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“Este gobierno está abocado a continuar promoviendo y profundizando una reforma del sector público comercial, industrial y financiero en el marco de una estrategia de desarrollo productivo sostenible del país. Para las empresas públicas el objetivo sigue siendo mejorar su eficiencia bajo un marco de actuación de motor del desarrollo económico y social al servicio de los ciudadanos, con servicios de calidad a precios competitivos”, enunció el Poder Ejecutivo en la exposición que prologó el proyecto de Rendición de Cuentas entregado al Parlamento a fin del mes pasado.
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Sin embargo, en el informe a los legisladores donde da cuenta de los “lineamientos estratégicos y presupuestales” de los entes, incluyó un análisis de los resultados en materia de metas e indicadores de los Compromisos de Gestión del ejercicio 2021 que expone un desempeño peor al del año anterior en casi todos los entes. El promedio simple de 15 organismos de índole comercial, industrial y financiero —como Ancap, Antel, UTE y los bancos República, Hipotecario (BHU) y de Seguros (BSE)— fue de un cumplimiento de 66,4% de lo fijado, frente al 81,2% en 2020. Ese dato no incluyó a las unidades reguladoras de comunicaciones (Ursec) y de energía y agua (Ursea) porque, si bien fue reportada la ejecución del año pasado, no se contó con la información del cumplimento de los compromisos de gestión, pues todavía no fueron aprobados por los directorios de esas dos reparticiones.
Estos compromisos, surgidos de leyes del 2010 y 2013, así como de decretos posteriores aplicables a diversas áreas estatales, fueron incorporados para los entes y organismos similares desde la Ley de Presupuesto 2015-2019. Su artículo 55 dispone que “podrán contar” con compromisos de gestión suscritos entre el organismo, el ministerio a través del cual se relacionan con el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Tienen vigencia anual y deben ser suscritos antes del 31 de diciembre del año inmediato anterior. Estos acuerdos de gestión “serán instrumentos que permitirán evaluar la compatibilidad entre la acción cotidiana de gobierno de los organismos antes mencionados y el cumplimiento de los planes estratégicos a mediano y largo plazo que determinen sus cometidos específicos”. Para ello se fijan, de común acuerdo entre los suscriptores de estos, un conjunto de indicadores con metas asociadas relativos con sus cometidos específicos y su “eficacia en el manejo de los recursos públicos”, agrega.
Desempeños
Solo dos de los 15 entes y servicios descentralizados mejoraron su porcentaje de cumplimiento de indicadores de gestión: el BHU pasó de 55,6% en 2020 a 66,7% en 2021 y OSE de 52,6% a 63,2%. En el resto, los retrocesos fueron de distinta magnitud, con el Banco Central (BCU) como el más significativo, de 100% a 50%.
Estos porcentajes refieren a distinta cantidad de metas, en algunos casos relativamente pocas. Ello fue determinante para, por ejemplo, la autoridad monetaria: con dos indicadores definidos como medida de gestión en su compromiso, alcanzó con que la inflación del año pasado estuviera por encima del rango establecido como objetivo (3%-7%) para computársele un cumplimiento de 50% sobre ese indicador.
El BSE, el peor de los 15 entes y servicios descentralizados en cumplimiento global del compromiso de gestión (42,9%), satisfizo ampliamente la meta de rentabilidad sobre su activo, en ganancias por el portafolio de inversiones financieras y en cuanto al margen de solvencia, pero incumplió los otros cuatro indicadores (se excedió en la ejecución de inversiones, quedó corto en cuanto a los objetivos de venta de pólizas y la reducción de costos operativos, así como en las vacantes).
La Dirección de Casinos del Estado —una unidad ejecutora del Ministerio de Economía con propósito comercial— quedó, también, por debajo del 50% de cumplimiento. Su 47,3% para 2021 no fue mucho peor del desempeño del año previo (53,3%) y se explicó, en parte, al no alcanzar objetivos relacionados con la recaudación de distintos juegos en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Ancap, la empresa pública más grande, alcanzó un grado de cumplimiento de 71,4%. Incumplió varias de las metas relacionadas con el negocio del portland y subejecutó —respecto del monto ampliado— las inversiones previstas en el plan financiero. Por su parte, UTE tuvo un porcentaje algo mejor que la petrolera (70%), pero por debajo de la telefónica Antel (75%).
Desde el punto de vista del gasto y las inversiones, los entes y servicios descentralizados estuvieron sujetos en 2021 a lineamientos generales que establecieron la reducción global del 5% en términos reales de la ejecución en bienes y servicios, con excepción de aquellos que dependen directamente del nivel de actividad y no sean controlables por las empresas; la eliminación de dos de cada tres vacantes a generarse ese año (salvo excepciones debidamente justificadas); la limitación al 60% de las renovaciones de los contratos a términos, becarios, pasantes y arrendamientos de obra, así como del personal de confianza del directorio sobre lo ejecutado en el 2019; reducción de al menos un 5% de las horas extras y la no aceptación de nuevos regímenes de retiros incentivados ni de nuevas reestructuras salvo las de costo cero. A su vez, las metas de inversión para el ejercicio pasado fueron acordadas oportunamente con la OPP, sujeto a los estudios de rentabilidad financiera y económica- social, de acuerdo al régimen del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El director de la OPP, Isaac Alfie, hizo una valoración positiva sobre algunos números del negocio de los entes. “Si uno mira esta película en su conjunto, bajando las tarifas en términos reales y sin baja de inversiones, sino con cierta alza en las inversiones, el resultado de las empresas públicas no se deteriora para nada; en todo caso, capaz que mejora un poco, pero está más o menos en el eje. Básicamente, esto quiere decir que es una mejora de gestión pura y dura, que se está reflejando en las tarifas, y ese fue el foco final: la mejora de gestión va a las tarifas definitivamente”, dijo el miércoles 6 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, donde compareció con el resto del equipo económico a presentar la Rendición de Cuentas de 2021.
