El constitucionalista Martín Risso cree que el intento de hacer caer la reforma jubilatoria a través de una modificación de la Carta Magna impulsado por el PIT-CNT tiene “algo de ruleta rusa”. Graficó: “Imaginemos que tenemos un revólver que permite poner 10 balas; solamente ponemos una y giramos el tambor para no saber dónde está. El que acepte jugar va a tener un premio económico de US$ 50.000; tengo nueve posiblidades de ganar y una sola de perder. Es un negocio bárbaro, pero ninguno de nosotros jugaría. Las consecuencias de perder son tan catastróficas que, aunque a alguno le puedan tentar los US$ 50.000, ninguno lo haría”.
Para Risso, director del Departamento de Derecho de la Universidad Católica, la buena reputación que tiene Uruguay caería “en picada” si prospera el plebiscito promovido por el movimiento sindical. “Estaríamos destrozando el Estado de derecho y hay que ser conscientes de lo que significa y las consecuencias que puede tener”, dijo en un conversatorio organizado el 31 de octubre en esa universidad.
La papeleta que impulsa el PIT-CNT se basa en tres grandes pilares: establece la edad de retiro en 60 años (volviendo atrás los 65 qe fijó la reforma), elimina el “lucro” en el sistema previsional (y, por tanto, a las AFAP) y equipara la jubilación mínima al salario mínimo nacional, ubicado actualmente en $ 21.107.
El principal redactor de la reforma jubilatoria, aprobada en abril, Rodolfo Saldain, también cuestionó la iniciativa del PIT-CNT. Al exponer en la misma actividad, el abogado especializado en temas de seguridad social opinó que la propuesta se “desentiende” de la evidencia que existe de que el sistema previsional debe ser reformado y que, por tanto, “es garantía de fracaso”.
Saldain cuestionó lo que llamó una “desincorporación retroactiva” en el régimen mixto y aseguró que tendrá “consecuencias económicas gigantescas”. Agregó: “Parecería que la única solución para lidiar con esto es que un próximo gobierno trate de obviar lo que diga el texto constitucional o que genere un enorme problema de magnitud en lo económico”.
La propuesta del PIT-CNT está “llena de efectos no deseados o no deseables”, dijo. Saldain recordó que la última reforma jubilatoria fue necesaria para “estabilizar” el gasto público destinado a la seguridad social y aseguró que, de ir hacia el diseño planteado en el plebiscito, se agravaría el “desequilibrio fiscal” asociado al sistema previsional.
Si no hubiera habido reforma, el gasto público destinado a la seguridad social ascendería al equivalente a 12,6% del Producto Bruto Interno, según las proyecciones oficiales. El modelo que propone el PIT-CNT llevaría a que a ese porcentaje se le agregarían otros “tres o cuatro puntos” porcentuales más, advirtió Saldain. Un primer impacto se sentirá de forma inmediata: equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional implicaría, al año siguiente, unos US$ 1.000 millones de gasto.
A ese “impacto enorme” inmediato se le suman las conscuencias que tendrá a futuro porque la “trayectoria irá creciendo”. Para graficar estos números, Saldain ejemplificó: “Si el mayor gasto que esto implique de aquí a los próximos 20 o 30 años se financiara con Impuesto al Valor Agregado (IVA), estaríamos hablando de que tendría que estar por encima de un 35%”. “Esto no quiere decir que sea la fuente de financiamiento que se vaya a optar, pero para tener una referencia de la magnitud de los recursos que están involucrados”, aclaró el abogado.
Ese aumento de 13 puntos porcentuales desde el nivel actual (22% en su tasa básica) se explica porque el Banco de Previsión Social (BPS) necesitaría recibir, en lugar de los 7 puntos de IVA actuales, en torno a 20. El aumento del gasto público comprometería “radicalmente” la posibilidad de atender otras “necesidades sociales”, como las de la primera infancia y la dependencia de cuidados. Si todo el espacio fiscal es “consumido” por los mayores de 60 años, el desarrollo económico de Uruguay pasaría a estar “en cuestión”, sostuvo quien fue el principal asesor del Poder Ejecutivo en la elaboración de la reforma.
Saldain opinó que cuando quienes formulan políticas públicas –como lo está haciendo el PIT-CNT con esta propuesta, según su visión– desconocen “elementos básicos de la realidad económica y social”, las consecuencias para el país son “bastante oscuras”.
Lo jurídico
El redactor de la reforma jubilatoria indicó que el plebiscito que promueve el PIT-CNT no está “directamente dirigido” a la ley aprobada en abril. La Constitución inhabilita a hacer un referéndum contra esa norma –porque la mayoría de sus aspectos requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo– y el inicio de la recolección de firmas muestra, para él, una “contradicción”. “Es más difícil llevar a referéndum una ley que introducir una modificación constitucional”, criticó Saldain, en referencia a que las exigencias de voluntades para convocar un plebiscito son menores.
Al repasar los puntos centrales de la papeleta, indicó que establece una “reforma previsional retroactiva” y limita las bases para futuros cambios. La prohibición del instrumento del ahorro individual –incorporado al sistema en 1996– es algo “bien complejo”, en su opinión, ya que se trata de una “práctica cultural” y va en “sentido contrario” a los que han “envejecido con éxito” antes que Uruguay.
Saldain señaló que la seguridad social tiene dos grandes métodos para financiarse: la transferencias de jóvenes a viejos (el “reparto”) y el ahorro previo (o capitalización). En las sociedades envejecidas, como la uruguaya, los esquemas que se sostienen únicamente con el primer método están “condenados” a dos consecuencias: o a generar una “enorme carga fiscal” sobre la población joven –que tomará las medidas necesarias para “zafar” de la restricción– o es “garantía de pobreza” en los beneficios.
La papeleta impulsada por el PIT-CNT establece que la seguridad social no es “susceptible de lucro”, algo que, interpretó Saldain, está pensado para la eliminación de las AFAP. Sin embargo, afirmó, hay “innmuerables” empresas privadas que brindan servicios que tienen “carácter lucrativo”. Hay dos ejemplos claros de estas compañías que mencionó: IBM, la proveedora de los sistemas informáticos del BPS, y las redes de pagos, a través de las que se pagan jubilaciones.
De prosperar la consulta popular y de ser aprobado junto con las elecciones del 27 de octubre de 2024, el plebiscito tendría impacto en cuatro leyes que están vigentes: la que crea el régimen mixto, la reforma de la Caja Notarial de 2019, la que crea el Sistema Previsional Común y el “salvataje” de la Caja Bancaria, que aún está pendiente de promulgación y publicación.
Juicios millonarios
En el conversatorio organizado por la UCU, el constitucionalista Risso basó su argumentación en la “consfiscación de los fondos de los ahorristas”. Los ahorros acumulados en las AFAP alcanzan los US$ 22.000 millones, cuyos titulares son aproximadamente un millón y medio de uruguayos. Fue la primera aclaración que hizo: “A veces en el discurso político hay una confusión y parece que la plata fuera de las AFAP. No. Definitivamente lo único que hacen es administrar esos fondos de retiro”.
El abogado criticó la “técnica constitucional” utilizada en el texto de la papeleta, que es “confuso” y “deja mucho que desear”. De aprobarse, sería la norma “con efectos retroactivos más grande de la historia del Uruguay”, aseguró el docente de la UCU. “La retroactividad siempre es peligrosa porque no se pueden prever todas las cosas y va a haber sorpresas sobre la marcha. Implica la desaparición de millones y millones de derechos legítimamente adquiridos a lo largo de casi tres décadas y, entre ellos, está la propiedad de los fondos: dejan de ser de los trabajadores y pasan a ser del BPS”, criticó.
En su disertación, Risso mencionó normas jurídicas a partir de las que se puede interpretar que hay “responabilidad del Estado” con la reforma planteada por el PIT-CNT por ser los trabajadores los propietarios del dinero administrado en las AFAP. Esto habilita a los trabajadores a demandar al Estado, lo que derivaría en una situación “abosolutamente ridícula”. “Va a generar problemas enormes, juicios, gastos”, aseguró.
Por tanto, existe el “riesgo” de que el Estado se enfrente a juicios por hasta US$ 22.000 millones. “El riesgo es tan horrible que hay que evitarla. Imaginen que esto se pusiera en marcha y empezaran a llegar los juicios, ¿qué pasaría con las calificadoras de créditos del Uruguay? Caería en picada absoluta. No sé si Uruguay podría llegar a pagar”, valoró el constitucionalista.
