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Datos de Inteligencia militar divulgados en Internet pueden servir en causas de desaparecidos, dice allegado a exministra Berrutti
Militares en el Batallón 14 de Infantería en Toledo, Canelones, donde se hallaron restos óseos. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
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El 10 de febrero 2006 Azucena Berrutti lacró un ropero metálico de 2 metros de alto, 1 metro de ancho y 0,40 metros de profundidad que estaba en la Escuela de Inteligencia del Ejército, dentro de la sede del Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. Al llegar a la unidad, la ministra de Defensa solicitó que la guiaran directo a ese mueble. No había acudido con medias certezas, sino con el dato concreto de la existencia de información militar relevante sobre la última dictadura (1973-1985).
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Medio año después el ropero se trasladó a sus oficinas y se rompieron los lacres, constatándose la existencia de rollos de microfilms de 16 mm, una caja con microfichas y un cuaderno. Jorge Tiscornia y María del Carmen Martínez, dos colaboradores de la secretaría privada de la ministra, quedaron a cargo de la digitalización, el ordenamiento y el respaldo de esos datos. Se capacitaron en el uso de un scanner adquirido por el ministerio y en mayo de 2009 culminaron su trabajo. Quedó formado así el archivo Berrutti, 1.144 rollos con registros de escuchas clandestinas, interrogatorios a detenidos, datos sobre la vida privada de personas y hasta la clasificación de los ciudadanos uruguayos en distintas categorías.
Desde abril ese archivo y otros elaborados por la Inteligencia militar antes, durante y después de la dictadura se han abierto al público en un sitio web de Internet, según informó El Observador el jueves 15. El acceso a los datos estaba hasta ahora reservado para ciertas personas y en algunos casos era desconocido. A partir de una denuncia del Ministerio de Defensa, el fiscal letrado penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 15º turno investiga quién publicó los registros y si pueden contener información valiosa para las causas de detenidos desparecidos que hay en la Justicia.
Jorge Tiscornia, quien por casi dos años sistematizó el archivo Berrutti en una oficina de acceso restringido, considera que las nuevas revelaciones pueden ser útiles. “Lo que hay que buscar en estos archivos es la complicidad y la acción de los comandos en cada uno de los cuarteles donde se desaparecieron personas. Por ejemplo, encontrar información sobre los escalafones que permita saber quiénes eran y dónde estaban cada uno de los militares que actuaron en determinado momento”, explicó a Búsqueda.
Se refirió al descubrimiento ocurrido a inicios de mes en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14 del Ejército Nacional, donde el equipo de antropólogos a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo encontró un cráneo y otros restos humanos que fueron enviados a Argentina para su identificación. “Hay que ver cuándo desapareció y averiguar quién era el comandante, el mayor, el capitán, los mandos que estaban cuando ocurrió, porque toda esa gente tiene responsabilidad en la desaparición de esta persona. Eso se puede averiguar con información de los escalafones y yo estoy seguro de que vamos a encontrarla, incluso a partir de datos que están en el archivo Berrutti”.
Nacido en Montevideo en 1944, Tiscornia estudió Arquitectura y militó en el Movimiento de Liberación Nacional. En 1972 fue detenido por las Fuerzas Armadas y desde 1973 a 1985 permaneció detenido en carácter de preso político en el Penal de Libertad. Una vez liberado, fue reconocido y nombrado profesor honorario en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. En 2007 comenzó el minucioso trabajo ordenado por la ministra Berrutti.
Hoy cree que para obtener datos que puedan servir a la Justicia, debe haber un “cambio de paradigma” que determine examinar los archivos enfocándose en los represores y no en las víctimas. “Entiendo que el contenido que está conmocionando a la población es el seguimiento que los militares hicieron a tal o cual persona. Pero lo sustantivo no es si a una persona la vieron en tal lado, sino en qué cargos y en qué unidades actuaban los militares”.
Pasada de cuentas
En 2009, tras culminar la sistematización del archivo Berrutti, Tiscornia y María del Carmen Martínez elevaron un informe al entonces ministro de Defensa, José Bayardi, con las conclusiones del trabajo. “Es de destacar que con la conformación actual del equipo (dos personas) ha sido posible la digitalización de los microfilms pero que su lectura llevaría 20 años, ya que se trata de una biblioteca de 12.000 volúmenes y el rendimiento proviene de la capacidad de lectura del individuo”, indicaron.
Los recientes archivos publicados en Internet serán estudiados ahora por Cruzar, el proyecto de la Universidad de la República que desde 2018 ordena y clasifica archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y a violaciones a los derechos humanos. Mediante un programa informático realiza el cruzamiento de los datos contenidos en esos registros para facilitar la investigación en las causas de detenidos desaparecidos.
A partir de la ordenación numérica y del tratamiento de los anexos de las fichas subidas a la web Archive.org, Tiscornia detectó que además del archivo Berrutti “hay muchos otros” documentos, posiblemente algunos de los cuales estuvieron guardados en el Departamento II (Inteligencia) del Estado Mayor del Ejército. También cree que la divulgación de la información se originó en los Tenientes de Artigas, una logia militar cuyos integrantes estuvieron “históricamente al mando” de organismos emblemáticos del régimen de facto, como el Servicio de Información de Defensa y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas.
“Esa corporación está integrada casi 100% a Cabildo Abierto. En este momento hay un enfrentamiento dentro del gobierno a partir de la remoción de Irene Moreira, de las diferencias en la reforma de la seguridad social y del proyecto de ley forestal, entre otras cosas. Esto es evidentemente una operación militar de pasada de cuentas. No puede existir otra vía racional porque no hay civil que pueda tener estos archivos”, argumentó.
