcionarios del club dieron a la Justicia en las últimas semanas —a cuyas actas accedió Búsqueda— a raíz de la investigación que desarrolló la Dirección de Información e Inteligencia (DNII) sobre la barra de Peñarol y que desembocó en el procesamiento de cinco hinchas.
Uno de ellos fue el presidente de la Comisión, Julio Luis Sanguinetti, quien ejerció el cargo desde mediados de 2015 hasta el 1º de noviembre de este año. Según el relato que brindó al juez, su gestión buscó cambiar el sistema que funcionaba desde el 2006, impulsado por la ministra Daisy Tourné, por el cual “referentes” de la barra recibían dinero y entradas a cambio de asegurar que no se registraran incidentes en la tribuna. Se optó por recurrir a un sistema de listas que llegó a incluir a decenas.
Consultado sobre cómo era la elección de los “referentes” y por qué en la lista había varios con antecedentes penales y otros que fueron procesados luego del clásico frustrado del domingo 27 de noviembre, Sanguinetti respondió: “Tengo una visión más inclusiva, que esa persona tiene que tener más cuidado al tener antecedentes, por el otro lado creo que de un excluido se hace un enemigo. En el acierto o error, de las pocas herramientas, parecía sensato convivir con esta situación, mientras no se pudiera tener ayuda estratégica de la Policía”.
Sanguinetti aseguró que nunca tuvo un problema “personal” ni sufrió un “apriete” de parte de las barras. Reconoció que hubo “reuniones complicadas”, pero él nunca participó en ninguna. El único episodio violento que recordaba fue cuando “colgaron una soga de horca en la puerta de Los Aromos” y que a los tres días “un auto pasó tirando tiros al aire”. Añadió que pasaban ese tipo de cosas, pero no consideraba que se tratara de “algo muy organizado” sino una “anarquía generalizada”.
El gerente financiero de Peñarol, Pablo Lemas, debió explicar en el Juzgado con un poco más de detalle cómo funcionaba el sistema de la lista de referentes. Dijo que se trataba de un “listado de colaboradores” que era confeccionado por la Comisión de Seguridad y que tenían “acceso al canje de entradas” igual que los socios del equipo, pero no al resto de los “beneficios”. Se “habilitaba y deshabilitaba” a los “colaboradores” en cada partido por orden de Sanguinetti, añadió.
Lemas dijo que le solicitaban “determinada cantidad de dinero para el operativo” de cada partido, pero que no sabía el fin específico para el que se iba a usar.
—¿Qué le decían a usted para que pudiera arreglar las finanzas del club, blanquear de que entraban 300 personas sin pagar localidades? —le preguntaron en el Juzgado.
—Eso no impacta en las finanzas ni en los registros, los socios entran gratis, no impacta en los registros —respondió Lemas.
—Los socios entran gratis y pagan cuota social, ¿ellos lo pagaban?
—No la pagaban, hay que preguntarle a la Comisión de Seguridad
—¿A usted le parece que estas personas eran colaboradores para mantener la seguridad?
—No tengo idea —dijo Lemas.
El secretario general de Peñarol, Gervasio Gedanke, fue interrogado acerca de si los denominados “referentes” aprovechaban su rol para conseguir “beneficios económicos para provecho propio” y si él o la directiva sufrieron “aprietes” por parte de los hinchas. “Yo no fui intimidado por nadie”, dijo, y agregó que tampoco supo de amenazas a otros directivos.
Otra versión.
Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez escucharon otras versiones ese día. El sub comisario retirado César Darío Inzaurralde, asesor de Seguridad de Peñarol, se refirió a los barrabravas como “grupos criminales” y aseguró que está “amenazado de muerte”. “En la organización hicieron varios contactos a los efectos de ubicarme como blanco, para conocer mi forma de vida, costumbres y domicilio, y hacerme varios ‘tatata’ ”, añadió.
También Horacio Zaugg, otro policía retirado que integra la nueva comisión, fue amenazado de muerte, afirmó, y “en forma genérica” las advertencias fueron “para todos los integrantes de la comisión”.
La actual comisión, dijo, estableció “una política de no negociar ningún aspecto de la seguridad” con esos grupos, afirmó. “No manejar entradas, no manejar dinero, ni ningún otro elemento que beneficie a estos grupos delictivos”.
El hecho de no recibir más dinero por parte del club les generó a los referentes de la barra que están en la cárcel “un serio problema de convivencia”, sostuvo Inzaurralde. “De ahí la necesidad de sacarnos del medio, debido a que no negociamos absolutamente nada con delincuentes”.
El ex policía describió que en la barrabrava operan “tres o cuatro grupos muy fuertes” y aseguró que su “principal actividad delictiva es el microtráfico de drogas”. “El ámbito físico de la Amsterdam es un espacio en el cual los nuevos integrantes de los grupos, que ven como una experiencia exitosa, aprovechan para cobrar peajes en los baños y comercializar drogas dentro del estadio”, afirmó.
Además, dijo que los barrabravas ingresaron a Los Aromos el sábado previo al clásico “de forma no autorizada a exigir 300 entradas y amenazando con generar incidentes” el día del partido.
Zaugg describió de forma similar el episodio. Dijo que la seguridad logró impedir que los barras se dirigieran a las instalaciones donde estaban alojados los jugadores, y que lograron “mantenerlos en un garage” hasta que él llegara.
“Cuando llegué comenzamos a charlar y escuchar sus demandas, las cuales estaban en un tono muy alto y exigente, estaban exaltados, querían obtener entradas, por lo menos 300, y además expresaron, en tono de amenaza, que de no obtenerlas no podrían contener o manejar situaciones de violencia o disturbio dentro del Estado Centenario, particularmente en la Tribuna Amsterdam”.
El policía retirado dijo también que consideraba, por su conocimiento profesional sobre el actuar de esos grupos, que tenían una vinculación con el narcotráfico.
Por otra parte, informó que la comisión se encontraba realizando un trabajo de recolección de información para elaborar una “matriz” que les permita “visualizar la conformación de cada grupo, de dónde provienen y eventualmente tener una más clara percepción de esa amenaza”. Eso con el objetivo de brindar la información al club para que se puedan tomar medidas como el derecho de admisión, indicó.
Tras los interrogatorios, la Policía detuvo a 10 hinchas de Peñarol, algunos de los cuales ya no integran la barra. El sábado 3, a pedido del fiscal Rodríguez, el juez Valetti dispuso el procesamiento con prisión de cuatro barras por los presuntos delitos de “asociación para delinquir” y “extorsión”. Un quinto integrante de la barrabrava fue procesado solo por extorsión.
El juez consideró clave el cambio de actitud por parte de la Comisión de Seguridad que asumió el 1º de noviembre. Tiene una composición “totalmente profesional y no política, integrada por personas altamente calificadas en materia de seguridad pública y con experiencia en el combate a la criminalidad organizada”, escribió en su fallo. Según Valetti, la decisión de “prescindir” de los referentes y de cortar los “beneficios económicos” provocó la reacción de los barras, que intentó recuperar las prebendas que les daba el club y eso permitió desarticular a la organización dedicada a la “extorsión”
