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Elevar el estándar de calidad de la gestión ambiental del país fue uno de los objetivos principales de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) al inaugurar su sitio de disposición final de residuos sólidos industriales a comienzos de 2016.
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La planta, que cuenta con un sistema de control de olores, celdas especiales para lodos y medidas de seguridad específicas para el tratamiento de residuos altamente contaminantes, parecía ser la solución adecuada para los desechos del sector industrial. Sin embargo, a seis años de su construcción, las proyecciones previstas inicialmente respecto a los niveles de recuperación están cada vez más lejos.
La situación responde básicamente a los altos costos que este servicio implica para las empresas, muchas de las cuales optan por pagar las multas impuestas por el Ministerio de Ambiente antes de costear la disposición de sus residuos en el sitio para su tratamiento.
“Se trata de un problema estructural, ya que el diseño de la propuesta es totalmente insostenible para la industria nacional”, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno. Es que actualmente el costo para disponer los residuos en el sitio es de US$ 190 más IVA por tonelada, un precio con el que la cámara pretendía amortizar el crédito de US$ 18 millones solicitados al Banco República para su puesta en marcha y que ya ha tenido que refinanciar.
Al ser consultado por Búsqueda, el director de Sostenibilidad de la CIU, Julio Sosa, explicó que debido a esa deuda hoy no es posible reducir los costos, aunque afirmó que han investigado —hasta ahora sin éxito— la incorporación de nuevos servicios en la planta que ayuden a generar más ingresos. Y, por tanto, que permitan continuar brindando el servicio al menor costo posible.
“La inversión del sitio de disposición final respondió a exigencias estipuladas por la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (hoy Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Dinacea) para construir el sitio”, señaló Sosa. Por ejemplo, la CIU se vio obligada a ampliar de cuatro a nueve hectáreas el área disponible para su instalación con el fin de cumplir con los requisitos de la administración, lo que implicó que el costo fuera mayor al previsto.
Otro problema fue que se estimaba que la planta tendría una recepción de residuos anual que finalmente no se cumplió. “La brecha es grande. Estaba planificado recibir unas 28.000 toneladas anuales, unas 2.300 toneladas por mes. Y hemos recibido incluso por debajo de las 400 toneladas mensuales. El promedio del último año ronda las 600 toneladas mensuales, entonces estamos realmente muy por debajo”, reconoció el director.
Sosa afirmó que la Dinacea atribuyó esas diferencias a “errores de estimación”, pero sostuvo que dichas proyecciones fueron estipuladas en función de datos oficiales sobre generación de residuos refrendados por el entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En esa línea, aseguró que existía un plan de negocios consistente para pagar el préstamo y cubrir costos operativos, pero las cifras alcanzadas “cambiaron totalmente las condiciones de financiamiento de la deuda”.
“Es como una cantera: cuando se termina la piedra, ya no hay más que vender. Es decir, sigo teniendo que pagar el préstamo, pero no tengo más metros cúbicos que vender para disposición final”, explicó. Ese escenario causó incluso importantes pérdidas financieras que fueron asumidas por la CIU durante meses, especialmente en 2020, cuando experimentaron una “baja sustancial” en la recepción.
Otro aspecto criticado por el ejecutivo, que según dijo fue reconocido por la cartera de Ambiente, es que hoy existe “una debilidad en la fiscalización por parte del organismo”. Pues para Sosa no debería permitirse la opción de que las industrias puedan elegir entre disponer sus residuos en el sitio o pagar la multa, ya que en definitiva esto representa un gran problema ambiental para el país.
Hasta la actualidad, han ingresado a la planta 82.000 toneladas de residuos. Y pese a tener 152 contratos firmados con distintas empresas privadas y públicas, mensualmente solo unas 30 llevan allí sus desechos.
Responsabilidad social
El sitio de disposición final de la CIU no persigue fines de lucro y es único en su especie dentro de Uruguay. Es por eso que, a entender de Sosa, su construcción constituye casi un servicio público “esencial y necesario para el país”.
En esa línea, afirmó que se trata de “un esfuerzo” socialmente responsable impulsado por el grupo, dirigido tanto a sus asociados como al país en general, que surgió para “elevar el estándar ambiental de todo el sector industrial”. Representa incluso “un bien público”, por lo que “hay que ser creativos para encontrar una solución” a la situación actual, afirmó.
Sin embargo, pese a haber mantenido reuniones con representantes del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y la Intendencia de Montevideo con el fin de estudiar diferentes opciones sobre el futuro de la planta, hasta ahora no se encontró una salida. Además, las autoridades desconocen la cantidad de residuos que “escapan” hoy al sistema, un problema que solo podría mejorarse si se cumpliera con la normativa vigente desde 2013 que regula la gestión de los residuos industriales.
Sosa aseguró que la CIU ha hecho “los mayores esfuerzos por reducir los costos para la industria nacional”, pero lamentó que en el escenario actual “no hay nada muy distinto” que puedan hacer.
Fuentes del Poder Ejecutivo, en tanto, afirmaron a Búsqueda que la actual administración todavía no ha estudiado el tema, ya que considera que existen otras opciones para las industrias, como las empresas gestoras de residuos o el compostaje. Añadieron que están al tanto del problema e insistieron en que se trata de un defecto del diseño del plan de negocios, que atribuyen a la responsabilidad de la administración pasada.
